La autonomia universitaria que fraguó: el caso de la unica universidad pública de Guatemala
Andrés Arnal Martínez
Máster en Técnicas de Investigación Social Aplicadas, Universitat de Barcelona
https://orcid.org/0009-0005-3848-3137
andresam05@hotmail.com
RESUMEN
Estudiantes, profesorado y personal administrativo de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) llevan más de 300 días ocupando los centros educativos del país. Protestan contra el fraude electoral a la rectoría, el último capítulo en la pérdida de autonomía de la universidad. Pero esto es solo la punta del iceberg. Fue la gota que colmó el vaso en un país donde casi el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, únicamente el 4% puede acceder a la educación superior y menos del 1% obtiene un postgrado. El presente artículo repasa a través de la recopilación de testimonios de la USAC, una muestra más de la pérdida de autonomía de las universidades públicas de América Latina, cada vez más débil a casusa de la cooptación por parte de la corrupción, las mafias y las oligarquías, en este caso concreto, en Guatemala.
Palabras clave: Autonomía educativa, Centroamérica, corrupción, corrupción política, elecciones, enseñanza superior, Estado, Guatemala, universidad.
The university autonomy that failed: the case of the only public university of Guatemala
ABSTRACT
Students, faculty, and administrative staff from the San Carlos University of Guatemala (USAC) have been occupying the educational centers of the country for more than 300 days. They protest against the electoral fraud to the rectory, the last chapter in the loss of autonomy of the university. But this is only the tip of the iceberg. It was the straw that broke the camel's back in a country where almost 60% of the population lives below the poverty line, only 4% can access higher education and less than 1% obtain a postgraduate degree. This article reviews, through the collection of testimonies from the USAC, one more example of the loss of autonomy of public universities in Latin America, increasingly weaker due to co-optation by corruption, mafias and criminal organizations, and oligarchies, in this specific case, in Guatemala.
Keywords: Educational autonomy, Central America, corruption, political corruption, elections, higher education, State, Guatemala, university.
A autonomia universitária que falou: o caso da única universidade pública da Guatemala
RESUMO
Alunos, professores e funcionários administrativos da Universidade San Carlos da Guatemala (USAC) ocupam os centros educacionais do país há mais de 300 dias. Protestam contra a fraude eleitoral à reitoria, último capítulo da perda de autonomia da universidade. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Foi a gota que quebrou o copo num país onde quase 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, apenas 4% consegue aceder ao ensino superior e menos de 1% obtém uma pós-graduação. Este artigo analisa, por meio da coleta de depoimentos da USAC, mais um exemplo da perda de autonomia das universidades públicas na América Latina, cada vez mais fragilizadas devido à cooptação por parte da corrupção, máfias e organizações criminoses e oligarquias, neste caso específico, na Guatemala.
Palavras-chave: Autonomia educacional, América Central, corrupção, corrupção política, eleições, ensino superior, Estado, Guatemala, universidade.
INTRODUCCIÓN
El sistema universitario guatemalteco está conformado por 16 universidades privadas y una pública, la Universidad San Carlos (USAC). Históricamente, esta universidad se ha caracterizado por su resistencia contra los gobiernos despóticos de turno y por su lucha por dotar de autonomía a la institución. Autonomía, principalmente, ante los intereses políticos y económicos de las oligarquías que gobiernan el país.
Su marco legal tiene su base en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 (artículos 82-90), y se integra con tres leyes aplicables: la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (1947), la Ley de Universidades Privadas (1987) y la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (2001). Aunque fuera de manera teórica, tras el conflicto armado interno, la Constitución introdujo diversas garantías constitucionales para cumplir con dos objetivos: por un lado, desligar a la universidad de los intereses políticos, y por el otro, garantizar la provisión de una educación superior de calidad a personas que no podían pagar una universidad privada (Rosal, 2022).
Entrando un poco más en detalle, en la Sección Quinta de la Constitución se reconoce a la USAC como la única universidad pública, autónoma, rectora de la educación superior del Estado y capaz de dictar sus propias normas y reglamentos. El artículo 84, con el objetivo de garantizar la autonomía, indica que el 5% del presupuesto nacional debe destinarse al financiamiento de la USAC (Constitución de Guatemala, 1985). Esta medida busca evitar que los gobernantes extorsionen a la universidad bajo la amenaza de reducir su presupuesto. Curiosamente, este artículo rara vez se ha cumplido. Ahora bien, los constituyentes introdujeron otros artículos que contradicen el mismo principio de autonomía universitaria. En este sentido, gran parte de los problemas actuales que vive la universidad provienen de la misma Constitución de 1985. En esta, se le otorga a la USAC una importante influencia para la toma de decisiones de Estado.
A la USAC se le otorga iniciativa de ley con representación en más de cuarenta Instituciones públicas del Estado: Comisiones de Postulación del sistema de justicia, Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otras instituciones (Antonio y Vivar, 2022). Esta característica propia de esta universidad conlleva que muchos de los rectores, decanos y directores de escuelas, al servicio de las élites tanto políticas como económicas, se inserten en los espacios de decisión y dejen atrás el fin principal: la educación. Cuando hablamos ahora de la USAC, es difícil no pensar en corrupción…
Las rectorías y decanaturas ya no responden, en su mayoría, a la calidad educativa, al estudiante o a la sociedad. Muchos de estos sectores priorizan intereses individuales sobre los académicos, insertándose entre grupos de poder e incluso criminales, que posteriormente les facilitan optar a cargos políticos fuera de la Universidad. (Antonio y Vivar, 2022).
El presente artículo tiene como objetivo central servir como insumo para alimentar el debate sobre las relaciones que se dan entre las universidades públicas y los poderes del Estado en América Latina. Se pretende abordar esta cuestión a través del caso concreto de Guatemala y de la Universidad San Carlos, la única institución de educación superior pública del país.
METODOLOGÍA
Se parte de la hipótesis según la cual el fraude electoral, cometido el pasado abril de 2022, es la consumación última de la pérdida total de autonomía de dicha universidad. Esta cuestión se aborda mediante la recopilación del testimonio de los principales implicados en el conflicto: estudiantes, profesorado y el candidato a la rectoría crítico con el poder y que sufrió un fraude electoral.
Desde hace décadas, el concepto de autonomía universitaria se ha venido estudiando desde distintos enfoques disciplinarios: el derecho, la historia, la sociología o la política. Los enfoques más humanistas y sociales sostienen que “la autonomía universitaria tiene por objetivo garantizar la universalidad del conocimiento y del pensamiento, para contribuir al proceso de transformación de la sociedad” (Ávila y Gillezeau, 2010). Desde la filosofía política se aborda el concepto como
la forma mediante la cual la sociedad moderna busca resolver la relación -conflictiva en su esencia- entre el Estado y la universidad; es decir, entre el poder político y la cultura; se trata de una solución de equilibrio entre la tendencia del primero a centralizar el funcionamiento de las instituciones y la libertad que requiere para su desarrollo el quehacer académico-científico y humanista. (Rodríguez, 1976, pp. 3-5).
Desde una perspectiva jurídica, el sentido etimológico del término se refiere a la “capacidad que tiene un ente para darse su propia ley y regirse por ella” (Finocchiaro, 2004, p. 27) en el marco de un sistema normativo superior. De esta manera, como apunta Vaccarezza, desde un punto de vista jurídico, la autonomía representa la capacidad del autogobierno, la decisión de políticas internas, la distribución de sus propios recursos y la determinación de los objetivos de su actividad, siempre sujetos a un marco normativo superior y al control de un ente superior (2006, p. 36).
Siguiendo esta concepción, diversos autores sostienen que la autonomía “es un atributo reconocido por el Estado; adquiere significado en la Carta Magna y dota a la universidad de poder para instituirse y relacionarse con los poderes del Estado” (Muñoz, 2010, pp. 95-96). Según esta argumentación, la autonomía se convierte en un mecanismo de contrapeso frente a los poderes políticos y económicos que quieran poner a la universidad al servicio de sus intereses particulares. Vaccarezza sintetiza bien la doble connotación que adquiere el concepto. Por un lado, se trata de capacidad jurídica y cierta independencia que permita a la universidad que el juego político no condicione el gobierno interno; por otro lado, se refiere a la legitimidad de la institución como productor de cultura, conocimiento y ciencia, teniendo estas plenas capacidades para decidir el desarrollo de las profesiones, la enseñanza superior y el conocimiento científico. Es decir, poder político para su propio manejo y poder político (sin injerencia estatal directa) en el desarrollo de la sociedad en los aspectos que le conciernen (2006, p. 36).
Estas diferentes concepciones de la autonomía universitaria no toman en consideración, sin embargo, un aspecto fundamental: la corrupción y la cooptación por parte del Estado de las estructuras de poder de las universidades. En este sentido, desde sus inicios, la historia de las universidades ha sido una permanente lucha por el poder. Desde las primeras universidades fundadas en América Latina por el poder colonial español, estas recibieron un tratamiento autonómico dependiente directamente del Rey de España. Una vez los diferentes Estados fueron logrando su independencia, las diferentes repúblicas continuaron manteniendo este control directo sobre las instituciones académicas públicas. De esta manera, hasta nuestros días, el dominio del Estado sobre la universidad ha respondido a la necesidad de asegurar la consolidación de las élites políticas y sociales.
Es en este contexto en el que la legitimidad de la autonomía universitaria en la sociedad se construye en base a la resistencia y la oposición al poder. Las recurrentes intervenciones y la represión de los gobiernos a las universidades durante todo el siglo XX, dio lugar a que la autonomía se construyera y fortaleciera en la reivindicación frente a la represión. De esta manera, más que una legitimación basada “en las atribuciones vinculadas a la producción y transmisión de conocimiento, se trató de una legitimidad sostenida en el valor de símbolo, de protagonismo e inclusive de liderazgo en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad” (Vaccarezza, 2006, p. 34).
RESULTADOS: LA CONSUMACIÓN DE UN FRAUDE EN LA USAC
En países como Guatemala, la universidad actual se encuentra en crisis y en constante cambio, esencialmente, en el plano político. Pocas universidades son capaces de utilizar el poder de su autonomía para generar conocimiento propio y cumplir con su función transformadora y de desarrollo de la sociedad. Uno de los principales problemas que viven es la corrupción estructural y la alianza con los intereses político-ideológicos de los poderes fácticos. Bajo estas consideraciones, la investigación científica y los principios de transparencia, rendición de cuentas, pluralismo, su autonomía y función transformadora, son prácticamente inexistentes.
Estudiantes, profesorado y personal administrativo, de la Universidad San Carlos de Guatemala, llevan más de 300 días ocupando los diversos centros universitarios del país. Rechazan el fraude electoral cometido en las elecciones a rector y reclaman su dimisión. Pero, según afirman los estudiantes, esto es solo la punta del iceberg, la gota que colmó el vaso. Aseguran que lo que está en juego no es solo un cambio de modelo educativo y de acceso a la educación pública; se trata de no permitir que la única universidad pública del país acabe como el resto de instituciones y organismos estatales: cooptado por la corrupción, las mafias y las oligarquías del país.
Todo comenzó a finales de abril de 2022, en el Museo de la Universidad de San Carlos, en la capital de Guatemala. El 27 de abril se intentaron realizar las elecciones en las instalaciones del Museo, sin embargo, el oficialismo y las mafias ya habían eliminado algunos candidatos electorales de la oposición antes de la jornada electoral, impidiendo así que pudieran ser electos. Ante estos hechos, los estudiantes decidieron tomar las instalaciones como forma de protesta, y al cabo de dos días, en asamblea decidieron mantener la ocupación. Las elecciones se pospusieron para el día 14 de mayo, esta vez en el Parque de la Industria. Esa mañana, las elecciones se realizaron a puerta cerrada y solo se permitió entrar a votar a aquellos que eran afines a Walter Mazariegos. Grupos antimotines de la policía y elementos de seguridad paraestatal amotinados dentro de la universidad se encargaron mediante gases lacrimógenos y cargas policiales de que los votantes de la oposición no pudieran acceder al campus. De esta manera, no dejaron que ninguno de los estudiantes opositores pudiera entrar, les atacaron por medio de la fuerza y Mazariegos usurpó antidemocráticamente el puesto de la rectoría.
Figura 1.
Estudiantes del MUSAC, en Ciudad de Guatemala, posan delante de la placa conmemorativa de "La Chalana" un canto de guerra estudiantil muy ligado a las actuales protestas.
Fuente: elaboración propia.
Estos hechos los confirma Jordan Rodás, ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala que era el candidato de la oposición que contaba con más apoyos para ser rector:
Nosotros con la candidatura a rector de SOS USAC habíamos hablado y llegado a pactos públicos con otros candidatos, y los números daban para ganar la rectoría. Entonces, el día de las elecciones solo dejaron entrar a votar a los que sabían que iban a votar por la candidatura oficialista, a los otros no. Así de burdo, con gente armada desde adentro. (Arnal, 2023).
El fraude se había consumado. Actualmente hay más de 20 amparos interpuestos ante los juzgados en contra de estas elecciones. Pero ninguno ha prosperado, porque en el país no existe independencia judicial y las cortes están capturadas por el mismo gobierno.
Comprender lo que está sucediendo en la USAC ayuda a entender con claridad la complejidad política de Guatemala, siempre impregnada de corrupción y despotismo. Jordan Rodás es muy contundente en relación a esta cuestión:
El fraude tan burdo que hubo en la Universidad San Carlos fue un laboratorio para lo que después iba a suceder en las elecciones presidenciales del país. El gobierno metió sus manos en esa elección y ahora tenemos un rector impuesto, que es una vergüenza nacional e internacional. (Arnal, 2023a).
CONCLUSIONES
¿Por qué es tan relevante hacerse con la rectoría de la universidad? La USAC maneja el 5% del presupuesto anual estatal. Además, interviene y tiene poder de decisión en más de cuarenta instituciones del Estado: el Ministerio Público, el sistema de justicia, el Tribunal Supremo Electoral o la Contraloría General de Cuentas, entre otras esferas del estado. Es por esta razón que partidos políticos y grupos económicos se insertan en los espacios de toma de decisiones de la institución para defender sus intereses. Hablar de la USAC, es hablar de corrupción, aseguran los estudiantes del Frente Estudiantil en Resistencia: “Las rectorías y decanaturas ya no miran por la calidad educativa o el estudiante, sino que priorizan intereses individuales sobre los académicos, insertándose entre grupos de poder e incluso criminales” (Antonio y Vivar, 2022). En este sentido, el fraude electoral no es más que el resultado de la continua cooptación que ha sufrido la universidad por parte de los grupos de poder que dirigen el país.
Factor Méndez Doninelli, profesor catedrático e investigador de la universidad, sostiene que más allá del fraude electoral, las protestas tienen objetivos más amplios. Por un lado, la defensa de la autonomía universitaria, la laicidad de la educación y la representación paritaria es una lucha permanente, acompañada de la participación organizada de la comunidad universitaria en general. Por otro lado, erradicar las redes criminales de corrupción e impunidad, incrustadas en la administración superior y las unidades académicas. En este sentido, los estudiantes entrevistados sostienen que “el sector al que representa Mazariegos es el más mafioso y oscuro del país, que busca privatizar y asfixiar la universidad, reduciendo su rol e impacto en la sociedad” (Arnal, 2023b). De esta manera, se oponen a toda la corriente neoliberal que ha ingresado en el país desde hace unas décadas y que está acabando con la autonomía de la única universidad pública de Guatemala.
Al preguntar a todos los entrevistados acerca de la relación entre Mazariegos y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, la respuesta siempre es igual de contundente: existe un vínculo claro y fuerte que se sostiene en el tiempo. Un ejemplo lo encontramos en Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y candidato a la rectoría por una candidatura afín a Mazariegos. Un día antes de las elecciones renunció a postularse y pidió el voto por la de este primero. Actualmente, se presenta como vicepresidente a las elecciones generales del país por el partido VAMOS, de Giammatei. María Paz, exdirectora del campus CUNOC y excandidata a la rectoría de la universidad, es la actual candidata a la alcaldía de Quetzaltenango. También con el partido de gobierno. Así mismo lo confirman también investigaciones periodísticas: casi una veintena de funcionarios cercanos al presidente habrían urdido el fraude electoral y bloqueado los amparos y apelaciones contra Mazariegos.
Después de más de 10 meses de ocupación, la represión policial es constante. Han sido interpuestas denuncias legales contra estudiantes, se les han abierto procedimientos administrativos y académicos, y hasta han sido expulsados de la universidad. Reciben un hostigamiento constante por parte de la policía, que ha llegado a usar drones y helicópteros para grabar sus caras y controlar quienes son.
Figura 2.
Un estudiante del Frente Estudiantil en Resistencia del Centro Universitario de Occidente posa delante de un mural que clama contra la represión policial y universitaria.
Fuente: elaboración propia.
Sin embargo, el principal hostigamiento que sufren estos estudiantes no viene de las fuerzas de seguridad, sino de los Grupos de Choque y los Comités de Huelga. Estos grupos están integrados tanto por estudiantes que responden a intereses de las autoridades universitarias, como por personas externas al centro, incluso pandilleros. Grupos con tendencias paramilitares, y en ocasiones con vínculos con la extrema derecha, que se dedican a amenazar, agredir y violentar a los estudiantes que permanecen encerrados en la universidad. Estos grupos viven de la extorsión a otros estudiantes: cobran cuotas por aparcar en los párquines que son propiedad de la universidad, se plantan en las puertas de los centros y cobran a los estudiantes si quieren acceder a las clases, etc.
Muchas noches se sitúan fuera del campus central rondando con palos y amenazando a los estudiantes que allí se encuentran ocupando las facultades. “Lanzan cocteles molotov contra la universidad, han quemado coches que se encontraba parqueados, etc. Esta es la manera de actuar del brazo armado del rectorado” (Arnal, 2023b), aseguran los miembros del Frente de Resistencia.
Los estudiantes con los que estuve charlando en CUNOC, el campus de Quetzaltenango, fueron desalojados el día siguiente de la realización de la entrevista. Un grupo numeroso de hombres se presentaron de madrugada con armas de fuego, palos y machetes. Amenazaron a todos los presentes, pero principalmente a las estudiantes al grito de “os vamos a violar y a quemar”. Los concentrados en el interior del centro decidieron abandonar la toma de las instalaciones por miedo a más represalias.
Figura 3.
Estudiantes del Frente Estudiantil en Resistencia ocupando la facultad de Humanidades del Centro Universitario de Occidente de la USAC, en Quetzaltenango.
Fuente: elaboración propia.
Ellos han sido desalojados y tendrán que buscar otras vías de protesta, pero en otros puntos del país todavía quedan facultades tomadas por los estudiantes.
BIBLIOGRAFIA
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