Proceso de desnazificación en Málaga (1945-1948)
Denazification process in Malaga (1945-1948)
Processo de desnazificação em Málaga (1945-1948)
Lucía Prieto Borrego
Universidad de Málaga
https://orcid.org/0000-0001-6766-669X
lubo@uma.es
Resumen
La derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial supuso por parte del Consejo de Control Aliado la implantación de un programa diseñado para impedir el renacimiento de la capacidad bélica alemana y financiar la reconstrucción posbélica. España, pese a su inicial posición a favor del Eje, formó parte de ese programa comprometiéndose a colaborar en el bloqueo de bienes y activos alemanes y a repatriar a los ciudadanos considerados espías o colaboradores del Reich. Este artículo es una aproximación al desarrollo de ese proceso en la provincia de Málaga. Se pone de relieve el papel desempeñado por el gobernador civil a partir del análisis de fuentes conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Málaga: ordenes de la Dirección General de Seguridad de búsqueda y detención de ciudadanos alemanes, y listados nominales de quienes debían ser repatriados al territorio alemán e informes policiales.
Palabras Clave: Dictadura, franquismo, historia contemporánea, historia económica, Málaga, nazismo.
Abstract
The German defeat in World War II led the Allied Control Council to implement a programme designed to prevent the revival of German warfare and to finance post-war reconstruction. Spain, despite its initial pro-Axis stance, was part of this programme, committing itself to collaborate in the blockade of German goods and assets, and to repatriate citizens considered to be spies or collaborators of the Reich. This article is an approach to the development of this process in the province of Malaga. The role played by the Civil Governor is highlighted on the basis of an analysis of sources kept in the Historical Archive of the Province of Malaga: orders from the Directorate General of Security to search for and detain German citizens; lists of names of those who were to be repatriated to German territory and police reports.
Keywords: Dictatorship, Francoism, contemporary history, economic history, Malaga, Nazism.
Resumo
A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial levou o Conselho de Controlo dos Aliados a implementar um programa destinado a impedir o renascimento da capacidade bélica alemã e a financiar a reconstrução pós-guerra. A Espanha, apesar da sua posição inicial pró-Eixo, fez parte deste programa, comprometendo-se a colaborar no bloqueio de bens e activos alemães e a repatriar cidadãos considerados espiões ou colaboradores do Reich. Este artigo é uma abordagem ao desenvolvimento deste processo na província de Málaga. Destaca o papel desempenhado pelo governador civil com base na análise de fontes conservadas no Arquivo Histórico Provincial de Málaga: ordens da Direção-Geral de Segurança para a busca e detenção de cidadãos alemães; listas de nomes dos que deviam ser repatriados para território alemão e relatórios policiais.
Palavras-chave: Ditadura, franquismo, história contemporânea, história económica, Málaga, nazismo.
Introducción: la colonia alemana en Málaga
A mediados del siglo XIX, cuando el puerto de Málaga era el más importante de Andalucía, la colonia extranjera con respecto a la población malagueña era el 1%. El porcentaje se mantenía en 1877 cuando los alemanes eran el 11% de los extranjeros (Villar & Martínez, 1998, p. 112). Esta colonia fue considerada por el pastor Fritz Fliedner, fundador de la comunidad evangélica en España, lo suficientemente importante como para confiar al pastor Arndt la cohesión del grupo alemán de Málaga en torno al mensaje religioso. Una de las características atribuidas a la colonia del XIX por los fundadores del Colegio Alemán, en 1898, era su distanciamiento del sentimiento nacional germánico y su total asimilación al carácter y naturaleza española. Si los pastores evangélicos consideraban necesaria la construcción, entre los alemanes de origen, de una identidad protestante, igualmente se aceptó por parte de algunas familias el constructo de pertenencia a una patria alemana y la lealtad al Kaiser[1].
La derrota alemana en las dos guerras mundiales puso en evidencia hasta qué punto esas lealtades germánicas políticas, económicas y culturales afectaron a un conjunto de empresarios y familias alemanas: comerciantes, industriales y bodegueros.
La empresa Scholtz Hermanos, creada a principios del siglo XIX, fue la más importante en la fabricación y exportación de vinos y licores (Ramos, 1985). Teodoro Schneider llegó a Málaga a mediados del siglo XIX como apoderado de la Societé Civile pour l’Éclairage, una empresa dedicada a la fabricación de gas (Arroyo, 2006) y posteriormente creó su propia empresa de alumbrado[2]. Con esta familia emparentó Jorge Küstner, representante a finales del siglo XIX de varias firmas alemanas[3]. Su hijo Emilio era titular de otras empresas malagueñas dedicadas a la exportación de frutos (Del Río & Del Río, 2008, p. 218). A principios del siglo XX se instala en la ciudad la empresa Vicente Baquera y Cía, consignataria de buques alemanes[4]. Registrada una década después como Baquera, Kusche & Martín, S.A., cubría varias rutas para la exportación de productos malagueños[5]. Durante los años treinta, bajo el acrónimo de BAKUMAR, tenía delegaciones en toda la costa mediterránea y en las ciudades más importantes del país. Ernesto Hafner, afincado en Málaga, en 1917 exportaba aceites esenciales con la marca Hafner y Wienken, posteriormente la empresa diversificó su producción[6].
La mayor parte de los empresarios de origen alemán se dedicaban a la industria alimentaria y a la exportación e importación de productos agrícolas. Algunas de estas familias emparentan con la denominada “oligarquía de la Alameda”[7]. Su arraigo en la sociedad local se manifiesta en el tejido societario burgués[8] y en el compromiso con empresas culturales. Sin duda, una de las más importantes, el establecimiento en la década de los ochenta de la Escuela Malacitana de Enseñanza de la Mujer[9].
La colonia de origen alemán mantuvo vinculación con los intereses germánicos a través de relaciones económicas, culturales y diplomáticas. Adolfo Pries Scholtz fue el primer cónsul de la Alemania unificada, y Jorge Küstner el secretario del consulado alemán en la ciudad[10]. Las estrategias propagandísticas desplegadas por la embajada alemana desde 1933 para atraer a la colonia alemana residente en España fueron muy operativas en Málaga. Uno de los instrumentos de esa política será, tal y como veremos, el Colegio Alemán.
Tras la conquista de la ciudad por las tropas franquistas, el 8 de febrero de 1937, a la colonia local se incorpora Enrique Carlos Fricke[11], cónsul de Cartagena, expulsado por el gobernador civil de Murcia. Según la prensa de la zona republicana, un espía y un agente de “la propaganda «nazi» en España y la Argentina”[12]. En la retaguardia malagueña los apellidos alemanes y los dirigentes nazis como Pablo Tiessler, jefe del Partido Nacional Socialista de la ciudad[13], se visibilizan en el conjunto de actos organizados para agradecer la intervención del Eje a favor de Franco. En septiembre de 1937, las colonias italianas y alemanas festejaban, en presencia del cónsul de Italia, Tranquillio Bianchi, el viaje de Mussolini a Alemania[14]. En diciembre del mismo año se cumplió el 37º aniversario del hundimiento de una fragata alemana frente a la costa de Málaga. La construcción en 1909 del Puente de los Alemanes, financiado por el Imperio Alemán, permitió la resignificación del agradecimiento a los malagueños como lealtad al Reich. Esa entente se proyectó en el culto a Bianchi, nombrado malagueño adoptivo (Ayuntamiento de Málaga, 1939, p. 151). En 1939, en su visita a Málaga, el conde Ciano fue recibido con el protocolo dedicado a los jefes de Estado (Villalobos, 2016). La escenificación, la exhibición de la simbología tanto fascista como nazi, perseguían, al igual que las organizadas por grupos nacionalsocialistas en Salamanca (Delgado, 2014), la adhesión al Reich no solo de la colonia alemana sino también de la clase política local. En tal empeñó participaron activamente las familias de apellidos germanos más significativos como los Küstner, cuya hija Rosa representó a la colonia alemana en un multitudinario acto de adhesión a Reich (figura 1)[15].
A nivel estatal, esa comunidad fue el objeto sobre el que se focalizó la estrategia de captación de adeptos al partido nacionalsocialista. Entre las colonias consideradas por la embajada con más posibilidades de apoyar a Hitler se encontraba Málaga (Montero, 2007).
Figura 1.
Queipo de Llano en Málaga, tras la entrada de las tropas nacionales.
Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Fondo Fotográfico, Colección Arenas. Sig. 1º-C-24-3988, 1937.
En la misma medida, durante y después de la guerra mundial, la causa franquista fue apoyada por los alemanes residentes en Málaga y por los que llegaron durante la Guerra Civil. Entre estos últimos, el excónsul de Cartagena fue colaborador de los militares sublevados (Comité Nacional de la C.N.T., 1938, p. 352) y trabajó a favor del ejército franquista[16]. En Málaga, mantuvo su actividad empresarial como consignatario de buques[17], y colaboró económicamente con las obras asistenciales del Régimen[18]. Un patrón de adhesión y lealtad al franquismo extensible a las familias de la colonia local como el matrimonio de Enrique Küstner y Ana Muñoz, colaboradores en los homenajes en honor a Falange y al general Mola[19]. Otras familias como los Rein o los Werner formaban parte de instituciones políticas tanto municipales como estatales. La lealtad de ciudadanos de ascendencia germánica fue recompensada por el Régimen. Los combatientes fueron distinguidos de Caballeros de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas[20].
Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia alemana de Málaga constituía un 2% (Cerón, 2007, p. 132.) de los 20.000 alemanes que residían en España, una gran parte de los mismos trabajaba para la Gestapo o para la Inteligencia Militar (Collado, 1992).
Control e intervención de empresas e instituciones alemanas
Las relaciones económicas con el Imperio Alemán determinarán durante la Primera Guerra Mundial la penalización de empresas malagueñas distribuidoras de productos agroalimentarios por parte de Gran Bretaña. Entre otras, Baquera, Kusche & Martín, Federico Gross & Cía, Heinsdorf & Lemke, Loos & Gompels, Rein & Co y Scholtz Hermanos figuraban en la “lista negra británica” (García, 2014, pp. 504-505). Por otra parte, algunas de ellas también aparecían en la lista estadounidense[21]. Esta fue publicada una vez promulgada la Trading with the Enemy Act (1917).
A partir de abril de 1940, Roosevelt emitirá las denominadas “órdenes de congelación” (Grimes, 1947) que implicaban el control de varios países europeos, entre ellos España. Esas órdenes ejecutivas preceden a la First War Power Act (diciembre 1941). Con anterioridad a la ley se publica la primera “lista negra americana” (Grimes, 1947, p. 410). Tanto Canadá como el Reino Unido adoptaron medidas similares y elaboraron sendas listas (Whiteman, 1968, p. 114) en las que se identifican un total de 46 firmas comerciales de Málaga y provincia. En la británica, reaparecen apellidos presentes en los registros de la Gran Guerra a los que se añaden ahora el nombre de Fricke, la empresa Minero-Metalúrgica Los Guindos, y la aceitera Minerva[22]. En la lista americana, se incluye Establecimientos Moro, y al comerciante Federico Schneider de Duve (U.S. Department of State, 1941, pp. 131-139). Estos registros en el otoño de 1943 superan la treintena (U.S. Department of State, 1943, pp. 288-314); en 1945 se mantienen Scholzt Hermanos y BAKUMAR (U.S. Department of State, 1945, pp. 188-191). Esta empresa, cómo se ha dicho dedicada a la exportación, durante la Segunda Guerra Mundial fue la cobertura de la red de espionaje que en la Andalucía oriental controlaba el cónsul alemán en Sevilla (Pallarés, 2023).
Con anterioridad a la derrota del Eje, las cálidas relaciones del Régimen con Alemania se habían atemperado, al menos, a nivel institucional. España terminaría, pues, integrada en el programa Safehaven, diseñado por el Consejo de Control Aliado (CCA) para desactivar el potencial bélico alemán y financiar la reconstrucción posbélica. En el mismo programa, con los mismos objetivos, se integraban Portugal, Suiza y Suecia (Puig & Álvaro, 2007, p.106). La adhesión a la Resolución VI de Bretton Woods determinó la aprobación del Decreto-ley de 5 de mayo de 1945[23] por el que el gobierno de Franco podía bloquear los activos de los países del Eje en España. El acuerdo firmado por EEUU, Gran Bretaña y España en mayo de 1944 supuso un cambio significativo en la política de España con respecto al Tercer Reich. El régimen de Franco se comprometió con el programa aliado frente a la derrotada Alemania, sobre todo, aunque no exclusivamente, en lo relativo a la venta de wolframio[24]. El gobierno hubo de aceptar las demandas aliadas para evitar la total proscripción de España y por la necesidad de su integración en la política monetaria internacional (Cavalieri, 2014). El CCA conocía las resistencias (Wingeate, 2010, p. 299) a un compromiso que obligaba a la repatriación de ciudadanos alemanes[25]. Sin embargo, el cambio de política fue real, y puede ser considerado desde la camaleónica capacidad de adaptación del franquismo, desplegada incluso antes de la derrota del Eje. Esa estrategia, definida como de “reacomodo,” fue esencial para la longevidad de un régimen que necesitó para el mantenimiento de su esencia autoritaria la tolerancia de los Aliados (Lemus, 2019, pp. 11-25).
La investigación, bloqueo e inmovilización de bienes alemanes en España quedó en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y formó parte de un proceso más general de desnazificación. Ese término alude a la política implementada por el CCA para el abordaje de dos cuestiones: el tratamiento de los criminales de guerra, y la relación con los países neutrales que, pese a esa neutralidad, habían apoyado y beneficiado a los países del Eje. Los componentes nucleares de las políticas de desnazificación son, por una parte, las medidas punitivas impuestas por los Aliados y la URSS en la Alemania ocupada y, por otra, la eliminación del Partido Nacional Socialista y su influencia en las empresas y en el Estado[26]. El nazismo debía ser erradicado en Europa: para ello era necesario la neutralización de sus apoyos en los países neutrales.
La desnazificación como parte del programa aceptado por España se implementó en dos conjuntos de actuaciones. La primera fue la intervención de empresas, instituciones y asociaciones germánicas; la segunda, repatriación al territorio alemán ocupado de ciudadanos alemanes reclamados por el CCA. En todo el proceso, fue determinante el papel de los gobernadores civiles, nexos entre las fuerzas de orden público, la Dirección General de Seguridad y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por otra parte, a nivel provincial, esas actuaciones eran controladas por los cónsules de los países aliados.
En primera instancia, en Málaga, el proceso se desarrolló interviniendo de forma simultánea las instituciones y las empresas señaladas por los Aliados. Prioritariamente se actuó de forma inmediata, como en el resto de las capitales de provincia, sobre el consulado alemán. El CCA había ordenado el desmantelamiento de la estructura diplomática el mismo día de la rendición de Alemania. Igual de rápida fue la intervención del Colegio Alemán. Subvencionado desde sus inicios por el Estado germánico, su objetivo fue la consolidación y mantenimiento del espíritu alemán[27]. Esta red docente, implantada en varias capitales de provincia, fue intensamente nazificada[28]. Durante la República, su infraestructura fue utilizada para la propaganda nazi a través de películas distribuidas por la embajada alemana (Montero, 2007). Del grado de nazificación alcanzado da cuenta la expulsión de estudiantes judíos del Colegio de Madrid en 1940 (Del Hierro, 2023). En el de Málaga, durante el curso 1937/38 se implantó “el espíritu de la nueva Alemania”; se contrató a un director formado en las ideas nacionalsocialistas, y se incorporaron cinco nuevos profesores enviados por el Ministerio de Exteriores[29].
La sede del Colegio, Villa Lidia, situada en el Limonar Alto, fue precintada por agentes de policía de la Comisaría de Málaga el 8 de mayo de 1945. Al día siguiente, sin embargo, por orden de la Dirección General de Seguridad, se levantó el precinto y el colegio fue entregado a su directiva[30], aunque sería de nuevo clausurada, y traspasado su control al comité que representaba en Málaga al CCA. La confusa situación que acompañó a la intervención del Colegio Alemán puede relacionarse con la naturaleza semiestatal de una institución cuya incautación se presentaba más compleja que la de las restantes propiedades germanas. La mayoría de los colegios establecidos en España eran propiedad de las asociaciones de padres, y por tanto no podían ser incautados por el procedimiento jurídico establecido (Giráldez & González, 2019).
El grado de nazificación del colegio de Málaga era conocido por los Aliados. En su junta directiva figuraban miembros de la colonia alemana: los hermanos Rosa y Emilio Küstner, comprometidos con la causa nazi, y Ernest Kusche. En la cúpula de la institución se encontraban Alfredo Giese y Hans Hoffmann, ambos vinculados al Partido Nazi. El primero de ellos, representante en Málaga de la empresa Scholtz Hermanos S.A., era agente de la Abwert (Meyer, 2021; Cerón, 2007, p. 135); Hans Hoffmann era miembro del Partido Nazi y de la Gestapo (Irujo, 2012; Rodríguez, 2021). Como el Colegio Alemán de Málaga, las doce instituciones docentes que existían en España fueron clausuradas, disueltas las fundaciones que los controlaban, y expropiadas por el Estado español en 1948 (Sanz, 2008).
Las medidas económicas aplicadas en virtud del Decreto-Ley de 5 de mayo de 1945 afectaron a la empresa más importante dedicada a la fabricación y exportación de vinos, Scholtz Hermanos. Esta, en junio de 1938, quedó integrada en SOFINDUS (Leitz, 1994, p. 104). Ese entramado empresarial, presidido por E. F. Bernhad, fue creado para enmascarar actividades de apoyo a la Alemania nazi. La bodega malagueña fue la cobertura de Alfred Giese y Max Schiffer, directivos de la empresa en el otoño de 1938[31]. Pero, en torno al apellido Scholtz, se tejerá una espesa red de vinculaciones directas o indirectas con intereses políticos y empresariales del Tercer Reich[32].
En agosto de 1945, la Dirección General de Política Económica ordenaba al gobernador civil la clausura de los locales y oficinas de Scholtz Hermanos, S.A., y la elaboración de un listado con sus propiedades e inmuebles arrendados (Gálvez & Comín, 2003). El día 18, agentes de policía precintaron los accesos a las famosas bodegas. Igualmente, quedaron sellados los accesos interiores a las enormes naves y al alambique. Unos días después, los precintos fueron levantados y las llaves entregadas a los cónsules de EEUU y Gran Bretaña, representantes del CCA en Málaga[33]. El traspaso fue realizado en presencia de Max Schiffer y de Alfredo Giese. Ellos no pertenecían a la colonia germánica malagueña y su presencia en la ciudad parece obedecer a garantizar la utilización de la empresa para los intereses del Reich[34].
El Ministerio de Asuntos Exteriores desde su departamento de Bloqueo de Bienes Extranjeros solicitó, también en cumplimiento del Decreto-ley de 5 de mayo la investigación de los bienes de Guillermo Rein[35], también exportador de vinos. Hermano del ministro de Agricultura, Carlos Rein Segura, sus propiedades no fueron investigadas.
El programa de repatriación (1945-1947)
El compromiso más incómodo para el gobierno español fue el de entregar a los Aliados a personas implicadas en actividades de espionaje en la península y Marruecos. Ya en 1944, tanto Reino Unido como EEUU habían presionado al gobierno español para que internara a alemanes, residentes en España, que estuvieran vinculados a empresas militares o comerciales de capital alemán (Pallarés, 2023). Las exigencias del CCA al gobierno español, para la repatriación, obedecían al imperativo de neutralizar a ciudadanos alemanes con posibilidad de impulsar el renacimiento del nazismo en los países neutrales, un temor que tenía un relieve especial en España (Collado, 1992). Los Aliados conocían la potencialidad de la colonia alemana, su apoyo a Franco, y la red de relaciones tejidas entre empresarios, diplomáticos, jerarcas y técnicos nazis con la clase política y las élites económicas del Régimen. Cumplir con las exigencias del CCA suponía la investigación de 10.000 residentes alemanes en España a fin de identificar su peligrosidad (Collado, 2019).
Málaga había tenido, como el resto de los puertos españoles, una delegación de la Subsección de Información Naval, integrada en la Ko-Spanien, la más importante de las organizaciones de Abwehr en los países neutrales (Ros, 2002). Era también sede de una de las delegaciones de la embajada alemana encargada de la distribución de propaganda (Schulze-Schneider, 1995). Cualquiera que hubiera trabajado en la ciudad como agente de inteligencia, en servicios de propaganda, o apoyado los intereses económicos del Reich, era un peligro para la paz de posguerra, y debía ser neutralizado.
A principios de 1946, el CCA exigió la repatriación de 220 personas a territorio alemán. Entre ellos, algunos que habían prestado servicios al Régimen franquista. El gobierno español procuró evitar su expulsión, a la vez que se negaba a repatriar a quienes consideraba plenamente integrados en la sociedad española. Se entendía la integración como asimilable, si bien no en sentido jurídico, a la nacionalidad (Messenger, 2018). La ambigüedad del Ministerio de Exteriores determinó la elaboración de categorías que objetivaron las condiciones de los alemanes “indeseables”: miembros del Partido Nazi o de sus organizaciones; agentes de inteligencia; colaboradores del servicio de propaganda y empresarios al servicio de los intereses bélicos de Alemania. Una vez elaborados los registros de residentes en cada provincia, el Ministerio de Exteriores planteó a los afectados la posibilidad del regreso voluntario. La operación se canalizaba a través de la Oficina de Repatriación, instalada en la sede de la embajada alemana en Madrid.
Las instrucciones para el desarrollo del programa de repatriación en Málaga fueron transmitidas por la Dirección General de Seguridad al gobernador civil el 25 de febrero. En un principio se solicitaba la localización para la repatriación voluntaria de seis ciudadanos alemanes residentes en la provincia: Karl Faber, Brigitte Lobeak, Hermann Leo Ehnimb, Hans Dunker Ellerbrock, Max Schiffer y Karl Schroeder[36]. Este último, directivo del Colegio Alemán, desapareció tras ser localizado. El 5 de marzo el Gobernador Civil ofrecía la repatriación voluntaria a la junta directiva del Colegio Alemán[37], integrada por Alfred Giese Karl Schroeder, Frank Robert Teschendort y el director Walter Johann Zahlingen[38]. También el equipo docente de la institución debía ser repatriado, así como todos los miembros del consulado y el cónsul, Ernst Pochammer. Pero cuando se ordenó al Gobierno Civil la localización de ciudadanos alemanes ya se habían puesto en funcionamiento las estrategias para eludir la repatriación y muy pocos eligieron la voluntaria. El director del Colegio Alemán, alegó ser austriaco y los Küstner tenían la nacionalidad española[39]. La policía no localizó a Giese ni a Schiffer cuya residencia en la ciudad era reciente y transitoria[40]. Estaba claro que la opción del regreso voluntario no funcionaría. Se trataba de volver a territorios ocupados por los vencedores y a un país totalmente devastado. De ahí que se desplegaran todo tipo de estrategias para permanecer en España.
El ministro de Asuntos Exteriores se vio obligado a acceder a la entrega de los 220 ciudadanos alemanes más comprometidos cuyos nombres fueron publicados en la prensa[41]. Debían presentarse en Bilbao antes del 1 de septiembre de 1946, los acogidos a la repatriación voluntaria y quienes no habían residido en España durante un periodo de 20 años[42]. Se esperaba con esta entrega dar satisfacción al CCA y que cesaran las demandas y las quejas sobre la protección prestada desde todas las instancias a la comunidad alemana. En efecto, los Aliados se encontraban con un hecho consumado: la “desaparición” de los reclamados de la que responsabilizaba a la administración española. Las autoridades parecían aceptar la existencia de tal protección cuando la justificaban desde una perspectiva sicológica, imputándola al carácter español inclinado a la conmiseración del vencido. Esta supuesta predisposición puso al gobierno español en una situación delicada con respecto a las demandas del CCA.
La Dirección General de Seguridad dejó en manos de los gobernadores civiles la localización de los reclamados en cada provincia. Tanto policía como Guardia Civil debían utilizar para ese objetivo cualquier recurso, incluido el pago a confidentes: “a los que no hay inconveniente en que se pueda ofrecer premio en metálico por entrega o pista segura”[43]. El gobernador civil de Málaga recibió el 8 de agosto un listado con los nombres de 68 personas que tenían que ser repatriadas[44]. De este registro, la localización de 32 de ellas era considerada preferente. El cónsul americano en Málaga, Haron B. Quarton, manifestaba a la máxima autoridad provincial su desconfianza, recordándole -no en tono cordial- que más de un centenar de ciudadanos alemanes[45] debían ser detenidos. La presión diplomática determinó la puesta en marcha de un operativo de escaso éxito. La comisaría admitió que ninguno de los reclamados había sido localizado[46], y sólo logró elaborar informes escasos y fragmentarios de varios ciudadanos alemanes reclamados que podrían haber pasado por Málaga durante la Segunda Guerra Mundial. De Edgar Horn, cuñado de Rudolf Hess y representante en España de la empresa Messerschmitt, se decía que había permanecido temporadas en Torremolinos, la última, entre el 14 de abril y el 7 de mayo de 1946, y que se había cursado una orden de detención (Cerón, 2007, p. 136)[47]; de Eckhard Krahmer[48] informaba que se encontraba en Portugal. Los restantes informes se referían a alemanes cuya detención no era prioritaria. Con escasa precisión se hacía constar que el cónsul alemán de Bilbao, Fiedrich Kurbach, estaba refugiado en Oporto[49]. De Herman Herlich Mueller, director del Banco Alemán y correo diplomático de la embajada alemana, los informes detallan varias estancias en Torremolinos en 1944[50]. En esta población había estado en 1946 Edeltraud Herzig. Ninguno de ellos había sido detenido ni se daba razón de su paradero. Sin embargo, según los informes elaborados por los Aliados, todos habían tenido relación con los intereses alemanes. Y todos debían ser repatriados (figura 2).
En el verano de 1946, la “ineficacia” policial ponía en evidencia las estrategias de resistencia a las deportaciones: ocultación o renuncia a la nacionalidad alemana. Ello no hizo desistir al CCA, que por el contrario presentó nuevos registros al Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladados al gobernador civil de Málaga a quien, a mediados de agosto, se exigió la localización de 26 personas[51] (figura 2), consideradas peligrosas para la Seguridad Nacional. Las taxativas órdenes trasladadas por el Ministerio de Exteriores a García del Olmo respondían a la opción de solicitar la entrega de pequeños grupos de ciudadanos alemanes especialmente significados, y así preservar de la repatriación a la colonia alemana menos comprometida. La mayoría de los nombres de esta nueva lista aparecen en las anteriores. Había, pues, eludido una y otra vez la expulsión de España. Los Aliados conocían que esa situación se debía a la inhibición de las autoridades españolas.
Figura 2.
Relación de 26 nombres de súbditos alemanes cuyo regreso se estimaba prioritario.
Fuente: AHPM-GC-MAE, C. 12.498, 21 de septiembre de 1946.
Se volvía a reclamar a Otto Ehlers, corresponsal del Of Eildienst, del grupo nacional alemán cuyas crónicas en ABC ilustran la perfecta sintonía del Régimen de Franco con el Tercer Reich; a Hans Dede, cónsul alemán en Palma de Mallorca, y a Hermann Goeritz, vicecónsul de Tánger[52]. Se insistía en la detención de los ya citados Eckart Kramer y de Reinhard Spitzy, el agente de Canarias que operaba bajo la protección de Skoda[53]. Aparecían, sin embargo, dos nombres nuevos: Walter Bastian[54] y Anneliese Mundler[55]. Esta, corresponsal del órgano de prensa nazi, Völkischer Beobachter[56], había trabajado bajo las órdenes del escurridizo Hans Lazar[57], máximo responsable de la propaganda destinada a contrarrestar la que desplegaban los Aliados en España. La periodista se encontraba en Torremolinos cuando supo en septiembre de 1946 que iba a ser detenida. Según el informe policial, tras recibir sendas llamadas telefónicas de Asturias y Madrid: “se la vio salir de la cabina presa de llanto encerrándose en su habitación y decidiendo inopinadamente regresar a Madrid”[58]. Escapó de inmediato, cuando la policía llegó al Parador Montemar, ya no estaba, mediante dos telegramas interceptados en su habitación había sido avisada de su próxima detención[59]. Este hecho pone en evidencia la existencia de mecanismos protectores que la policía malagueña denunció: “Es natural porque existen en Madrid personas quien (sic) posee relaciones con el personal de algún ministerio que la pone al corriente entorpeciendo la labor de la policía”[60]. El contenido de los informes policiales es suficientemente ilustrativo del obstruccionismo que acompañó a cada una de las campañas de repatriación. La última, desplegada en 1947, fue la respuesta a la situación creada por el regreso de ciudadanos alemanes a España, a la posibilidad de reconstruir redes de ayuda a los detenidos, y al intento de reabrir los colegios alemanes. La elección de quienes y cuantos serían los propuestos para su detención y envió al territorio alemán fue objeto de una larga negociación. Emilio de Navasqüés, subsecretario de Economía y Comercio, designó a los que debían ser expulsados sin apelación, a los que podrían ser repatriados, y a los que de ninguna forma lo serían (Viñas, 2001).
La que sería denominada “lista negra” quedó integrada por 104 registros (Irujo, 2012, Apéndice). Su composición es indicativa de hasta qué punto las expectativas de los Aliados se vieron frustradas. Tras dos años de reclamaciones, más de un centenar de ciudadanos alemanes, significados por sus actividades en los servicios de inteligencia y propaganda, no habían sido localizados. La mayoría habían sido reclamados con anterioridad y figuraban en las listas remitidas recurrentemente al gobernador civil de Málaga. Pero ahora los Aliados disponían de mayor información, procedente de quienes sí fueron repatriados e interrogados.
La última y definitiva lista presenta la novedad de incluir por primera vez a los actores que, en función de sus actividades en España, más interesaban a los Aliados. Estos nunca serían entregados porque habían contribuido de una u otra manera a la victoria de Franco. Entre ellos estaba la cúpula empresarial germánica encabezaba por Johannes Bernhadt. Este empresario alemán, instalado en el protectorado español en Marruecos, presidente de SOFINDUS, medió ante Hitler para conseguir apoyo militar y logístico al ejército sublevado (Juárez, 2016). Junto a Hans Lazar, supremo responsable de la propaganda nazi en España, figuraban varios corresponsales de prensa, algunos reclamados para su detención en Málaga: Arthur Dietrich[61] y Anneliese Mündler. El personal diplomático era, junto a empresarios y periodistas, el otro foco de interés: Leonhard Bodemuller[62]; Hans Dede, cónsul de Mallorca; Gustav Draeger, cónsul de Sevilla; Hermann Goeritz, vicecónsul de Tánger; el cónsul de Bilbao, Friedhelm Burbach, y Paul M. Tiessler, cónsul de Almería, y jefe del Partido Nazi en Málaga[63]. Todos eran buscados desde el fin de la guerra. Pero al margen de los negocios y la diplomacia, si bien en estrecha relación con ambas actividades, la mayoría de los nombres de la “lista negra” eran agentes del Servicio de Inteligencia de la Gestapo, recurrentemente reclamados y nunca localizados. Sin embargo, aparecen por primera vez los agentes que actuaron en Málaga durante la Segunda Guerra Mundial: Hans Hoffmann y Alfred Giese. Esta tardía atención de los Aliados puede deberse tanto a la protección como a la información obtenida en los interrogatorios a los espías repatriados.
El programa de repatriación canalizado a través de la Dirección General de Seguridad era entendido por las autoridades españolas como un simple regreso a “su país” de ciudadanos alemanes que no ofrecerían resistencias. No parecían tener en cuenta, a la hora de procesar esas reticencias, que ya no existía aquel país, que volvían a un territorio ocupado por las potencias vencedoras, y que su primer destino serían campos de internamiento en los que eran interrogados. Entre enero y febrero de 1946, se llevaron a cabo, vía aérea, las primeras deportaciones, a las que siguieron vía marítima desde el Puerto de Bilbao, una en marzo y otra en junio. En esta última, fueron repatriados tres alemanes reclamados en Málaga: Schiffer, que interrogado por los americanos, negaría cualquier vinculación con SOFINDUS; el cónsul alemán, Ernst Pochammer, y Hermann Leo Ehnimb[64].
Las dos operaciones de traslado realizadas en agosto parecen organizadas según una jerarquía basada en la mayor o menor importancia que los deportados tenían para los Aliados. Dado que los traslados se desarrollaban paralelamente a las reclamaciones, los gobernadores civiles recibían listados con las personas que debían ser excluidas de la búsqueda por haber regresado al territorio alemán. En los registros de personas repatriadas, aparece un mayor número de mujeres que en las listas de reclamación, integrada mayoritariamente por varones[65], lo que puede indicar una menor resistencia al regreso, o bien que los roles de las mujeres de la colonia alemana eran los tradicionales y que su papel en actividades empresariales, de propaganda o inteligencia fue muy marginal[66].
La táctica de presentar una prelación en función de las actuaciones a favor de Reich, fue permitida por los Aliados, pero posibilitó que el gobierno español postergara la repatriación de los alemanes menos comprometidos. Sin embargo, el CCA no había renunciado a la deportación el 23 de agosto por vía aérea de significados espías. Entre ellos, dos agentes de inteligencia de la Gestapo: Karl Arnold y Walter Eugen Mossig: ambos habían operado en España bajo la cobertura de SOFINDUS. El primero llegó a Madrid en 1942[67]. Tras ser detenido tomó tal cantidad de somníferos que fue trasladado a Alemania en coma, sobrevivió y fue interrogado en la zona americana. Junto a él viajó Mosig, director de la red Grille, también enmascarada en las empresas dirigidas por Bernard (Juárez, 2016). En el mismo vuelo fueron trasladados Heinrich Bauer, que había operado en España durante la guerra; Johann Dumpert, vinculado a Gas y Electricidad, S.A., empresa que le servía de cobertura en Palma de Mallorca; Horst Muller Fiedler, empleado del consulado alemán y miembro de la Legión Cóndor; Edmund Niemann, quien desde las Palmas habría controlado las redes de inteligencia del Marruecos español y del Sahara; Karl Otterban, socio de la empresa, Frima, S.A. de Barcelona, a quien se le relacionaba con el también deportado Mossig, y Erns Schultze, empleado en la embajada de Alemania y delegado en Algeciras de la Abwehr. Algunos de los deportados, el 23 de agosto, habían sido previamente internados en el campo de Caldas de Malavella[68], establecido en 1945. Con ellos fue trasladada, Carla Brand, secretaria del máximo responsables de la Inteligencia Militar alemana en Madrid, Paul Winzert. Todos ellos podían dar una información sobre el papel de la colonia alemana en la guerra. Los restantes reclamados en la lista de agosto, en la mayoría de los casos, seguirían eludiendo una y otra vez su detención, tal y como demuestra la existencia del registro ya citado de los últimos 104 reclamados.
En el conjunto de ciudadanos alemanes de tránsito o residentes en Málaga, reclamados para su repatriación, se reconocen varias situaciones. Por una parte, docentes del Colegio Alemán y del consulado, ajenos a la colonia histórica, que posiblemente fueron enviados por el Reich antes o durante la guerra civil para impulsar el proceso de nacionalización del nuevo Estado alemán. Por otra parte, los informes elaborados por la policía malagueña identifican a un conjunto de ciudadanos alemanes cuya presencia en la provincia se detecta en el curso de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. En casi todos los casos, se trataba de agentes de inteligencia reclamados por el CCA, y relacionados con actividades de espionaje. En este grupo puede reconocerse a Giese, Hoffmann y Schiffer. Los tres, residentes en España desde hacía varias décadas, junto a Carlos Schorer, durante la Segunda Guerra Mundial, actuaron en Málaga bajo la cobertura de Colegio Alemán y de Scholtz Hermanos. No parece casualidad que los domicilios de los reclamados, situados en la zona residencial de Málaga, estuvieran muy próximos entre sí, y al Colegio Alemán.
La existencia en Málaga de una de las sedes del Servicio de Propaganda de la embajada alemana, justifica la presencia de una serie de personas vinculadas a esa actividad: Annelise Mundler, corresponsal del más importante medio del partido nazi; Arthur Dietrich, agregado de prensa en la embajada alemana, y Herman Gerlich.
Al margen de los ciudadanos alemanes registrados en las listas de la Dirección General de Seguridad enviadas al Gobierno Civil de Málaga, se detecta la presencia en la ciudad de un conjunto de personas clasificadas también como agentes, y cuyas actividades preocupaban a los Aliados[69].
Conclusiones: los límites de la desnazificación
La campaña de repatriación ordenada por el CCA al gobierno español tuvo un éxito muy limitado si se tienen en cuenta las expectativas de los Aliados. Pero el incumplimiento de esas expectativas no se debió a incapacidad o incompetencia de la Dirección General de Seguridad, de los gobernadores civiles o de las fuerzas de orden público puestas al servicio de la operación. Por el contrario, fueron las estrategias de protección, desplegadas por el propio Régimen y la Iglesia Católica, las que impidieron la entrega de la cúpula empresarial y la elite de los Servicios de Inteligencia y Propaganda nazi, tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial.
Parece evidente que las demandas de los Aliados sobre los ciudadanos alemanes residentes en Málaga no fueron satisfechas. Aquellos que fueron localizados nunca fueron detenidos. Simplemente desaparecieron, cambiaron su nacionalidad, o intentaron pasar desapercibidos, como Hans Werner Traumel. Este, docente del Colegio Alemán, no solo eludió la repatriación, sino que siguió impartiendo clases en su domicilio, una villa del Limonar. La policía respondió a la demanda de detención exigida por el cónsul americano, admitiendo que conocía la situación y la permitía, por las necesidades de la familia, en la que había varios niños pequeños. Para el consulado americano la situación era otra. Traumel era una amenaza, pues podía reiniciar las actividades del Colegio Alemán, una de los instrumentos que, según el programa de desnazificación aliado, tenía que ser neutralizado[70].
Los periodistas alemanes, agentes muy activos de los Servicios de Propaganda, Anneliese Mundler y Arthur Dietrich, residieron durante la Segunda Guerra Mundial en Torremolinos. Precisamente allí, Enrique Bolín Bidwell, hermano del entonces director general de Turismo, Luis Bolín, abrió en 1942 el hotel La Roca (Luque, 2024, p. 292). En aquel establecimiento, la policía malagueña localizó a algunos de los reclamados, como Edgar Horns. Ninguno llegó a ser detenido en aquella localidad, donde la pionera estructura hotelera, propiedad de empresarios estrechamente vinculados con el Régimen, sirvió de cobertura a sus huéspedes alemanes. La orden de repatriación no debió afectar a Hermann Gerlich, director oficial de transportes turísticos de los Ferrocarriles Alemanes[71], uno de los nazis que más interesaban a los Aliados. Abandonó Torremolinos el mismo día en que se suicidó Hitler. No le parecería seguro permanecer donde había residido una pequeña colonia alemana. Encontró refugio en un lugar entonces desconocido, el pequeño pueblo de Marbella. Allí, un aristócrata, Ricardo Soriano Sholchz, emparentado con el príncipe Max Hohenlohe, abrió en 1943 el hotel El Rodeo (Mata, 2005). En aquel establecimiento, Gerlich, bajo una identidad falsa, se ocultó durante algún tiempo[72]. Después, en 1952, se convirtió en ciudadano español[73].
Sin duda, son Alfred Giese y Hans Hoffmann, directivos del Colegio Alemán durante la Segunda Guerra Mundial, quienes ejemplifican el paradigma del escapismo. Ambos representan las estrategias desplegadas por el Régimen para proteger a los apoyos del nazismo. Giese esgrimió su intervención en la Legión Cóndor (Messenger, 2018). Más estrechas fueron las relaciones de Hoffmann con el franquismo. Traductor de la embajada alemana, fue intérprete de la División Azul. Pero el interés de los Aliados en capturarlo estaba relacionado con su actividad diplomática, la mayoría del personal de los consulados eran espías, y entre los más activos se encontraba Hoffmann, agente consular en Ceuta (Sueiro, 2015). Cuando Tánger fue ocupada por España en 1940, él formaba parte de la comisión que tomo posesión del consulado[74]. Los Aliados intentaron vanamente que fuera repatriado. El Ministro de Agricultura, Carlos Rein Segura exigió, al Director General de Seguridad, que fuera sacado de las listas. Nunca fue detenido. Su privilegiada relación con Rafael Cavestany y con Muñoz Grandes -ambos filonazis- lo protegió. Hoffmann se convirtió en un actor imprescindible en la reanudación de relaciones diplomáticas y económicas entre España y la República Federal de Alemania, facilitando al gobierno de Adenauer información y contactos hasta 1953 (Sanz, 2005, pp. 78-79). Sin embargo, en la nueva Alemania, la estrecha relación de Hoffmann con el nazismo siempre suscitó una gran desconfianza. Ello no impidió que fuera nombrado cónsul en Algeciras en 1965, y de Málaga en 1966 (Pérez, 2022, p. 37). Siempre de la mano de las altas jerarquías franquistas, en la provincia de Málaga intervino en el negocio inmobiliario que acompañó al desarrollo turístico (Irujo, 1997). No fue el único alemán reclamado por los alemanes que se afincó en la costa malagueña y se dedicó al negocio hotelero. El citado Gerlich, promotor del Hotel Santa Bárbara en Estepona, es solo otro ejemplo.
Son los Hohenlohe, alemanes étnicos de los Sudetes, quienes ejemplifican la existencia de una vinculación entre los apoyos que el Tercer Reich tuvo en España y el desarrollo turístico de la Costa de Sol. El príncipe Max Hohenlohe estuvo siempre bajo la mirada de los Aliados, pero su matrimonio, con la aristócrata española Piedad Iturbe Scholtz, le eximió de cualquier reclamación. Totalmente comprometido con la política exterior de Hitler, trabajó activamente con el partido nazi de los Sudetes, para la anexión -consumada en los Acuerdos de Múnich- de aquel territorio al Reich (Urbach, 2015; Kozlová, 2016). En 1944, cuando ya se vislumbraba la derrota alemana, Hohenlohe, con la total complicidad de la Iglesia ocultó y sacó de España a Reinhard Spitzy, uno de los nazis que más interesaban a los Aliados. Unos años después, invitado por su sobrino Ricardo Soriano, llegó a lo que sería la Costa del Sol en 1945 (Mata, 2005). Según Karina Urbach (2015), Marbella fue un paraíso para el capital nazi. Tras la guerra, había mucho dinero que blanquear, y a los antiguos simpatizantes de Hitler, ese pueblo, entre Málaga y Gibraltar, les pareció un lugar seguro. Los Hohenlohe fueron junto a Soriano los primeros inversores en la década de los cuarenta, pero en 1955, casi el 65% del total del capital extranjero invertido en Marbella pertenecía a una ciudadana alemana[75]. Era Elizabeth Horcher a quien la Comisión Roberts, encargada de la investigación del saqueo patrimonial en territorios del Reich, atribuyó el traslado a España de varios cargamentos de obras de Arte (Meyer, 2021, p. 237). Tanto ella como su esposo, el célebre restaurador Otto Horcher, aparecen incluidos en los registros de Alemanes Indeseables por su colaboración con el nazismo. Dada la red tejida en torno a Hohenlohe, es fácil vincular a los inversores alemanes al entorno del príncipe.
A ningún ciudadano alemán, señalado por los vencedores como apoyo activo al nazismo, o como colaborador, le alcanzó responsabilidad alguna. No es necesario insistir, dada su obviedad, en la complicidad del régimen de Franco. Más allá del débito del apoyo alemán al bando franquista en la Guerra Civil, en la posguerra mundial, y en la década de los cincuenta, el papel del capital alemán en el desarrollo turístico de la provincia, en concreto de la Costa del Sol, no es desdeñable. Las alianzas entre las jerarquías franquistas y los antiguos nazis volvieron a tejerse. El principesco linaje de los Hohenlohe fue uno de los principales componentes de la promoción de la Costa del Sol para la atracción de un turismo de elite. En España, el pasado político de Hohenlohe dejo de existir. Pero fue este el único país que no le pidió cuentas. En septiembre de 1950, a través de la embajada, se advirtió “a todas las oficinas consulares británicas en España que no concedieran facilidades al Príncipe para visitar Gibraltar”[76]. En Europa su pasado nazi no se olvidó.
Hoffman, el antiguo interprete de la División Azul, directivo bajo el régimen nazi del Colegio Alemán de Málaga, identificado por los Aliados como un peligroso agente de la Gestapo, contó con la amistad y el apoyo de Girón de Velasco (Portero, 2021) y volvió a abrir el Colegio Alemán. Los nazis que se quedaron en la costa fueron tan útiles para el enriquecimiento de las elites del franquismo durante el desarrollismo como lo habían sido para su victoria en la Guerra Civil.
Hoffman nunca ha reconocido su vinculación con el nazismo. Sin embargo, en función del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el monumento dedicado a su recuerdo, erigido junto al Colegio Alemán, ha sido retirado. Ha sido el último y más exitoso acto de la fallida desnazificación, emprendida en los años cuarenta en la provincia de Málaga.
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