Revista Internacional de Educación y Análisis Social Crítico Mañé, Ferrer & Swartz.
ISSN: 2990-0476
Vol. 4 Núm. 1 (2026)
Bolivia: de cambio, “indios” y violencia reaccionaria estructural racializada contra la población indígena
(2006 - 2026)
Bolivia: On Change, “Indigenous Peoples,” and Racialized Structural Reactionary Violence Against the Indigenous Population
(2006 - 2026)
Bolívia: Mudança, “Índios” e Violência Reacionária Estrutural Racializada contra a População Indígena
(2006 - 2026)
Emma Lazcano Dávalos
Internacional Antifascista de Educación. Bolivia.
https://orcid.org/0009-0002-3497-3014
emma.lazcano@gmail.com
Resumen
El presente artículo se concentra en el período sociopolítico boliviano comprendido entre 2006 y 2026, examinando la violencia estructural racializada perpetrada contra la población “indígena originaria campesina”, como expresión de la colonialidad del poder que no deja de señalarlos como “indios”, con toda la carga de inferioridad que dicha palabra lleva. El Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en el gobierno, Evo Morales a la cabeza, llevó adelante la Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Constitución Política del Estado (CPE), proceso en el cual el actor hegemónico fue el movimiento indígena originario campesino. En oposición, la coalición cívica-empresarial-terrateniente violentó el proceso constituyente. Con todo, Bolivia tuvo una nueva CPE (2009) que la reconoció como “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” e incluyó, en toda su estructura, los derechos de las “naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”. En el nuevo escenario, el proceso de cambio tuvo su punto de inflexión en los afanes reeleccionistas de Morales. Esto derivo en un golpe de Estado (2019) en su contra, y habilitó el terreno para las masacres de Senkata (El Alto) y Huayllani (Cochabamba), perpetradas por las fuerzas del orden contra los seguidores del presidente depuesto. El MAS-IPSP volvió al poder democráticamente (2020), haciendo presidente a Luis Arce. Las reyertas entre este y Morales, junto a la crisis económica desatada, los condujeron a su debacle. Así, un nuevo gobierno hoy apunta a restaurar el proyecto neoliberal en Bolivia.
Palabras clave: Bolivia, decolonialidad, Evo Morales, política latinoamericana, pueblos indígenas originarios campesinos, sociología crítica, teoría decolonial, violencia.
Abstract
This article focuses on the Bolivian socio-political period between 2006 and 2026. In this context, it examines the racialized structural violence perpetrated against the "original indigenous peasant" population, as an expression of the coloniality of power that does not cease to mark them as "Indians", with all the burden of inferiority that this word carries. Implemented by the Movement Towards Socialism, Political Instrument for the Sovereignty of the Peoples (MAS-IPSP) in the government, headed by Morales, the process of change was carried out by the Constituent Assembly, to draft a new Political Constitution of the State (CPE), a process in which the hegemonic actor was the original indigenous peasant movement. In opposition, the civic-business-landowner coalition violated the constituent process. However, Bolivia had a new CPE (2009) that recognized it as a "Unitary Social State of Plurinational Community Law" and included, throughout its structure, the rights of the "original indigenous peasant nations and peoples". In the new scenario, the process of change had its turning point in Morales' re-election efforts. This led to a coup d'état (2019) against him and paved the way for the massacres of Senkata (El Alto) and Huayllani (Cochabamba) perpetrated by the forces of order against the followers of the deposed president. The MAS-IPSP returned to power democratically (2020), making Luis Arce president. The quarrels between him and Morales, together with the economic crisis unleashed, led to his debacle. Thus, a new government today aims to restore the neoliberal project in Bolivia.
Keywords: Bolivia, decoloniality, Evo Morales, Latin American politics, indigenous peasant peoples, critical sociology, decolonial theory, violence.
Resumo
Este artigo foca no período sociopolítico boliviano entre 2006 e 2026. Nesse contexto, examina a violência estrutural racializada perpetrada contra a população "camponesa indígena original", como uma expressão da colonialidade do poder que não deixa de marcá-los como "índios", com todo o peso da inferioridade que essa palavra carrega. Implementado pelo Movimento ao Socialismo, Instrumento Político para a Soberania dos Povos (MAS-IPSP) no governo, liderado por Morales, o processo de mudança foi conduzido pela Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição Política do Estado (CPE), processo no qual o ator hegemônico foi o movimento camponês indígena original. Na oposição, a coalizão cívico-negócios-proprietários de terras violou o processo dos constituintes. No entanto, a Bolívia tinha um novo CPE (2009) que o reconhecia como um "Estado Social Unitário de Direito Comunitário Plurinacional" e incluía, em toda sua estrutura, os direitos das "nações e povos camponeses indígenas originais". No novo cenário, o processo de mudança teve seu ponto de virada nos esforços de reeleição de Morales. Isso levou a um golpe de Estado (2019) contra ele e abriu caminho para os massacres de Senkata (El Alto) e Huayllani (Cochabamba) perpetrados pelas forças da ordem contra os seguidores do presidente deposto. O MAS-IPSP retornou ao poder democraticamente (2020), tornando Luis Arce presidente. As disputas entre ele e Morales, juntamente com a crise econômica desencadeada, levaram ao seu fiasco. Assim, um novo governo hoje visa restaurar o projeto neoliberal na Bolívia.
Palavras-chave: Bolívia, decolonialidade, Evo Morales, política latino-americana, povos indígenas camponeses, sociologia crítica, teoria decolonial, violência.
Introducción
Bolivia es un país caracterizado por la pervivencia de una diversidad sociocultural en su seno, atravesado por una historia colonial que tuvo continuidad en su devenir como República independiente en 1825. La nueva élite gobernante, criollo - mestiza, excluyó a los pueblos indígenas originarios campesinos, es decir, a la gran mayoría demográfica, señalada como el “otro” inferior, indeseable e inquietante; por tanto, “enemigo común imaginario” (Tejerina, 2014, p. 163), responsable de todos los males de la patria, destinado únicamente para fuerza de trabajo subalterna, y condenado a habitar los márgenes de la territorialidad oficial. Entonces, para el pensamiento dominante, resultaba un imposible reconocer a ese otro como fuerza social con capacidad de autodeterminarse y, mucho menos, con cabida para gobernar Bolivia.
Aníbal Quijano (2020) habló de la “colonialidad del poder”, que, en las sociedades contemporáneas como la boliviana subsiste, hasta hoy: una clasificación socioeconómica racializada -simultáneamente “patriarcal” dirá Rita Segato (2010)-, como base del patrón de poder hegemónico colonial-capitalista, que reproduce y organiza una pirámide societal de “clases etnias” (Orellana, 2024)… los pueblos indígenas originarios campesinos, la “indiada” en un sentido despectivo, fueron relegados a su nivel más bajo (mucho por los suelos si, además, son mujeres y disidencias sexo-genéricas). Lo contrario sucede en la cúspide mayor, reservada para los hombres blancos, propietarios, judeo-cristianos, padres de familia y heterosexuales, es decir, para quienes se convirtieron en el paradigma de la “gente decente” (Orellana, 2016), con su rasgo de intolerancia y desprecio a la diferencia de los de abajo.
La colonialidad se traduce en que la relación establecida por los de arriba -y por quienes se reconocen en ellos- con los “indios”, está mediada por una violencia estructural, traducida en discursos, imágenes y hechos. La misma adquiere formas sutiles o de baja intensidad en la cotidianidad, pero se torna explícita, extrema y reaccionaria -quizá neofascista en el Siglo XXI- en coyunturas en las que osan incursionar en la subversión de su posición subalterna. El presente artículo tiene el objetivo de examinar esa violencia estructural racializada en Bolivia, en el período 2006 a 2026, es decir, situada en el contexto del denominado “proceso de cambio” y su colapso.
Es un trabajo que no escapa de la tensión por el sentido y la memoria crítica del período examinado, considerando que en la académica -igual que en las calles y el ciber espacio- surgió un abanico de posturas sobre lo vivido en Bolivia durante el proceso de cambio, caracterizado por el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en el gobierno, liderado por Evo Morales como presidente. Intentando sintetizar, agrupamos a esas posturas en:
a) La refundacional, que interpreta el ciclo gubernativo de Morales como una transformación por superar el Estado colonial neoliberal, generando inclusión del sujeto “indígena originario campesino”, redistribución económica y reforma institucionalidad encarnada en el Estado Plurinacional.
b) La crítica progresista, cuyo núcleo interpretativo apunta a sostener que el MAS-IPSP en el gobierno, significó la instrumentalización o cooptación, por el poder, de las demandas históricas indígenas originarias campesinas y urbano-populares; o, en su defecto, su idealización contraproducente y cosificada, al margen de la realidad y las aspiraciones en constante mutación.
c) La institucionalista liberal, que analiza el proceso de cambio como concentración del poder, debilitamiento institucional republicano, populismo autoritario e incluso “racismo a la inversa”.
d) La crítica compleja, que analiza el gobierno de Morales como proceso multidimensional, que tuvo avances y limitaciones, con arreglo a las condiciones de posibilidad del momento histórico. En nuestra consideración, el presente artículo apuesta sobre todo por esta última corriente.
Metodología
Desde el punto de vista metodológico, el artículo es el resultado de un abordaje de corte descriptivo e histórico al tema, sobre la base de una revisión hemerográfica y documental, así como de la observación directa realizada por la autora, en su labor de acompañamiento técnico a los pueblos indígenas originarios, respecto al ejercicio de sus derechos educativos y territoriales, en distintos espacios y tiempos.
La interpretación de la realidad siempre emerge y/o toma una posición, de forma explícita o implícita. En nuestro caso, esa posición se localiza del lado de los abajo, visto desde la colonialidad, y es una posición en los planos teórico y político, pero también afectivo, reconociendo que el conocer humano anuda razón y emoción, muy cercano al sentido de “sentipensante”, aludido por Eduardo Galeano (1989, p. 89).
Resultados
1. Devenir del cambio y reacción
En los años 90 del siglo pasado, los pueblos indígenas originarios campesinos (IOC) comenzaron un profundo cuestionamiento a la continuidad colonial del Estado Nación, por entonces, bajo una forma neoliberal que comenzó a implementarse en el país en 1985 (Postero, 2006). El proyecto neoliberal entró en crisis a principios del nuevo siglo y cayó como efecto de una insurrección popular que aconteció en Bolivia entre septiembre y octubre de 2003, provocada por el magnate Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces presidente del país, quien culminó renunciando y huyendo a Estados Unidos. Aquel acontecimiento, conocido como la “Guerra del Gas” u “Octubre Negro”, tuvo su epicentro en la urbe aymara de El Alto -colindante con La Paz, ciudad sede del gobierno-, donde la población movilizada fue víctima de una represión militar brutal que provocó más de 60 personas muertas y al menos 400 heridos (Opinión, 2023).
En la Guerra del Gas, como el punto más álgido de un ciclo de movilización social antineoliberal que comenzó antes, el campo popular boliviano termino de acuñar, desde abajo y las calles, un programa de transformación del país, plasmada en la “Agenda de Octubre”, orientada a una sociedad con justicia social, igualdad, decolonial y soberana respecto a su territorio nacional y a los recursos naturales que él provee.
En ese contexto, en diciembre de 2005, el país vivió un hecho inédito. Evo Morales, un líder campesino indígena originario y luchador social[1], fue elegido en las urnas presidente de Bolivia, para permanecer en el cargo hasta noviembre de 2019 por vía democrática. El partido que lo llevó a ese sitio era el MAS-IPSP, un tipo de “movement party” (Kitschelt, 2006) fundado en 1995, como “brazo político” de las organizaciones indígenas originarias campesinas, con su horizonte en la “tierra-territorio”. Esta cualidad le permitió alcanzar una presencia territorial efectiva en todo el país y constituirse en la fuerza predominante en el sistema político nacional entre 2009-2019 (Mayorga, 2022).
En el lenguaje de los partidarios del expresidente Morales, su acenso al poder gubernamental fue el inicio del “proceso de cambio” marcado inicialmente por la Agenda de Octubre. Como era de esperar, eso generó una oposición tenaz entre la élite tradicional que, con el MAS-IPSP en el poder, había perdido el dominio directo del aparato estatal; por tanto, impulsó una agenda propia plasmada en la demanda de “autonomías departamentales”, apoyada en la crítica al Estado centralista y con la finalidad de afirmar su control sobre los recursos naturales, la tierra y el territorio. En torno a ese programa autonómico, se articuló la llamada “Media Luna”, una coalición política, cívica–empresarial–terrateniente, hegemónica en los departamentos del oriente boliviano, sobre todo en Santa Cruz. La Media Luna logró polarizar el país bajo un discurso regionalista racializado, asentado en el clivaje oriente/camba vs. occidente/colla, el primer polo fue asociado con lo blanco/bello/moderno/progreso y, el segundo, con lo indio/andino/feo/altoperuano/retroceso.
En la ciudad de Cochabamba el entonces prefecto, Manfred Reyes Villa, dio su apoyo a la causa autonomista y, en ese marco, provocó un insólito choque, el día 7 de enero de 2007, entre la población privilegiada de la ciudad y las organizaciones indígenas originarias campesinas. Ese día, una masa de vecinos de las zonas norte y central de Cochabamba, principalmente jóvenes -utilizando bates de beisbol, fierros, cadenas y otros- salieran a expulsar del centro de la ciudad a las delegaciones de campesinos indígenas -acompañados de vecinos de la populosa zona sur de la urbe-, que habían llegado desde el área rural, para exigir la renuncia del prefecto que los había indignado por su afinidad frontal con la Media Luna. El saldo del enfrentamiento fue la muerte de un joven vecino, de un lado, y dos comunarios del otro, uno de estos por impacto de bala (Rodríguez, 2018; Vaca, 2007).
Como parte del proceso de cambio, el gobierno logró la realización de la Asamblea Constituyente en ciudad de Sucre -capital histórica” de Bolivia-, de agosto de 2006 a diciembre de 2007. Desde la inauguración del cónclave, en Sucre, se pudieron observar rasgos de intolerancia política y “discriminación étnica, racial y de género”; por ejemplo, un hotel céntrico se negó a alojar a varias mujeres indígenas originarias campesinas, algunas de ellas constituyentes electas; asimismo, un grupo de personas agredieron a dos mujeres constituyentes del MAS en la plaza 25 de Mayo, gritándoles “cholas” e “indias”. En adelante, este tipo de escenas fue algo frecuente. La misma presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, lideresa campesina de la región cocalera del Trópico de Cochabamba, era increpada en la calle recurrentemente como “chola de mierda” (Defensor del Pueblo, 2008, pp. 105-106). La situación llegó a tal punto que para las y los constituyentes del MAS-IPSP llegó a ser casi imposible rentar una vivienda en la ciudad, por lo menos en su casco viejo, caracterizado por su arquitectura colonial.
En ese clima sociopolítico adverso, la Asamblea Constituyente redactó el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuya base fue la propuesta del “Pacto de Unidad” de las organizaciones indígenas originarias campesinas del país, construida en medio de una deliberación amplia. Por esto y otras dinámicas de interacción con la población, la Asamblea Constituyente fue calificada como la “experiencia más democrática nunca vivida en las Américas” (Clavero, 2022, p. 4). Su culminación se tornó dramáticamente accidentada, así como la etapa subsiguiente de aprobación de la nueva CPE mediante un referendo nacional, ya que, a las tensiones causadas por la Media Luna, se sumó la movilización por la “capitalidad plena” en Sucre, para que esta ciudad vuelva a ser la sede de todos los órganos del Estado, ya que los órganos Ejecutivo y Legislativo fueron trasladados a la ciudad de La Paz, a finales del siglo XIX en el contexto de la Guerra Federal.
La movilización sucrense fue conducida por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y contó con la implicación determinante de estudiantes universitarios y normalistas, muchos de ellos provenientes de sectores indígenas. Comenzó en marzo 2007 con una demanda dirigida a la Asamblea Constituyente: restituir a la ciudad su calidad de capital “plena” de Bolivia. Al no obtener una respuesta positiva, se desató en los capitalinos una violencia explícita dirigida contra los “indios” que, diariamente, lo sufrieron los asambleístas del MAS-IPSP, mujeres y hombres, y cualquier persona afín a ese partido. La situación llegó a entorpecer de forma directa el trabajo de la Asamblea Constituyente.
Uno de los días más álgidos fue el 24 de mayo de 2008, día en el que se concentraron delegaciones de comunarios provenientes de las áreas rurales, para participar de un acto con el gobierno del MAS-IPSP, a propósito de la efeméride del departamento de Chuquisaca. En la mañana de ese día, los “capitalinos” salieron a las calles enardecidos, para evitar el arribo de Morales, e impedir que los “masistas” se concentren. Luego de neutralizar a policías y militares mediante el diálogo, persiguieron con violencia física y verbal a los comunarios, increpándolos: “‘indio tú no tienes derecho a estar en Sucre’, ‘hediondo’, ‘salido del corral’”; “a qué has venido india maldita, ahora te vamos a matar” (Defensor del Pueblo, 2009, p. 32). Los perseguidos intentaron defenderse y buscaron salir de la ciudad. Sin embargo, como puede constatarse en el documental titulado “Humillados y Ofendidos” de Cesar Brie (ArtesAndesAmericas, 2017), los capitalinos capturaron a varios hombres y los condujeron a la plaza principal, en medio de empellones, obligados a besar la bandera sucrense y pronunciarse contra el MAS-IPSP y su líder. Llegaron a la plaza con sus torsos descubiertos, donde fueron obligados a ponerse de rodillas, besar el suelo y presenciar la quema de la bandera denominada Wiphala -emblema de los pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia, especialmente de tierras altas- mientras la turba citadina alrededor cantaba el himno sucrense. Tres años después, este acontecimiento dio lugar al día Dia Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, conmemorando cada 24 de mayo.
2008 fue un espacio-tiempo de violencia durante el proceso constituyente, generada por las élites opositoras al proceso de cambio en busca de impedir la aprobación de la nueva CPE por parte de la ciudadanía en general, mientras ganaban tiempo para concretar su agenda autonómica en la Media Luna, a través de referendos de aprobación de sus estatutos autonómicos, realizados unilateralmente. Como forma de dirimir el conflicto, el gobierno impulsó un “referendo de revocatoria de mandato popular” (10 de agosto) para él, el vicepresidente, y los prefectos de los 9 departamentos de Bolivia. Los resultados dijeron “SÍ” a la continuidad del primer mandatario y su vicepresidente con el 67,41% de los votos. Respecto a los prefectos, dos fueron revocados de sus cargos (La Paz y Cochabamba), y siete ratificados (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí), entre los últimos estaban los prefectos de la Media Luna.
Este grupo de prefectos continuaron actuando contra el proceso constituyente y el gobierno. En ese marco, convocaron a un “paro cívico” indefinido con bloqueo de caminos, exigiendo que el gobierno central transfiera a los departamentos los fondos recaudados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Durante el paro cívico, grupos de choque amedrentaron a toda manifestación en contra de la medida, tomaron distintas reparticiones del gobierno central, atacaron sedes de organizaciones indígenas, de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, operó la Unión Juvenil Crucémoste (UJC) que hasta llegó a patrullar las calles de esa ciudad “con palos y bates de béisbol para obligar a cumplir el paro” (Opinión, 2008) y, en otras ocasiones, atacaron y golpearon a simpatizantes del MAS-IPSP aludiendo a su condición “colla”. Esta actuación violenta de la UJC se explica porque desde su fundación (1957) se constituyó en un grupo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPC), con una identidad asentada en la “cruceñidad”, contra el Estado “centralista” con sede en tierra “colla” (La Paz). En su óptica, durante la polarización, en torno al proceso constituyente, ese otro se condensaba en los “indios masistas” (Tórrez, 2009, p. 95), es decir, en la figura del partido-movimiento gobernante y su líder en la silla presidencial.
Las medidas de presión de la Media Luna contra el gobierno de Morales y sus bases sociales escaló a un grado inusitado. Parte de eso fue la “Masacre de El Porvenir”, ocurrida en el departamento Pando, en 11 de septiembre de 2008. Aquel día, un grupo de comunarios -hombres y mujeres, muchos con sus niños- se dirigía a un encuentro de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, para analizar las consecuencias de la toma de la oficina departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por grupos afines al prefecto del Departamento (Leopoldo Fernández), parte de la coalición de la Media Luna. En el camino fueron emboscados y violentados por funcionarios de la Prefectura, causando la muerte de más de 10 comunarios -y dos entre los funcionarios-, decenas de heridos, y un número no confirmado de desaparecidos. Los sobrevivientes testimoniaron el grado de temor que vivieron, ocultándose de los atacantes: “yo he escuchado lo que ellos decían, así deben morir estos, campesinos de mierda, así van a morir. Bueno, tanto que ellos pelean por tierra, bueno, tierra se van a hacer” (AribibiTv, 2011). Según investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, la mayoría de los fallecidos eran dirigentes, los cuales “habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados” (Urgente24, 2009).
Al siguiente día de la masacre, Amnesty International (2008) comunicó que la violencia surgió en varias etapas de un proceso de reforma de la Constitución que comenzó en 2006, como sensibilidades regionales en torno a la cuestión de la autonomía que han conducido a la polarización en las respuestas. La discriminación y el racismo contra la población indígena de Bolivia ha sido una característica que comparten estas tensiones. En los siguientes días, la Media Luna levantó sus medidas, prácticamente, con la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mientras se constataba que la Masacre del Porvenir implicaba un “crimen de lesa humanidad” cometido por funcionarios y seguidores del Prefecto de Pando (Defensoría del Pueblo, 2008; ONU, 2009; UNASUR, 2008).
2. Nueva Constitución
El 25 de enero de 2009, por fin, se llevó adelante el Referendo Constituyente mediante el cual la población boliviana aprobó la nueva CPE, con el 61% de los votos. Empero, antes de este plebiscito, el texto constitucional original, el redactado por la Asamblea Constituyente, sufrió la modificación de al menos 100 artículos, como resultado de una negociación establecida entre el gobierno y la Media Luna, según se dijo oficialmente, con el fin de superar la crisis política producida en el país. Con todo, calificaron a la nueva CPE boliviana como una de las más avanzadas en su género, una “constitución descolonizadora” (Clavero, 2022), “un hito histórico en la evolución del constitucionalismo boliviano” (Sánchez, 2025).
De acuerdo con su contenido, la nueva CPE instituye a Bolivia como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”, que “se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (Art.1). Con ese espíritu, incorpora en toda su estructura a las “Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos” (NPIOC), comenzando por reconocer su “existencia precolonial” y su “dominio ancestral sobre sus territorios” y, en función a eso, “garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado”, mediante su derecho a la autonomía, el autogobierno y la vigencia de su cultura, instituciones y territorialidades (Art. 2). Esto se traduce en el sistema autonómico que establece tres tipos de autonomía, con igual jerarquía y base territorial: departamentales, municipales e indígenas originarias campesinas.
Considerando que Bolivia “está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (Art. 3), la nueva CPE “adopta para su sistema de gobierno la “forma democrática participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” (Art. 11.I), algo que luego se designó como “democracia intercultural y paritaria” en la normativa electoral.
En economía, adopta un modelo “plural” orientado a mejorar la calidad de vida y el “vivir bien” de las y los bolivianos (CPE, Art. 306), bajo dirección y regulación del Estado (Art. 316). El régimen agrario, establece que el Estado “reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda” (Art. 393). Entiéndase que “la propiedad comunitaria o colectiva” comprende el “territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas”, las cuales son “indivisibles, imprescriptibles, inembargables, inalienables e irreversibles y no están sujetas al pago de impuestos a la propiedad agraria”; desde luego, la nueva CPE permite a las comunidades ser tituladas “reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad” (Art. 394).
En recursos naturales, la nueva CPE establece que “son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” (Art. 349); en determinado territorio, su exploración “estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios (Art. 352). El pueblo boliviano “tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (Art. 353); “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente” (Art. 342), un criterio que dará lugar, después, al reconocimiento de la “Madre Tierra” como sujeto de derechos ambientales.
La CPE estableció el derecho al “acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad” (Art. 82), considerando que la educación es la función suprema y primera responsabilidad del Estado (Art. 77); garantiza enseñanza gratuita hasta el nivel superior (Art. 81), con enfoque “intracultural, intercultural y plurilingüe” (Art. 78) y con valores como “la equidad de género, la no diferenciación de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” (Art. 79); con libertad de conciencia y de fe (Art. 86), en arreglo al carácter laico del Estado, es decir, a que respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, pero siendo él “independiente de la religión” (Art. 4). Esto, también, tiene relación con el hecho de que el Estado garantiza la erradicación de toda forma de discriminación, ya sea por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura y otras dirigidas a menoscabar los derechos de toda persona (Art.14.II), tal como quedó establecido en la Ley Nº 045 contra el racismo y toda forma de discriminación.
Todo tuvo a su favor la hegemonía amplia e indiscutible que llegó a conquistar Morales, liderando un gobierno sostenido por un partido-movimiento, el MAS-IPSP, del cual él se constituyó en su núcleo articulador sustantivo. Posterior a la promulgación de la nueva CPE, esa hegemonía se tradujo, por ejemplo, en las dos victorias electorales válidas (2009 y 2014), en las que logró el apoyo de más de dos tercios del electorado nacional. En esas condiciones, Morales pudo mantener una estabilidad política en el país, al igual que una estabilidad económica, con mejoras importantes para la población. Según datos oficiales, por ejemplo:
· Incrementó el Índice de Desarrollo Humanos (IDH) de 0,688 a 0,729, entre los años 2012 y 2019 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025, p. 16).
· Bajó la pobreza moderada en 26 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 23, durante el periodo 2005-2018 (Instituto Nacional de Estadística, 2019).
Los logros gubernamentales del MAS-IPSP, sin embargo, tuvieron su costo. Tomando la tesis de Luciana Jauregui (Centro de Estudios Superiores Universitarios UMSS, 2025), la hegemonía lograda por el MAS-IPSP se asentaba en haber establecido un pacto con los empresarios y en la adopción de parte de su agenda autonómica. Con ello se tejió un esquema de poder tripartito, de carácter corporativo. Por un lado, estaban las organizaciones indígenas originarias campesinas y urbano-populares; por otro, el empresariado privado -minero y agroindustrial-; ambos mediados por el Estado a través de la figura de Morales. De ese modo se generó un pacto entre la redistribución del excedente y el fomento al capital privado, al mismo tiempo, esto provocó que el MAS-IPSP se desplace de la izquierda hacía el centro del campo político, intentando representar a toda la sociedad boliviana, incluyendo al capital empresarial.
Hubo especialistas que advirtieron una temprana “desconstitucionalización”, respecto a la nueva CPE, con la emisión de determinadas leyes y su respectiva aplicación, por lo menos con relación a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos y la Madre Tierra (Gregor, 2022; Gudynas, 2018; Rojas, 2012; Servindi, 2012). Puede decirse que una alarma explícita, entre otras, fue el Decreto Supremo Nº 2366, promulgado en 2015, el cual habilitó la exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, bajo evaluación de impacto ambiental y medidas de mitigación ambiental. En ese marco surgió el problema que enfrentó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuando el gobierno pretendió construir una carretera pasando por su zona más sensible ecológicamente, infringiendo el derecho a la “consulta previa, libre e informada” de sus habitantes: las comunidades de los pueblos Yuracaré, Chiman y Moxeño-Trinitario. Para impedir la medida, estas marcharon hasta la ciudad de La Paz en dos ocasiones (2011 y 2012), con el restando pleno de su organización matriz, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), y el acompañamiento del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ). En la primera marcha, para sorpresa de propios y extraños, sufrieron una represión policial violenta en la zona de Chaparina (Izurieta, 2012). El episodio cuestionó el carácter indígena del gobierno de Morales y este intentó disculparse argumentando que, en algún punto incierto, se había roto la cadena de mando en las fuerzas del orden.
La construcción de una carretera a través del TIPNIS implicaría un debilitamiento del control político del territorio de las comunidades indígenas, en favor de la expansión de la frontera agrícola, particularmente para el cultivo de la hoja de coca, junto a la individualización y parcelación de los bienes del bosque; favorecería de forma directa a dos concesiones petroleras otorgadas por el gobierno a la empresa estatal de hidrocarburos, en sociedad (mixta) con empresas transnacionales (Cabitza, 2011; Pbfcc, 2019; Porto-Gonçalves y Betancourt, 2018). Ambas concesiones se plasmaron en la Ley Nº 3672 de abril de 2007 y Ley Nº 3911 de abril/julio de 2008, ignorando la normativa ambiental referida a las áreas protegidas en general, y violando la decisión de las organizaciones indígenas, concerniente a proteger al TIPNIS de la actividad petrolera. La batalla indígena en defensa del TIPNIS tuvo resultados, pues el primer mandatario retrocedió con su proyecto carretero. Sin embargo, el precio se tradujo en la división de la CIDOB y del CONAMAQ con intervención del gobierno, dando lugar a dos fracciones paralelas en ambos casos: la “orgánica” -crítica y alejada del MAS-IPSP- y la “oficialista”.
Ahora bien, la razón por la cual el gobierno de Morales procedió de esta manera con el TIPNIS, como analiza Paz (2012), radicó en que su política de desarrollo económico priorizó el modelo extractivo energético, al que hizo el eje económico crucial de su política pública. Con esa lógica puso en riesgo no solo al TIPNIS, sino a otros ecosistemas emblemáticos, como el de Tariquia, en el departamento de Tarija, que además de ser reconocida oficialmente como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) o Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), tiene el carácter de Reserva de la Biosfera. Las comunidades de Tariquia, desde el año 2015 hasta el día de hoy, mantienen una resistencia continua y a pesar de la presión gubernamental están frenando el avance de la empresa Petrobras, asociada a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) Chaco (Atahuichi, 2026).
3. Golpe de Estado y retorno fallido del MAS-IPSP
La hegemonía del MAS-IPSP encontró el punto de inflexión en el empeño reeleccionista de Morales. El 21 de febrero de 2016, Bolivia asistió a un referendo nacional impulsado por el gobierno para cambiar la nueva CPE, de modo que le permita habilitar la candidatura de Morales para próximas elecciones. Las urnas dijeron NO, con el 51,3% de los votos. Cerrado este camino, Morales logró su objetivo por medio del Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo argumentos cuestionables desde el punto de vista jurídico. Esto alimentó un malestar social en su contra que dio lugar a una movilización ciudadana creciente, capitalizada por los sectores más reaccionarios del país, que alzó la bandera de “defensa de la democracia” y señaló al gobierno del MAS-IPSP como una “dictadura” que buscaba la reelección indefinida de su caudillo. Se trató de un escenario propicio para la manifestación descarnada de discursos de odio, de corte racista, contra Morales y cualquier persona que fuera considerada seguidora. La polarización, dura, con epicentro en las ciudades, entre “masistas" -partidarios y simpatizantes del MAS-IPSP- y “antimasistas” que, en su ala extrema, clamaban volver a la República, en su entender, al orden estatal anterior al Estado Plurinacional. La narrativa antimasista también hizo suyas las críticas contra las políticas gubernamentales señaladas como “ecocidas”, es decir, aquellas que derivaron en la vulneración del cuidado del medioambiente.
En octubre de 2019, el país asistió a nuevas elecciones generales, cuyos resultados dieron la victoria al MAS-IPSP. Esta vez, Morales fue acusado de cometer fraude electoral “monumental”, provocando que el bloque antimasista tomara las calles, llegando a exigir su renuncia inmediata. En medio de sus actos de protesta, este bloque desplegó un performance cristiano llamativo e inédito en Bolivia. Para ilustrar, en la ciudad de La Paz grupos de ciudadanos oraban de rodillas en las afueras de los cuarteles, pidiendo la intervención del Ejército frente al supuesto fraude electoral. En la ciudad de Santa Cruz, iglesias cristianas marchaban a la cabeza de sus pastores, se desarrollaban cabildos ciudadanos bajo símbolos cristianos e invocando a Dios, con líderes cogidos de imágenes de la virgen María y otros (García, 2021; Iglesias, 2019; Opinión, 2023).
En la ciudad de Cochabamba, autoridades y estudiantes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) cantaban el himno nacional y rezaban en las puertas del Comando Policial; asimismo, grupos de choque se autodesignaban “ángeles del señor”. Este fue el caso de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), conocida también como los “motoqueros”, que se organizaron como “fuerzas parapoliciales” y “adoptaron una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como ‘masistas’, incluso a mujeres de pollera” (GIEI-Bolivia, 2021, p. 54) e, igualmente, a integrantes de colectivas feministas que repudiaban su violencia y les disputaban el espacio público (Fiscalía General del Estado, 2024; Ochoa, 2022).
La situación se precipitó en favor de la movilización antimasista, cuando ocurrió el amotinamiento de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de la ciudad de Cochabamba, medida que se extendió a otros puntos del país, con un discurso que también apeló a Dios, con rosarios y crucifijos en mano. Dos días después, el 10 de noviembre de 2019, los altos mandos policiales y militares -así como el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, aliado del MAS-IPSP- se sumaron al pedido de renuncia del presidente, “por el bien de Bolivia”. Sumado a ello, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió la anulación de las elecciones presidenciales recientes, con base en la auditoria electoral que realizó (Página12, 2019). En esas circunstancias, el presidente y vicepresidente anunciaron su renuncia a través de los medios y, de inmediato, salieron del país rumbo a México. Entre sus partidarios, la noticia generó actos de protesta que, en algunos lugares, violentaron los centros policiales. Por su parte, entre sus adversarios, grupos eufóricos quemaron la Wiphala, al grito de “sí sé pudo”, provocando una movilización masiva de los sectores indígenas y populares, sobre todo en el departamento de La Paz, exigiendo respeto a ese símbolo y a las “mujeres de pollera”.
Mientras tanto, la entonces senadora Jeaninne Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia, protagonizando una ruptura del orden constitucional, flanqueada por militares y policías, de la mano de una biblia y arengando que ésta volvía al palacio (Aristegui, 2019). Su promesa fue que, en su condición de gobierno transitorio, llamaría a nuevas elecciones generales en breve, habida cuenta que el sufragio de octubre quedó anulado.
En los siguientes días, la “autoproclamada” Añez propició las masacres de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), cuando las fuerzas del orden dispararon contra manifestantes desarmados que pedían el retorno de Morales y rechazaban el golpe de Estado (Atahuichi, 2023); la narrativa oficial, apoyada y amplificada por la ciudadanía antimasista, fue que no se cometieron masacres, sino que “los masistas se dispararon entre ellos”.
En adelante, el gobierno de Añez desplegó una persecución política contra los sectores sociales contestatarios a su mando y/o contra todo aquel que consideraba “masista”, a los cuales señaló como “arbitrarios”,” violentos” y “salvajes”, mientras hacía apología de hechos extremos de violencia racista, sucedidos en el país contra sectores campesinos indígenas (Sánchez, 2020), en una suerte de anular su condición ciudadana y su propia humanidad, para adscribirles como “enemigos”. Ya antes del golpe de Estado, en arreglo a su postura cristiana fundamentalista, Añez había calificado de “satánicas” las prácticas culturales y espirituales indígenas (La Razón, 2019); algo muy similar a lo que se escuchaba en los actos religiosos, tanto en iglesias evangélicas como católicas, durante el proceso de cambio.
Las intenciones de la presidenta Añez de prorrogarse en el cargo, junto a la mala gestión de la pandemia por el Coronavirus, las denuncias de hechos graves de corrupción y la represión ejercida en determinados lugares afines al MAS-IPSP, provocaron que las organizaciones del área rural y periurbano del país decidan cortar las carreteras en plena cuarentena, para exigir “elecciones ya” al “gobierno golpista”. Sobre estos antecedentes, las elecciones generales se llevaron a cabo en octubre de 2020. Los resultados, nuevamente, dieron el triunfo al MAS-IPSP con el 55% de los votos, haciendo presidente a su candidato Luís Arce, que fue designado por Morales en el exilio -aunque en Bolivia sus bases sociales habían acordado que la dupla presidencial serían David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez-.
Arce permaneció en el cargo entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, tiempo en el cual desató una disputa sin cuartel con el expresidente Morales por el control del partido y la candidatura presidencial para las elecciones venideras. De ese modo, logró inmovilizar a su adversario con una denuncia penal -por presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas- y, al mismo tiempo, arrebatarle formalmente la sigla partidaria e inhabilitar su candidatura vía el Tribunal Constitucional Plurinacional. En medio de este escenario, el núcleo duro del “evismo” -seguidores firmes de Morales- fundó un nuevo “instrumento político” al que bautizaron como “Evo Pueblo,” en busca de lograr la habilitación de la candidatura presidencial de su líder, por un lado, llevaron adelante acciones legales que no tuvieron resultados positivos y, por otro, convocaron a sus seguidores a un bloqueo de caminos, a largo y ancho del país. Esta última medida también fue vana, no tuvo la fuerza esperada, y tuvo cuatro muertos en Llallagua, al norte del departamento de Potosí, en junio de 2025 (Gutiérrez, 2025).
Llallagua fue sede del destacado sindicalismo minero de Siglo XX y un centro de la resistencia popular boliviana y, por supuesto, de la reacción gubernamental traducida en reiteradas masacres militares contra obreros, indígenas y otros La última ocurrió en 1996, conocida como “Masacre de Navidad” (Cárdenas, 1998; Orellana, 2000), cuando la población urbana apoyó masivamente a los pueblos indígenas y trabajadores mineros de la región, que se levantaron contra las empresas transnacionales que habían tomado el control de dos yacimientos auríferos. Campurunas (gente del campo) y llajtaruras (gente del pueblo urbano) salieron juntos a resistir a las tropas militares. En junio de 2025, las cosas de dieron de otra manera.
Los vecinos del centro urbano de Llallagua, entre ellos decenas de estudiantes de la Universidad Nacional de Siglo XX (UNSXX) -creada en 1985 por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y aun tutelada por esta organización-, salieron fastidiados a levantar el bloqueo de caminos cercano, instalados días antes por el Ayllu Chullpa, con un argumentando de protestaba centrado en el alza de los precios de la canasta familiar y otros productos vitales que se vivía en el país, debido al mal manejo de la economía nacional por el gobierno de Arce. El Ayllu Chullpa es uno de los pueblos ancestrales de la zona, que se (auto)denominan “ayllus guerreros del Norte Potosí”, los cuales mantienen un flujo de ida y vuelta con la región del trópico de Cochabamba, trinchera del expresidente Morales, en una suerte de territorialidad discontinua contemporánea, bajo una lógica de doble domicilio y pluriactividad. Aquel día de junio de 2025, el Ayllu Chullpas se vio frontalmente enfrentado a los vecinos de Llallagua, en una jornada altamente violenta[2]. Para “pacificar” el ambiente, el gobierno envió refuerzos policiales y luego tropas militares, recibidos con entusiasmo por los vecinos. En medio, desplegó un relato oficial insidioso sobre el Ayllu Chullpa, amplificado por los medios de comunicación a nivel nacional. El objetivo fue asociar a este pueblo y a sus colindantes con el narcotráfico que, supuestamente, financió el bloqueo de caminos “evista” en el lugar, señalado en ese momento como “zona roja” que albergaba a un “México Chico” próximo a ser “intervenido” por el Estado (Bolivia.com, 2025). En el lenguaje policial boliviano, México Chico refiere a un área controlado por organizaciones ilícitas ligadas al tráfico de drogas y el contrabando,
Como efecto de este relato, el cientista Julio Córdoba (2025) sostuvo que, a partir de este episodio en Llallagua, el movimiento indígena campesino “deja de ser la expresión de lo ‘nacional popular’ en busca de inclusión y justicia, y pasa a ser sinónimo de grupos delincuenciales ligados al narcotráfico dispuestos a masacrar a inocentes”.
Tal fue el legado de Arce buscando derrotar a Morales y, sobre eso, pugnar electoralmente por un segundo mandato presidencial. Sin embargo, esto no pudo ser, sobre todo por su incapacidad para evitar la crisis económica que se desató en el país, lo que contribuyó, significativamente, a que su imagen terminara descreditada. Correlativamente, aquello que fue el MAS-IPSP, coalición robusta y victoriosa que articuló a masas indígenas originarias campesinas y urbano-populares, culminaba en una implosión, una debacle sin precedentes. Puede decirse que sus restos intentaron pugnar aún en las elecciones generales de agosto de 2025 (primera vuelta), mediante dos figuras que lograron escasa repercusión en las urnas: el candidato oficialista, Eduardo Castillo (MAS-IPSP) y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular). Ninguno contó con el apoyo de Morales, sino más bien con su censura, particularmente Rodríguez, es decir, el que fuera segundo líder -después de Morales- de la organización cocalera del Trópico de Cochabamba, antes de ser expulsado en el contexto preelectoral, acusado de “traidor”, pues para el “evismo”, de entre ellos, nadie más que “Evo” podía ser candidato presidencial. En ese marco, viéndose fuera contienda electoral, el expresidente Morales convocó al “voto nulo”, argumentando que en la papeleta electoral ninguna fuerza representaba al movimiento campesino indígena y popular y, por tanto, esperaba que 50% del electorado opte por el voto nulo. Su convocatoria tuvo efectos, pero no al nivel que deseaba. El voto nulo obtuvo casi 19,87% de la votación, es decir, poco más que el tercer partido político más votado, aunque hay que decir que, en Bolivia, los registros muestran que entre 2005 y 2020, en las elecciones generales, el voto nulo alcanzó un nivel máximo del 4% (Visor21, 2025).
Los resultados de las elecciones de 2025, si bien habilitaron la segunda vuelta para zanjar que fuerza política, de entre las dos más votadas, ocuparía la silla presidencial, dejo configurada la composición del órgano legislativo boliviano, está vez, copado por partidos de derecha y ultraderecha. La victoria fue para el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que ganó al ultraderechista y expresidente Jorge (Tuto) Quiroga, candidato de Libre, el 8 de noviembre de 2025, cerró el largo ciclo gubernamental del MAS-IPSP, llamado proceso de cambio, Bolivia vio jurar la investidura por “Dios, familia y patria.”
Conclusiones
El recorrido histórico por el período comprendido entre 2006 y 2026, es decir, desde que el MAS-IPSP asume el gobierno, a la cabeza de Evo Morales, hasta su caída durante el gobierno de Luis Arce, para dar paso al inicio de un nuevo ciclo político regresivo, nos permitió transitar por distintas coyunturas, en las cuales la violencia estructural racializada contra los “indios” se manifestó de distintas maneras.
Un momento previo e insoslayable al periodo estudiado fue la Guerra del Gas (2003) que derivó en la Agenda de Octubre, la cual articuló distintas demandas de transformación, como el preámbulo del denominado “proceso de cambio” liderado por el MAS-IPSP que fue marcado por una masacre militar de envergadura contra la populosa ciudad aymara de El Alto y sus alrededores rurales, siendo ese el precio de cerrar, desde abajo, el ciclo neoliberal en Bolivia impuesto a partir de 1985.
Inaugurado el proceso de cambio, bajo la impronta del expresidente Morales, el escenario constituyente en busca de una nueva Carta Magna (2006-2008) devino, básicamente, en una experiencia descarnada de violencia contra su actor protagónico: el movimiento indígena originario campesino, como reacción de la coalición cívica-empresarial-terrateniente, ante su pérdida de control directo del aparato estatal central, y el oportunismo de las autoridades antimasistas de la ciudad de Sucre, para presionar a la Asamblea Constituyente con su demanda intransigente y extremista, esencialmente racista, de capitalidad plena. La aprobación de la nueva CPE por el pueblo boliviano, en enero de 2009, lleva consigo, entonces, las marcas de la arremetida reaccionaria, como las producidas el año 2008, durante las vejaciones a la población rural vividas en la ciudad de Sucre, en la Masacre de El Porvenir (Pando), en la ciudad de Cochabamba, el 11 de enero del 2007, entre otros.
La etapa inaugurada con la puesta en vigencia de la nueva CPE, trajo consigo una norma contra el racismo y toda forma de discriminación (Ley Nº 045, del año 2010) y derechos tales como la consulta previa libre en territorios (indígenas originarios campesinos) donde el Estado pretenda desarrollar proyectos de explotación de los recursos naturales, que siempre son un riesgo de afectación de los ecosistemas. El Estado boliviano no abandonó su modelo de desarrollo extractivista primario exportador, sino que más bien lo profundizó durante los mismos gobiernos del MAS-IPSP, varios pueblos indígenas originarios campesinos continúan violentados en sus territorios, aunque los casos del TIPNIS (2011 - 2012) y Tariquia (2015 a la fecha) muestran que la resistencia que ofrecen está logrando frenar el avance del modelo extractivista. Quizá en este factor, radica uno de los motivos por los cuales el gobierno de Morales eligió impulsar la división de varias organizaciones indígenas originarias campesinas y, con eso, debilitarlas. Sin duda, la apuesta extractivista del proceso de cambio repercutió para su propia caída; brindó argumentos a la movilización antimasista que terminó logrando la caída del entonces presidente Morales, en noviembre de 2019.
La caída de Morales, recordemos, se dio en un contexto sociopolítico de perforación de la legitimidad de su liderazgo, debido a que no respetó los resultados del Referéndum Constitucional de febrero de 2016, que le negó a una nueva postulación presidencial y, a pesar de eso, él persistió y logró habilitar su candidatura para las próximas elecciones generales, mediante una maniobra del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Con estos antecedentes, cuando obtuvo el triunfo en el sufragio de octubre de 2019, fue acusado de cometer fraude electoral, y posibilitó una movilización intensa de sus opositores que desembocó en un golpe de Estado, protagonizado por el sector de la derecha más dura, la cual hizo a la entonces senadora Añez presidenta “autoproclamada”.
Añez, una política seguidora del cristianismo fundamentalista, guardó concordancia con la impronta religiosa que pusieron en escena las protestas opositoras al MAS-IPSP, previo al golpe, cuando tomó el palacio de gobierno con una biblia entre las manos. Su prédica cristina, no obstante, no impidió que, días después, viabilice las masacres en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto) contra sectores populares partidarios de Morales, a quienes ella y los suyos, por lo visto, consideraba salvajes, capaz de matarse entre ellos.
La hostilidad explicita del gobierno de Añez con el campo popular, junto a la corrupción e ineficiencia de su gobierno en plena pandemia por el coronavirus, contribuyó al retorno del MAS-IPSP en noviembre de 2020, haciendo presidente a Arce, quien resultó su candidato por decisión de Morales en el exilio. En la disputa entre ambos por el control del partido y ser su candidato en las elecciones de 2025, el primero arremetió contra el núcleo duro del evismo, que buscó revertir la inhabilitación oficial a su líder como candidato presidencial mediante recursos legales y una protesta social radical, pero sin suficiente convocatoria. Arce está, en mayo de 2026, preso (Melgar, 2026).
El presidente Paz implica un nuevo ciclo político en Bolivia que apuesta por un ajuste estructural neoliberal oligárquico, el “proceso de cambio” previo, con base en el extractivismo primario exportador que no pudo superar y cuyo terreno de operaciones son los hábitats de los pueblos indígenas originarios campesinos y/o las áreas sensibles de la Madre Tierra, de ninguna manera cambiará este modelo, lo que pretende es más bien profundizarlo de la mano de la “iniciativa” privada. El deterioro y debacle del MAS-IPSP dejó debilitadas a las organizaciones del campo popular y a sus posibilidades de rearticulación efectiva en la actual coyuntura.
La violencia contra los pueblos indígenas, estructuralmente racializada, si bien en cada espacio y tiempo cobra especificidad, en todos los casos la violencia física viene acompañada, de una forma u otra, de violencia simbólica, como escarnio que, mediante gestos y palabras, recuerda o resitúa el lugar inferior de los agraviados, los cuales en situación de ser violentados no son nombrados “indígenas”, palabra bien para lo políticamente correcto, sino indios y cholos, asociado al sentido de servidumbre, salvajes, subhumanos, animales.
No es algo extraño: la brutalidad del Estado se produce contra indígenas que, con firmeza, defienden su espacio de vida legítimo. La masacre de indios “alzados”, desde la época colonial, continúa siendo en Bolivia el lenguaje reiterado de castigo más letal, a través de la cual el poder dominante imprime sin condescendencia su mensaje de supremacía, no únicamente contra los masacrados sino, más aún, para atravesar el cuerpo de los sobrevivientes.
Ahora bien, luego del MAS-IPSP al mando de la administración estatal por casi 20 años, la violencia social y estatal sobre los indios o los de abajo, los emparenta en general con lo éticamente más reñido. Así, son señalados como corruptos, vividores o mantenidos del Estado, pero también como socios o protagonistas de uno de los rubros de lo que Segato (2025) llama el “segundo Estado” o la “economías ocultas”: el narcotráfico y el contrabando. Así, cualquier territorio indígena rebelde corre el riesgo de ser declarado “México Chico”. La asociación discursiva de las luchas populares con el narcotráfico no es reciente en Bolivia, si pensamos sobre todo en las organizaciones productoras de la hoja de coca en el Trópico de Cochabamba -núcleo político del expresidente Morales-, donde subyace la producción de cocaína, probablemente desde los años 70 del siglo pasado. Lo novedoso ahora está en que esa asociación ya no se reducirá básicamente a esta región, las actividades del narcotráfico parecen haberse extendido en el país, más allá de sus enclaves tradicionales. Por tanto, el discurso gubernamental de la lucha contra las economías ilícitas en el territorio boliviano, pueden ser funcionales a la arremetida contra los indios y sus espacios de vida en favor del programa de ajuste del modelo económico en favor del neoliberalismo contemporáneo.
Por último, no se puede soslayar la puesta en escena del factor religioso, en este caso cristiano, que, en coyunturas de conflictividad sociopolítica, es siempre un instrumento de los sectores reaccionarios. Pero en sus manos, se trata de un cristianismo rancio, hoy combinado con su relato de prosperidad individual, que les sirve para justificar sus acciones de vulneración de derechos contra el “enemigo”, asociado al mal, por tanto, a lo “satánico”. Al mismo tiempo, es un recurso para que logren identidad, cohesión, frenesí y hasta fondos, en torno a sus “cruzadas” políticas revertidas de misiones redentoras. En una sociedad como la boliviana, una mayoría abrumadora es creyente del Dios judeocristiano; según Diagnosis (2023), los católicos y evangélicos son cerca del 75%. En estas condiciones, desplegar un performance religioso bajo cálculo político tiene un potencial altamente riesgoso para la vida democrática. Por eso, precisamente, el proceso de cambio, con la nueva CPE, trajo consigo la laicidad del Estado boliviano, con lo cual arrebató a la Iglesia Católica su lugar de religión oficial, y se ganó animadversión sistemática. En ese contexto, las iglesias evangélicas se formalizaron y se van multiplicando, aunque el catolicismo continúa siendo la iglesia mayoritaria, aunque en descenso continuo, y tienen presencia en todos los estratos sociales y en distintos ámbitos de la vida, como el educativo, impactando con su imperativo fundamentalista; un relato que, con su propio matiz, también está entre los católicos. Desde ese imperativo, el cristianismo fundamentalista es un resorte de la colonialidad del poder y su violencia; prueba de ello es, justamente, el golpe de Estado de noviembre de 2019 vivido en el país.
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[1]Previamente había ganado notoriedad como dirigente de las organizaciones “cocaleras”, asentadas en el trópico de Cochabamba, es decir, de campesinos productores de la hoja de coca, por entonces, enfrentados a las políticas de erradicación de ese cultivo, con asesoramiento norteamericano.
[2] En la refriega entre civiles murió un adolescente del centro urbano y, en el enfrentamiento del Ayllu con la policía, cayeron dos uniformados, producto de disparos de francotiradores, según la versión oficial.