Revista Internacional de Educación y Análisis Social Crítico Mañé, Ferrer & Swartz.
ISSN: 2990-0476
Vol. 4 Núm. 1 (2026)
Barricadas, cócteles molotov, incendios y atentados explosivos. Aportes a una tipología de la violencia política en el anarquismo chileno contemporáneo (2004–2019)
Barricades, Molotov Cocktails,
Fires, and Explosive Attacks.
Contributions
to a Typology of Political Violence in Contemporary Chilean Anarchism
(2004–2019)
Barricadas, Coquetéis Molotov, Incêndios e Atentados Explosivos. Contribuições para uma Tipologia da Violência Política no Anarquismo Chileno Contemporâneo (2004–2019)
Felipe Guerra Guajardo
Doctor en Historia (Universidad Santiago de Chile). Investigador posdoctoral en la USACH. Docente en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
https://orcid.org/0000-0002-9759-7100
f.guerra.guajardo@gmail.com
El resurgimiento del anarquismo en Chile a comienzos del siglo XXI dio lugar a la reconfiguración de sus prácticas políticas y de los sujetos que las protagonizaron, inscribiéndose en un nuevo ciclo de conflictividad social. En este contexto, la violencia política constituyó uno de los repertorios mediante los cuales el anarquismo contemporáneo expresó su antagonismo con el Estado y sus instituciones. A partir de un análisis historiográfico sustentado en la triangulación de fuentes judiciales, prensa escrita y materiales producidos por el propio movimiento, este artículo identifica, describe y caracteriza distintas tipologías de violencia política anarquista desarrolladas entre 2004 y 2019. El recorte temporal responde a criterios analíticos vinculados a la especificidad de este ciclo histórico y no implica la clausura del fenómeno. El enfoque tipológico propuesto permite comprender estas prácticas no como un proceso homogéneo ni lineal, sino como un campo de experiencias atravesado por continuidades, transformaciones tácticas y disputas internas. De este modo, el trabajo contribuye a la historia reciente del anarquismo chileno y al estudio historiográfico de la violencia política en el tiempo presente.
Palabras clave: Acción Directa, Anarquismo, violencia política, protesta social, conflicto político, revolución, historia crítica.
Abstract
The resurgence of anarchism in Chile at the beginning of the twenty-first century led to a reconfiguration of its political practices and of the subjects who carried them out, situating the movement within a new cycle of social conflict. In this context, political violence constituted one of the repertoires through which contemporary anarchism articulated its antagonism toward the State and its institutions. Based on a historiographical analysis grounded in the triangulation of judicial sources, written press, and materials produced by the movement itself, this article identifies, describes, and characterizes different typologies of anarchist political violence developed between 2004 and 2019. The temporal delimitation responds to analytical criteria linked to the specificity of this historical cycle and does not imply the closure of the phenomenon. The proposed typological approach allows these practices to be understood not as a homogeneous or linear process, but rather as a field of experiences shaped by continuities, tactical transformations, and internal disputes. In this way, the article contributes to the recent history of Chilean anarchism and to the historiographical study of political violence in the present time.
Keywords: Direct Action, Anarchism, political violence, social protest, political conflict, revolution, critical history.
Resumo
O ressurgimento do anarquismo no Chile no início do século XXI deu lugar à reconfiguração de suas práticas políticas e dos sujeitos que as protagonizaram, inserindo-se em um novo ciclo de conflitividade social. Nesse contexto, a violência política constituiu um dos repertórios por meio dos quais o anarquismo contemporâneo expressou seu antagonismo em relação ao Estado e às suas instituições. A partir de uma análise historiográfica fundamentada na triangulação de fontes judiciais, imprensa escrita e materiais produzidos pelo próprio movimento, este artigo identifica, descreve e caracteriza diferentes tipologias de violência política anarquista desenvolvidas entre 2004 e 2019. O recorte temporal responde a critérios analíticos vinculados à especificidade desse ciclo histórico e não implica o encerramento do fenômeno. A abordagem tipológica proposta permite compreender essas práticas não como um processo homogêneo ou linear, mas como um campo de experiências atravessado por continuidades, transformações táticas e disputas internas. Dessa forma, o trabalho contribui para a história recente do anarquismo chileno e para o estudo historiográfico da violência política no tempo presente.
Palavras-chave: Acção directa, Anarquismo, violência política, protesto social, conflito político, revolução, história crítica.
Durante la primera década del siglo XXI, Chile registró una seguidilla de atentados explosivos reivindicados por grupos anarquistas, junto con una confrontación persistente con las fuerzas policiales en disturbios, manifestaciones y acciones planificadas. Este escenario abrió interrogantes en el ámbito político, en la opinión pública y en los organismos de seguridad respecto de los actores involucrados, las tradiciones políticas que sustentaban estas acciones y su carácter novedoso o histórico. Aunque la tradición anarquista en Chile ha sido discontinua, con períodos de visibilidad y repliegue, su reemergencia contemporánea no solo irrumpió en el espacio público, sino que también se articuló con continuidades vinculadas a repertorios de violencia política desarrollados desde sectores de izquierda radical y antiinstitucional.
La asociación entre anarquismo y violencia cuenta con una extensa trayectoria histórica a nivel internacional. Aunque los medios de comunicación y los discursos de adversarios políticos han reforzado esta imagen, no puede entenderse únicamente como una caricatura o construcción mediática, pues posee un claro anclaje histórico. Un hito relevante en esta tradición fue la formulación de la denominada “propaganda por el hecho”, acordada en el Congreso de la Internacional Antiautoritaria realizado en Londres en 1881 (Avilés, 2012), donde se defendió la acción violenta como un medio privilegiado de agitación política y pedagogía revolucionaria. La conocida afirmación según la cual “el más simple hecho dirigido contra las instituciones actuales habla mejor a las masas que millares de impresos y oleadas de palabras” (Avilés, 2009) expresa con claridad una concepción de la violencia como lenguaje político y dispositivo de interpelación social. Con todo, esta formulación constituyó solo una entre múltiples expresiones históricas del vínculo entre anarquismo y violencia.
La utilización de la violencia como un recurso político no ha sido exclusiva del anarquismo, sino que ha sido empleada por diversas corrientes ideológicas, tanto revolucionarias como conservadoras, con fines de transformación, conservación o restauración del orden social. En el caso anarquista, la especificidad de la violencia política no reside tanto en su intensidad o letalidad, sino en la radicalidad de sus fundamentos ideológicos, particularmente en la negación del Estado, de sus instituciones y de toda forma de autoridad.
No obstante, el anarquismo contemporáneo también ha desplegado un amplio repertorio de prácticas políticas no violentas, tales como la creación de centros sociales, publicaciones, okupaciones, colectivos territoriales y participación en espacios estudiantiles. Estas experiencias han coexistido con la acción violenta, configurando un campo de intervención política diverso que no puede reducirse a una única modalidad.
En este marco, la presente investigación analiza la violencia política en el movimiento anarquista contemporáneo en Chile entre 2004 y 2019. La pregunta que orienta el estudio indaga en las formas que asumió dicha violencia durante este período. El objetivo general consiste en caracterizar estas prácticas, proponiendo una tipología que permita distinguir sus principales modalidades de despliegue, mientras que los objetivos específicos buscan identificar sus formas de manifestación y examinar los contextos políticos y sociales en los que se inscriben.
El análisis de la violencia política anarquista, atendiendo a su trayectoria histórica y a la diversificación de sus repertorios, permite examinar su inserción en distintos ciclos de movilización social y las respuestas desplegadas por el Estado. Asimismo, facilita comprender la interacción entre acción política radical y dispositivos de control, vigilancia y represión, así como los sentidos políticos y simbólicos que emergen en contextos históricos específicos.
Sobre esta base, el artículo propone una definición operativa de violencia política anarquista y construye una tipología orientada a comprender la heterogeneidad de sus formas de expresión durante el período estudiado.
Estrategia metodológica
Este estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter interpretativo, enfocado principalmente en la comprensión de las formas y expresiones que asume la violencia política anarquista. Mediante un desarrollo hermenéutico y comparativo se identificaron regularidades en los repertorios de acción, desde las cuales se construyeron categorías.
El corpus con el cual se trabajó se compone principalmente de fuentes judiciales, prensa escrita y material producido por el propio movimiento anarquista. Su triangulación permite reconstruir algunos episodios y contrastar distintas perspectivas, accediendo a su dimensión pública como también a las interpretaciones elaboradas por sus propios protagonistas.
El período temporal en el que se trabajó se sitúa entre 2004 y 2019. El año 2004 se define como punto de partida en función de la reaparición visible de prácticas de violencia política asociadas al anarquismo en el espacio público, particularmente en el contexto de las protestas anti-APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico: Jiménez, 2022) y en la reivindicación de atentados explosivos por parte de grupos identificados claramente con esta corriente. El año 2019, por su parte, constituye un punto de inflexión, con la ocurrencia de la revuelta social que reconfiguró las escalas, actores y repertorio de la violencia política en Chile.
A partir del análisis de estas fuentes, si bien no se pretendió elaborar un catastro o labores cuantitativas, si se consiguió identificar cierta categorización y métodos en la forma que se desplegó la violencia. Sobre estas regularidades se construyó una tipología analítica que permite distinguir y categorizar el ejercicio de violencia ácrata ya no como un repertorio heterogéneo. En ese sentido, las categorías propuestas se elaboraron a partir de regularidades empíricas detectables en las fuentes.
La conceptualización de la violencia ha generado un amplio campo de reflexión en las ciencias sociales, abordando sus definiciones, usos y tipologías desde disciplinas como la antropología, la ciencia política, la psicología y la sociología. La historiografía se incorporó de manera más tardía, al considerar la violencia como una dimensión susceptible de ser historizada, capaz de dar cuenta tanto de procesos de cambio como de continuidades en el tiempo. Diversos enfoques la han interpretado como expresión de anomia social, desde perspectivas patologizantes o desde marcos centrados en factores estructurales y culturales, lo que ha llevado a privilegiar aproximaciones interdisciplinarias para su comprensión.
Una parte relevante de estos esfuerzos se ha orientado a definir el concepto mismo de violencia. Sin embargo, su ampliación indiscriminada, al punto de incluir casi cualquier acción humana, ha tendido a vaciarlo de contenido analítico y a dificultar su operatividad como categoría (Aróstegui, 1994b). Frente a ello, algunas investigaciones han optado por historizar su discusión semántica (Blair, 2009), evidenciando la dificultad de construir una definición universal. Desde esta perspectiva, se han desarrollado estudios sobre sus fundamentos éticos (Suñé, 2009), sus valores simbólicos, su relación con el género (Krook & Restrepo, 2016) o su carácter sistémico en las sociedades contemporáneas (Han, 2016).
Entre los aportes clásicos destaca Walter Benjamin, quien distinguió entre violencia legítima y legal, así como entre aquella fundadora del derecho y la orientada a su conservación (Benjamin, 2001). Esta reflexión fue retomada por Eduardo Grüner, quien subrayó su carácter fundacional de nuevos órdenes jurídicos y políticos (1997). Por su parte, Max Weber centró su análisis en la legitimación de la violencia estructural, especialmente en la consolidación del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado (2021).
Para los fines de esta investigación, esta diversidad de perspectivas requiere ser acotada, particularmente en lo relativo a la noción de violencia política. Distintos estudios la han abordado a partir de episodios específicos del conflicto social (Goicovic, 2013) o desde análisis de larga duración (Salazar, 2006), con un énfasis historiográfico en las masacres estatales (Goicovic, 2004), así como en el rechazo a la disciplina estatal (Goicovic, 2020), o en prácticas ilegales desarrolladas por sectores populares como respuesta a estructuras de dominación (Lozoya, 2014).
Florentino Moreno Martín, profesor del Departamento de Psicología Social, Trabajo y Diferencial de la Universidad Complutense de Madrid, propone entender la violencia política como la acción de grupos organizados orientada a modificar la estructura del poder, su distribución o la forma en que este se ejerce (Moreno, 2009). Desde esta perspectiva, abarca tanto el uso de la fuerza por parte del Estado como las acciones de quienes se rebelan frente a su autoridad o frente a actores equivalentes. No obstante, desde enfoques centrados en el orden estatal, resulta frecuente equiparar violencia política y terrorismo (Rosler, 2015), enfatizando su carácter ilegítimo y criminal. Pilar Calveiro, doctora en ciencia política, exiliada de Argentina, tras haber permanecido secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar de los setenta, advierte que la vaguedad del concepto de terrorismo permite incluir bajo esa etiqueta prácticas muy diversas, incluso acciones completamente pacíficas (2012).
Desde otra perspectiva, el historiador Eduardo González Calleja plantea que la violencia debe comprenderse como una acción simbólica dotada de significado, capaz de comunicar (2002). En una línea similar, Julio Aróstegui la concibe como un mecanismo de resolución de conflictos que rompe con las normas establecidas, entendiéndola como una relación social: así, la violencia política puede definirse como toda acción no prevista en las reglas, realizada por actores individuales o colectivos, orientada a influir o controlar el funcionamiento del sistema político (1994a).
Isabelle Sommier, profesora de Sociología en la Universidad de París, profundiza esta caracterización al enfatizar la intencionalidad pragmática de quienes la ejercen, entendiéndola como aquel comportamiento orientado a causar daño físico con el objetivo de confrontar al poder desde una ideología de cambio social radical (2009).
Para esta investigación, la violencia política se entiende como una relación entre actores confrontados que resuelven sus controversias mediante medios no institucionales, expresándose a través de ataques colectivos motivados por una idea de cambio social radical y dirigidos contra un régimen político o contra otros grupos en competencia.
Entre las distintas formas de conceptualizar lo político en el ejercicio de la violencia, la adscripción de los actores a una matriz ideológica determinada facilita su inteligibilidad. Este trabajo se centra en la violencia política inscrita en la matriz del anarquismo, lo que exige una caracterización acotada de dicha corriente.
Si bien pueden rastrearse antecedentes remotos del pensamiento anárquico, el anarquismo como doctrina política corresponde a un fenómeno moderno, surgido a mediados del siglo XIX. Su etimología, derivada del griego an-arkhé (sin gobierno), evolucionó desde designar ausencia de autoridad hacia una propuesta revolucionaria de emancipación social. Se desarrolló con especial fuerza en el movimiento obrero europeo y confluyó con el marxismo en la Primera Internacional, donde ambas corrientes disputaron estrategias, especialmente en torno al rol del Estado.
Pese a su diversidad, es posible identificar principios mínimos. Sébastien Faure advierte la dificultad de formular una definición cerrada y sostiene, como constitutivo de su doctrina, un conjunto de principios generales entre individuos que se sienten enemigos de la autoridad y luchan, aislada o colectivamente, contra todas las disciplinas y obligaciones políticas, económicas, intelectuales y morales que se desprenden de ella (Faure, 2006). En esta línea, el profesor de derecho, Hugo Araneda Dörr, describe la coexistencia de una dimensión negativa, expresada en la negación del Estado, y una positiva, orientada a la cooperación sin coerción (1993). Faure identifica además tres formas centrales de la autoridad: política, económica y moral (2006), mientras el programa de la Unión Anarquista Italiana de 1920 plantea la abolición de la propiedad privada y de toda forma de gobierno (Montseny, 2014).
Piotr Kropotkin sintetiza esta concepción al definir el anarquismo como una forma de organización social sin gobierno, basada en acuerdos libres (Grupo de estudios J. D. Gómez Rojas, 2017). Pese a su diversidad, mantiene como núcleo la oposición entre el Estado y la emancipación humana, expresada radicalmente por Bakunin al señalar que el Estado es la negación de la humanidad (Bakunin, 1979).
Estos elementos permiten caracterizar al anarquismo como una matriz ideológica estructurada en torno al rechazo del Estado, el capital, la religión y toda forma de autoridad, orientada a la horizontalidad y el apoyo mutuo.
Resulta fundamental precisar que la adscripción al anarquismo no implica necesariamente el recurso a la violencia política. Históricamente, amplios sectores han privilegiado otros repertorios de acción e incluso han rechazado la violencia por considerarla contraproducente. En consecuencia, la violencia no constituye un rasgo esencial del anarquismo, sino una práctica asociada a determinadas tendencias o coyunturas.
En este marco, la violencia política anarquista puede entenderse como un ejercicio de confrontación por medios no institucionales, expresado en acciones dirigidas contra el régimen político u otros actores considerados opresores, sustentado en una motivación de transformación social radical que articula tanto el antagonismo frente a las estructuras de dominación como la afirmación de relaciones sociales basadas en la libre asociación.
Historia del anarquismo chileno: Del movimiento obrero a la juventud encapuchada
Durante el siglo XIX, América Latina comenzó a consolidarse como destino de migrantes europeos impulsados por la búsqueda de nuevas fuentes de subsistencia, en un contexto en que la economía capitalista global demandaba el desplazamiento de mano de obra. Estos migrantes, mayoritariamente obreros, introdujeron ideas anarquistas que encontraron terreno fértil en países como Argentina, Uruguay y Brasil, y que pronto se expandieron hacia el resto del continente, incluido Chile. En Valparaíso, ya en 1893, se editaba El Oprimido, primer periódico ácrata (Muñoz, 2015), marcando el inicio de una influencia ideológica que transformó las formas en que los trabajadores enfrentaron la explotación y organizaron su acción colectiva. El anarquismo promovía la organización horizontal, la acción directa y la no delegación, identificando al Estado, el capital y la religión como obstáculos para la emancipación humana.
En un contexto de expansión oligárquica y creciente industrialización, los trabajadores chilenos comenzaron a organizarse en sociedades de socorro mutuo y, posteriormente, en sociedades de resistencia, influenciadas por el anarquismo, que convivió con corrientes socialistas. A fines del siglo XIX se consolidaron agrupaciones anarquistas en Santiago, Valparaíso y otras ciudades, con presencia en el espacio público a través de publicaciones, movilizaciones y acciones directas. El anarquismo no se limitó a la lucha laboral, sino que impulsó una transformación más amplia del individuo y la sociedad, incorporando prácticas como el naturismo, la autoformación y la liberación sexual.
Durante las primeras décadas del siglo XX, mientras desde el movimiento obrero se constituían diversos partidos políticos, los anarquistas optaron por mantener organizaciones autónomas y evitar la participación en la estructura estatal. En este marco, participaron activamente en huelgas y movilizaciones obreras que enfrentaron una fuerte represión. La Industrial Workers of the World (Trabajadores Industriales del Mundo) y la Federación Obrera de Chile representaron algunas de las expresiones más relevantes del movimiento obrero impulsadas por sectores ácratas. Junto a estas grandes organizaciones, también se desarrollaron acciones violentas minoritarias, como las protagonizadas por Antonio Ramón en 1914 (Goicovic, 2020), quien intentó ejecutar al general responsable de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique (Devés, 2018), o por Efraín Plaza Olmedo en 1912 (Varios Autores, 2012), cuya acción armada se dirigió contra miembros de la burguesía en el centro de Santiago.
Asimismo, es posible rastrear expresiones anarquistas en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, las cuales enfrentaron una intensa represión bajo discursos nacionalistas que calificaban a los ácratas como antipatriotas (Craib, 2018).
Hacia las décadas de 1930 y 1940, el movimiento anarquista entró en un marcado declive. La instauración del Código del Trabajo en 1931 debilitó sus estructuras en el movimiento obrero al integrar los sindicatos al sistema legal, proceso que se vio reforzado por la represión del régimen de Ibáñez del Campo contra los movimientos contestatarios. En este escenario, la creciente hegemonía de las corrientes marxistas fue desplazando a los militantes anarquistas. En 1953, sectores ácratas participaron en la fundación de la Central Única de Trabajadores con el objetivo de recuperar influencia, pero sus propuestas insurreccionales quedaron subordinadas a estrategias reformistas. Las tensiones con el sindicalismo oficial se profundizaron y muchas organizaciones libertarias terminaron por marginarse o desaparecer (Godoy, 2020).
En las décadas siguientes, la pérdida de influencia del anarquismo se hizo evidente junto con la fragmentación de sus escasas organizaciones. A nivel latinoamericano, la Revolución Cubana de 1959 capturó la atención del movimiento revolucionario y reforzó la centralidad de la visión marxista de la revolución.
En 1970, Salvador Allende ganó las elecciones e inauguró el gobierno de la Unidad Popular, que propuso la vía chilena al socialismo como una transición pacífica y democrática. En este contexto, la presencia del anarquismo resultó marginal. Destacó principalmente el Movimiento Sindical Libertario, que reunió a sectores revolucionarios no institucionales, aunque con predominio marxista, y una debilitada Federación Libertaria de Chile, cuyas expresiones se limitaron a volantes y declaraciones aisladas (Godoy, 2025).
El proyecto de la Unidad Popular se desarrolló bajo una creciente presión interna y externa. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos percibió la experiencia chilena como una amenaza estratégica, impulsando un boicot económico y acciones de desestabilización política. Tras tres años de gobierno, este proceso culminó en el golpe militar de septiembre de 1973, que inauguró una dictadura cívico-militar caracterizada por una represión sistemática contra partidos y movimientos de izquierda.
El anarquismo, ya debilitado tras un prolongado período de hegemonía marxista, prácticamente desapareció del escenario interno durante la dictadura. Si bien pueden identificarse algunas expresiones en el exilio, estas tuvieron escasa incidencia en los debates sobre la resistencia al régimen (Muñoz, 2013), La historiografía ha abordado este vacío histórico, subrayando la limitada presencia de expresiones ácratas en este período (del Solar & Pérez, 2008).
Durante la década de 1990, en el marco de la transición a la democracia, los gobiernos de centroizquierda promovieron políticas orientadas a la desarticulación de las organizaciones de resistencia armada que mantuvieron la confrontación con la herencia autoritaria. Este proceso de pacificación social, sumado a la derrota de la izquierda radical y al agotamiento de los socialismos reales, configuró un nuevo escenario político en el que las ideas anarquistas comenzaron a reemerger. A diferencia de sus expresiones históricas ligadas al movimiento obrero, este nuevo ciclo se articuló principalmente en torno a sectores juveniles, espacios contraculturales y nuevas formas de politización.
Desde la crítica a la transición democrática, el antimilitarismo y la influencia del punk y la contracultura, el anarquismo adquirió nuevos bríos, organizándose en torno a fanzines, centros sociales y casas okupadas (Salazar, 2014). En distintos planos, el movimiento comenzó a rearticularse mediante el apoyo a los prisioneros políticos de la transición, su participación en el movimiento estudiantil y su inserción en la continuidad de la violencia callejera propia de la tradición revolucionaria chilena (Kalinov Most, 2018). En este contexto, los anarquistas participaron activamente en manifestaciones, disturbios y enfrentamientos con la policía, alcanzando una creciente notoriedad pública.
Expresiones de la violencia en el anarquismo contemporáneo
Con el resurgimiento del movimiento anarquista en Chile a comienzos del siglo XXI, y pese a la continuidad de prácticas previas de violencia política, principalmente asociadas a la violencia callejera, el anarquismo comenzó a adquirir progresivamente una presencia central en determinadas dinámicas del conflicto urbano. En estos espacios confluyeron diversos grupos de izquierda extraparlamentaria y corrientes anticapitalistas, dentro de los cuales el anarquismo consolidó un rol relevante en la acción directa y el enfrentamiento con el Estado.
La tradición subversiva heredada de las organizaciones político militares que combatieron la dictadura y, posteriormente, la transición, contribuyó a legitimar el uso de la violencia en sectores radicalizados, aun cuando dichas orgánicas se extinguieran hacia mediados de la década de 1990. Este proceso configuró un escenario favorable para la inserción del anarquismo en la protesta radical, dinamizando la violencia política tanto en su temporalidad, al romper con la concentración exclusiva en fechas emblemáticas, como en sus modalidades, mediante la recuperación de prácticas explosivistas (Anónimo, 2015; Colecciones Memoria Negra, 2018a, 2018b), y la ampliación de los objetivos de ataque, en coherencia con la negación radical de toda forma de autoridad propia de la matriz anarquista.
A los elementos de continuidad con el anarquismo histórico, dirigidos contra el Estado, el capital y la religión, se sumaron en el período contemporáneo nuevos discursos y sensibilidades, como el antiespecismo, el ecologismo radical y el feminismo. Estas incorporaciones reforzaron la heterogeneidad interna del movimiento. En torno a la organización, la definición del sujeto revolucionario, las formas de intervención en los conflictos sociales y el lugar asignado a la violencia política, se estructuraron diversas corrientes, frecuentemente en tensión, entre ellas el anarquismo de síntesis, el especifismo y el insurreccionalismo. Esta última tendencia suele asociarse con mayor fuerza a la violencia política del período estudiado, al promover formas organizativas informales basadas en grupos de afinidad, la urgencia del ataque en el presente y la reivindicación del valor propagandístico de la violencia.
Desde 2005, una serie de ataques incendiarios y explosivos contra instituciones estatales y financieras, reivindicados por grupos anarquistas, comenzó a ocupar un lugar prioritario en la agenda de seguridad del Estado. El año 2006 marcó un punto de inflexión en la consolidación del movimiento anarquista, evidenciado tanto en la masividad de su presencia en enfrentamientos callejeros como en acciones simbólicas de alto impacto, entre ellas el lanzamiento de cócteles molotov contra el Palacio de La Moneda y las primeras detenciones de anarquistas.
Desde entonces, la violencia política anarquista se expandió hacia una diversidad de espacios, modalidades y dinámicas de acción, las cuales serán analizadas a través de una tipología operativa. Estas categorías no buscan establecer niveles de frecuencia ni jerarquías entre las modalidades, sino identificar las principales formas en que el anarquismo contemporáneo chileno expresó violencia política en el espacio público. La delimitación de estos repertorios constituye un primer paso analítico que puede servir de base para futuras investigaciones.
Esta categoría abarca episodios de violencia registrados en el marco de manifestaciones con convocatoria masiva, en territorios poblacionales y en disturbios desarrollados durante extensas jornadas de protesta social, huelgas o paros generales. En estos escenarios, los actores involucrados no necesariamente se conocen entre sí, suelen organizarse en pequeños grupos y no definen previamente los lugares ni los tiempos específicos en los que ejercen la violencia, aun cuando puedan concurrir provistos de indumentaria o elementos destinados al enfrentamiento.
Entre estos se incluyen, a modo ejemplar, capuchas, cócteles molotov, botellas con pintura, hondas, martillos u otros artefactos de fabricación casera, así como objetos disponibles en el entorno inmediato, tales como piedras o mobiliario urbano.
Una característica central de esta modalidad, de la cual deriva su baja estructuración, es la ausencia de control efectivo sobre el desarrollo de la situación. Los participantes no determinan el inicio, el desenlace, ni el recorrido espacial de la acción. Si bien su intervención puede acompañarse de panfletos, lienzos o consignas que expresan una adscripción ideológica anarquista y delimitan los blancos de la violencia -como fuerzas policiales o determinadas instituciones estatales, financieras o religiosas-, ello no se traduce en un control estratégico del curso del enfrentamiento.
Debido a su carácter disruptivo y a la falta de coordinación con los convocantes originales, esta forma de participación suele generar cuestionamientos y deslindes por parte de quienes organizan las movilizaciones, así como acusaciones de infiltración o señalamientos que atribuyen a estas acciones el favorecer la represión estatal. En algunos casos, estas tensiones derivan en enfrentamientos entre los propios manifestantes.
Este tipo de violencia se registra con frecuencia en contextos de movilización masiva, como la denominada “revolución pingüina” de 2006, las protestas estudiantiles universitarias de 2011, y diversas conmemoraciones del calendario político nacional. En la cobertura mediática, estos episodios suelen asociarse a grupos identificados como anarquistas y culminan en detenciones de militantes ácratas, procesados principalmente bajo la Ley de Control de Armas por el uso de bombas molotov. Posteriormente, dichas detenciones son referidas en comunicados y actividades del movimiento, reforzando la visibilidad pública de esta modalidad.
Desde una perspectiva analítica, la violencia callejera de baja estructuración permite comprender la violencia política anarquista como una práctica contingente, dependiente del contexto inmediato de movilización y del curso imprevisible del conflicto urbano. A diferencia de modalidades más planificadas, esta forma de acción no busca producir un hecho político autónomo, sino insertarse de manera reactiva en dinámicas colectivas preexistentes, privilegiando la irrupción, la confrontación y el desborde, aun a costa de perder control estratégico sobre el desarrollo del acontecimiento.
Violencia callejera de alta estructuración
Esta categoría comprende expresiones de violencia desarrolladas por actores organizados y coordinados, quienes definen previamente los lugares y los tiempos de ejecución, sin que medie una manifestación o convocatoria masiva. Los protagonistas concurren preparados para el ejercicio de la violencia, considerando tanto el despliegue de la acción como la retirada posterior del lugar.
La modalidad de intervención es definida de antemano, lo que evidencia un alto grado de estructuración en la planificación, en la llegada disimulada al sector y en el desarrollo del episodio violento. Esta forma de violencia se manifiesta, principalmente, mediante barricadas -muchas veces precedidas por el acopio previo de materiales como neumáticos-, y en enfrentamientos con las fuerzas policiales, que incluyen el uso de cócteles molotov y, en determinadas circunstancias, la utilización ocasional de armas de fuego.
La violencia callejera de alta estructuración incorpora habitualmente dispositivos de propaganda política, como lienzos, panfletos o rayados, mediante los cuales los actores explicitan los motivos de la acción y del enfrentamiento con la policía. En algunos casos, estas irrupciones son reivindicadas posteriormente a través de comunicados difundidos en sitios web de orientación anarquista (Hommodolars, 2011; Liberación Total, 2013; Noticias de la Guerra Social, 2022). Finalizada la acción, los participantes suelen retirarse de manera coordinada. Durante el período estudiado, este tipo de prácticas se registra principalmente en recintos educacionales -universidades y liceos-, aunque también aparece en avenidas céntricas y en determinados territorios poblacionales.
Esta modalidad de violencia se ha expresado preferentemente en contextos de movilizaciones específicas, como huelgas de hambre de prisioneros políticos, acciones de rechazo a iniciativas legislativas y, de forma recurrente, conmemoraciones de anarquistas fallecidos. Meses como mayo y diciembre, asociados a la muerte de Mauricio Morales y Sebastián Oversluij[1], concentran episodios de violencia callejera de alta estructuración, al igual que ciertas fechas del calendario político nacional. Estas acciones muestran que la confrontación no se limita a grandes convocatorias en espacios centrales, sino que se despliega desde territorios y temporalidades definidos por el propio movimiento, generando escenarios de tensión desde lógicas autónomas.
En la prensa y en los registros judiciales, estas manifestaciones suelen describirse según su impacto y nivel de confrontación, mientras que los medios vinculados al anarquismo las difunden ampliamente mediante fotografías, crónicas o comunicados reivindicativos. A diferencia de la violencia de baja estructuración, el número de personas detenidas suele ser menor, lo que puede interpretarse como un indicador indirecto de los resguardos y preparativos previos desplegados por sus protagonistas.
En términos analíticos, la violencia callejera de alta estructuración expresa una lógica específica de intervención política, caracterizada por la planificación anticipada, el control del tiempo y del espacio, y la producción deliberada de un acontecimiento de confrontación. Se busca instalar el conflicto de manera autónoma, concibiendo la violencia como una herramienta estratégica y comunicativa orientada a interpelar al Estado y a demostrar capacidad organizativa, cohesión interna y disposición ofensiva.
Ataque incendiario
Esta categoría comprende una modalidad específica de violencia política anarquista orientada prioritariamente al daño material de un inmueble previamente definido por el grupo de actores, mediante medios acordados y preparados con antelación. En este tipo de acciones se replican, en términos generales, los elementos característicos de la violencia callejera de alta estructuración, destacando el uso de cócteles molotov como principal arma.
Los actores suelen ejecutar los ataques aprovechando la superioridad numérica o el factor sorpresa, con el objetivo de provocar daños a través del fuego. Para ello, recurren tanto al lanzamiento de cócteles molotov como al rociado directo de sustancias inflamables sobre el inmueble seleccionado.
Estas acciones incendiarias suelen ser reivindicadas posteriormente mediante panfletos dejados en el lugar o a través de comunicados difundidos en distintos soportes, en los que se explicitan las motivaciones del ataque. Dentro de esta categoría se incluyen atentados dirigidos contra bancos, locales de comida rápida, microbuses o cuarteles policiales, seleccionados en función de su carga simbólica y de su asociación con instituciones económicas o estatales.
Desde un punto de vista empírico, los ataques incendiarios suelen desarrollarse en contextos específicos de conmemoración o agitación política, similares a aquellos en los que se expresa la violencia callejera de alta estructuración, como fechas conmemorativas o instancias de acompañamiento a determinadas luchas. No obstante, estas acciones implican un nivel ofensivo mayor, aun cuando empleen herramientas similares. Esta diferencia se refleja también en su tipificación legal, que suele desplazarse desde figuras como desórdenes públicos o infracciones a la Ley de Control de Armas hacia delitos más complejos, como el de incendio.
Debido a su impacto material, este tipo de acciones tiende a captar la atención de los medios de comunicación tradicionales y, al mismo tiempo, es ampliamente difundido por los medios vinculados al movimiento anarquista. En el ámbito judicial, estos episodios suelen dar lugar a investigaciones formales, designación de fiscales y declaraciones públicas de autoridades, lo que contribuye a su alta visibilidad social.
En términos analíticos, el ataque incendiario puede entenderse como una modalidad de violencia política orientada al daño material, pero dotada de una fuerte densidad simbólica. Inscrita en una temporalidad breve y una espacialidad acotada, esta forma de acción permite a sus protagonistas mantener un control relativo sobre la intervención, reducir los riesgos de detención y maximizar su visibilidad pública. A diferencia de otras expresiones de violencia política, no busca sostener un enfrentamiento prolongado, sino ejecutar una irrupción puntual en el espacio urbano. En este sentido, el fuego opera simultáneamente como medio de destrucción y como recurso comunicativo, condensando la negación de la autoridad, la afirmación de la acción directa y la disputa política del espacio urbano.
Esta categoría comprende episodios de violencia caracterizados por la fabricación y utilización de artefactos explosivos o incendiarios, instalados en objetivos previamente seleccionados por su carácter representativo del Estado, del capital o de instituciones religiosas. Estas acciones requieren una planificación previa y suelen ser ejecutadas por grupos reducidos, que ingresan al lugar, colocan y activan el artefacto y luego se retiran en sigilo. A diferencia de otras modalidades de violencia, se privilegia el camuflaje o el disfraz para acceder al objetivo y reducir las posibilidades de detección durante la ejecución del ataque.
El grado de sofisticación de los artefactos varía según su proceso de manufactura, abarcando desde dispositivos incendiarios de activación programada, mediante mecanismos mecánicos, eléctricos o químicos, hasta artefactos explosivos de fabricación casera o de origen industrial, asociados al uso de pólvora negra o explosivos de mayor potencia, como el TNT.
Estos atentados suelen ser reivindicados posteriormente mediante panfletos, comunicados u otros dispositivos discursivos, así como a través de referencias a fechas simbólicas o a coyunturas políticas vinculadas con el objetivo atacado. Destacan, además, por el alto nivel de preparación técnica y logística de sus protagonistas y por la participación de un número limitado de actores en su ejecución.
Si bien esta tipología puede coincidir ocasionalmente con fechas conmemorativas, tiende a desarrollar una agenda y un ritmo propios. Se trata de una de las expresiones de violencia política que ha generado mayor repercusión mediática, tanto por el daño potencial involucrado como por su continuidad.
En el plano jurídico, estos episodios han motivado la aplicación de legislaciones excepcionales, como la Ley Antiterrorista y disposiciones específicas de la Ley de Control de Armas, dando lugar durante el período estudiado a la conformación de una fiscalía especializada en la investigación de artefactos explosivos. A partir de investigaciones de larga duración, militantes anarquistas fueron encarcelados en procesos de alta visibilidad pública, caracterizados por una amplia cobertura mediática y la imposición de penas privativas de libertad.
Al interior del movimiento anarquista, este tipo de acciones ha sido difundido a través de sitios web afines, pero también ha generado debates y controversias, especialmente en relación con la magnitud de la respuesta represiva desplegada contra el conjunto del movimiento.
Desde una perspectiva analítica, el atentado explosivo o incendiario constituye una de las expresiones más complejas y controversiales de la violencia política anarquista, en cuanto articula planificación técnica, sigilo operativo y densidad simbólica en la selección de los objetivos. A diferencia de otras modalidades, esta forma de acción separa deliberadamente el momento del ataque de la presencia directa de los actores, desplazando el conflicto hacia la producción de un hecho político autónomo.
La centralidad del artefacto, más que del enfrentamiento directo, remite a una concepción de la violencia como propaganda por el hecho, en la que el impacto mediático, la perturbación del orden cotidiano y la interpelación indirecta al Estado adquieren un valor estratégico. En este marco, el atentado no persigue la masividad ni el control territorial, sino la instalación de una señal persistente de ruptura y amenaza simbólica.
Esta categoría comprende acciones de robo a mano armada dirigidas principalmente contra sucursales bancarias, cuyo objetivo es la obtención de recursos económicos mediante el uso de la fuerza. Se trata de prácticas que requieren planificación y logística en su ejecución, y que han generado debates persistentes al interior del movimiento anarquista, en la medida en que pueden superponerse con dinámicas propias de la delincuencia común.
En el lenguaje de los propios actores, estas acciones han sido denominadas tradicionalmente como expropiación, término que se mantiene en cursiva para dar cuenta de su carácter nativo y controvertido. El concepto posee antecedentes históricos en el anarquismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX; sin embargo, en el contexto contemporáneo incorpora también herencias discursivas y operativas de otros grupos subversivos y revolucionarios en Chile.
A diferencia de otras formas de violencia política, estas acciones no suelen ser reivindicadas públicamente mediante comunicados u otros dispositivos propagandísticos. Por ello, su identificación como práctica de violencia política suele producirse a partir de la detención, judicialización o muerte de alguno de sus participantes, momentos en los que se explicita su adscripción ideológica.
Históricamente, dentro del anarquismo han coexistido corrientes que justifican los asaltos bancarios tanto como medio para financiar proyectos políticos colectivos como para resolver la subsistencia individual. Esta coexistencia ha contribuido a la persistencia de tensiones internas respecto de la legitimidad y el sentido político de estas prácticas.
Durante el período estudiado, este tipo de violencia política se presenta de manera aislada y no requiere de un contexto de movilización social, respondiendo más bien a decisiones de sus protagonistas. Empíricamente, estas acciones pueden resultar indistinguibles de asaltos cometidos por la delincuencia común, salvo por la identidad de los sujetos involucrados y el sentido político que estos les atribuyen. Su baja frecuencia permite, no obstante, identificar una ampliación de los repertorios de violencia política ácrata en el período analizado.
La obtención violenta de recursos económicos desplaza el énfasis desde la confrontación simbólica hacia una dimensión principalmente instrumental del conflicto. En este marco, la tensión entre subsistencia individual y proyección política introduce un conflicto persistente entre lo político y lo delictual, evidenciando los límites de esta modalidad para producir consenso, comunicación o acumulación simbólica, incluso al interior del propio movimiento.
Esta categoría comprende acciones de violencia dirigidas contra individuos específicos mediante diversos medios, ya sea el uso de armas de fuego o de artefactos explosivos. Los blancos se seleccionan principalmente en función de su connotación política, su rol simbólico o su vinculación directa con determinadas instituciones, ya sea por el contexto en el que se inscriben o por los cargos que detentan.
A diferencia de otras modalidades de violencia política, estas acciones no presentan una sistematicidad clara en su reivindicación pública. Su inscripción política se sostiene, más bien, en la identidad del sujeto atacado y en la modalidad del atentado, lo que permite inferir una intencionalidad de daño personal motivada por razones políticas.
Este tipo de violencia personaliza el conflicto al desplazar el foco desde objetivos simbólicos o infraestructurales hacia sujetos concretos. En consecuencia, requiere un nivel considerable de planificación y tiende a generar una fuerte reacción represiva, así como una elevada connotación pública debido a sus repercusiones políticas y mediáticas.
Desde una perspectiva histórica, estas prácticas cuentan con antecedentes de larga data en el anarquismo, especialmente en los magnicidios asociados a la estrategia de la propaganda por el hecho. En el contexto chileno contemporáneo, esta modalidad también recoge herencias de acciones subversivas desarrolladas durante la dictadura y la transición por grupos político-militares de orientación marxista. Su utilización ha sido objeto de una intensa controversia al interior del anarquismo, particularmente en torno a los límites entre el valor simbólico del ataque y el ejercicio de daño personal contra individuos.
Durante el período estudiado, los ataques selectivos se desarrollaron mediante diversos dispositivos, que incluyeron desde encomiendas explosivas hasta el uso de armas de fuego. Aunque esta forma de violencia es recurrentemente aludida en la narrativa del anarquismo contemporáneo, sus manifestaciones empíricas fueron episódicas, aunque de alto impacto mediático y simbólico, sin haber resultado en la muerte de los sujetos seleccionados. Desde el punto de vista jurídico, estos hechos han sido tipificados de manera sistemática como homicidios calificados en grado de frustrados, exponiendo a sus autores a elevadas penas de prisión.
La violencia selectiva contra personas construye el sentido de la acción fundamentalmente a partir de la identidad del blanco, más que del daño material producido. Si bien intensifica la interpelación política y radicaliza la negación de la autoridad, reduce de forma drástica sus posibilidades de legitimación social y amplifica los costos represivos. En este sentido, esta modalidad condensa con especial nitidez las tensiones internas del anarquismo contemporáneo en torno al uso de la violencia, así como la severidad de su tratamiento mediático y judicial.
El renacer del anarquismo chileno a comienzos del siglo XXI introdujo elementos de continuidad y transformación tanto en su andamiaje teórico como en los sujetos que conforman el movimiento. En este nuevo ciclo, distintas corrientes del anarquismo contemporáneo desarrollaron un repertorio diverso de prácticas de violencia política, cuya caracterización constituyó el eje central de este estudio.
Delimitando un período comprendido entre 2004 y 2019, marcado por la progresiva irrupción del anarquismo en escenarios de violencia callejera y por el estallido social de octubre de 2019, es posible identificar una pluralidad de formas mediante las cuales el movimiento expresó su confrontación política. En este marco, la violencia política anarquista no aparece como un fenómeno homogéneo ni lineal, sino como un campo de prácticas atravesado por tensiones internas, exploraciones tácticas y aprendizajes acumulados.
Con el objetivo de alejarse de clasificaciones de carácter jurídico o securitario, este trabajo propuso una tipología analítica orientada a identificar distintas modalidades de ejercicio de la violencia política anarquista. Si bien estas categorías no son excluyentes y con frecuencia se superponen, en su conjunto constituyen formas diferenciadas de intervención política, organizadas según lógicas específicas de temporalidad, visibilidad, planificación y control del acontecimiento.
Desde la violencia callejera de baja estructuración hasta los atentados explosivos o la violencia política selectiva contra personas, se configura un continuo en el que varían los grados de autonomía de la acción, la centralidad del enfrentamiento directo y la carga simbólica del objetivo. Todas las categorías comparten un núcleo común: la apelación a la acción directa como principio organizador de la práctica política y la negación explícita de la mediación institucional.
A medida que la violencia se desplaza hacia formas más planificadas y selectivas, se intensifica la tensión entre impacto simbólico, visibilidad pública, legitimidad social y respuesta represiva. Mientras las modalidades más estructuradas se desarrollaron de manera episódica, las formas menos estructuradas de violencia callejera mostraron una mayor persistencia temporal, enmarcadas en ciclos amplios de movilización social. A ello se suma la discusión permanente al interior del movimiento respecto de la legitimidad de determinadas prácticas violentas y de los costos asociados a la intensificación de la represión estatal.
El enfoque tipológico permite así comprender la violencia política anarquista no como un proceso lineal ni acumulativo, sino como un campo de prácticas en disputa, en el que cada modalidad revela tanto las posibilidades como los límites de la violencia como herramienta de intervención política.
Este análisis enfrenta, además, dificultades metodológicas estructurales, derivadas del carácter fragmentario y sesgado de las fuentes disponibles, atravesadas por la criminalización judicial, el sensacionalismo mediático, y las lógicas de resguardo propias de los actores involucrados. En este contexto, la tipología propuesta no busca agotar empíricamente el fenómeno, sino delimitar analíticamente un repertorio de prácticas, reconociendo los límites de su observación histórica.
Durante el período estudiado, la violencia política anarquista adquirió una presencia predominante en ciertos repertorios, especialmente en la violencia callejera y el uso de artefactos explosivos, aun cuando coexistió con expresiones minoritarias de otros sectores revolucionarios y con dinámicas de conflictividad social más amplias. El cierre temporal del estudio en octubre de 2019 responde al quiebre que significó el estallido social, el cual alteró radicalmente la escala y composición de la violencia política en Chile, diluyendo la especificidad que había caracterizado a la violencia anarquista en el período previo.
Finalmente, esta investigación constituye un primer avance para futuras líneas de indagación, orientadas a profundizar empíricamente tipologías específicas, realizar estudios comparativos o examinar las tensiones internas que atraviesan al anarquismo en torno al uso de la violencia como herramienta política.
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[1] Mauricio Morales, fallecido el 22 de mayo del 2009 cuando intentaba instalar un artefacto explosivo en la Escuela de Gendarmeria. Sebastian Ovsersluij fallece el 11 de diciembre del 2013 cuando intenta asaltar una sucursal bancaria.