Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica
ISSN: 2660-5554
Vol. 6 Núm. 3 (2025): Julio-Septiembre
Impacto económico de las decisiones judiciales en el Derecho al Trabajo: Una mirada desde la justicia social en República Dominicana
Gisselle Alina De la Cruz Cruz
Doctorado en Ciencias Económicas y Sociales, Rep. Dom.
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Correo: gisselledelacruz1@gmail.com
Francisco Orgaz Agüera
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Correo: franorgaz@utesa.edu
Este artículo examina el impacto económico de las decisiones judiciales sobre el Derecho al Trabajo en República Dominicana en la última década, desde una perspectiva jurídica, social y económica. A través de un enfoque cualitativo basado en el análisis de jurisprudencia y entrevistas a actores clave del sistema jurídico y laboral, se identifican patrones discursivos y efectos concretos de las sentencias en el mercado laboral. Específicamente, se analizaron 25 sentencias laborales y se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas a actores clave del sistema. El estudio sostiene que dichas decisiones inciden de manera significativa en la estabilidad económica, la equidad en el empleo y la configuración de políticas públicas, evidenciando el rol del Estado y del Poder Judicial como garantes de justicia social. Se concluye que la judicialización del derecho al trabajo puede ser una herramienta para el fortalecimiento del desarrollo sostenible y la protección de derechos fundamentales.
Palabras clave: Derecho al trabajo, justicia social, impacto económico, decisiones judiciales, República Dominicana, constitucionalismo social.
Economic impact of judicial decisions on the right to work: A perspective from the perspective of social justice in the Dominican Republic
ABSTRACT
This paper examines the economic impact of judicial decisions on the Right to Work in the Dominican Republic over the past decade, from a legal, social, and economic perspective. Through a qualitative approach based on jurisprudential analysis and interviews with key actors in the legal and labor system, discursive patterns and concrete effects of court rulings on the labor market are identified. Specifically, 25 labor rulings were analyzed, and 12 semi-structured interviews were conducted with key stakeholders. The study argues that these decisions significantly affect economic stability, employment equity, and the shaping of public policies, highlighting the role of the State and the Judiciary as guarantors of social justice. It concludes that the judicialization of the right to work can serve as a tool for strengthening sustainable development and the protection of fundamental rights.
Keywords: Right to work, social justice, economic impact, judicial decisions, Dominican Republic, social constitutionalism.
Impacto Econômico das Decisões Judiciais sobre o Direito ao Trabalho: Uma Perspectiva de Justiça Social na República Dominicana
RESUMO
Este artigo examina o impacto econômico das decisões judiciais sobre o direito ao trabalho na República Dominicana na última década, sob uma perspectiva jurídica, social e econômica. Por meio de uma abordagem qualitativa baseada em análise de jurisprudência e entrevistas com atores-chave do sistema jurídico e trabalhista, são identificados padrões discursivos e efeitos concretos dessas decisões no mercado de trabalho. Especificamente, foram analisadas 25 decisões trabalhistas e realizadas 12 entrevistas semiestruturadas com atores-chave do sistema. O estudo argumenta que essas decisões impactam significativamente a estabilidade econômica, a equidade no emprego e a formulação de políticas públicas, destacando o papel do Estado e do Judiciário como garantidores da justiça social. Conclui-se que a judicialização do direito ao trabalho pode ser uma ferramenta para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável e a proteção dos direitos fundamentais.
Palavras-chave: Direito ao trabalho, justiça social, impacto econômico, decisões judiciais, República Dominicana, constitucionalismo social.
INTRODUCCIÓN
El Derecho al Trabajo, reconocido como un derecho fundamental en el artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana (2010), trasciende la simple facultad de obtener una fuente de ingresos. Se erige como un componente estructural de la justicia social y un elemento clave para el desarrollo humano integral, garantizando condiciones que promuevan la dignidad, la equidad y la inclusión en el ámbito laboral. Su ejercicio efectivo presupone la existencia de garantías concretas, como la estabilidad en el empleo, la remuneración digna, la no discriminación, la libertad sindical y la seguridad social, que salvaguardan la dignidad de la persona trabajadora y promueven su realización tanto en el plano individual como colectivo. Este derecho, por su naturaleza expansiva, se convierte en un puente entre la igualdad formal y la equidad sustantiva, permitiendo el tránsito de los principios constitucionales hacia la vida concreta de los ciudadanos.
En el contexto latinoamericano, donde convergen históricos desequilibrios estructurales, altos índices de informalidad laboral y profundas brechas de desigualdad, el Derecho al Trabajo adquiere una dimensión política y transformadora. En este escenario, las decisiones judiciales operan como respuestas normativas a conflictos específicos, y se erigen como verdaderas herramientas de intervención institucional que moldean el entorno económico y social. Cada fallo, cada sentencia, se transforma en una declaración de principios con efectos prácticos que pueden corregir abusos, redefinir relaciones de poder en el ámbito productivo y forzar al Estado a diseñar o ajustar políticas públicas más inclusivas y sostenibles.
De esta manera, el Poder Judicial deviene en un actor coadyuvante de la gobernanza democrática, cuya función trasciende la aplicación mecánica del derecho para convertirse en garante activo de la justicia social. Su accionar influye en la dinámica económica mediante la creación de incentivos y límites regulatorios que impactan en la conducta empresarial, en las relaciones laborales y en la planificación estatal.
Pese al creciente rol del Poder Judicial en la regulación laboral, existe escasa evidencia sistematizada sobre los impactos económicos concretos que derivan de sus decisiones. Así, esta investigación busca responder: ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones judiciales en la configuración del Derecho al Trabajo en República Dominicana? Por lo tanto, el objetivo general es analizar cómo las decisiones judiciales laborales influyen en el ecosistema económico y normativo laboral del país. El artículo se estructura en cinco secciones: una introducción conceptual, el marco teórico, la metodología, los resultados y la discusión, y finalmente, las conclusiones.
MARCO TEÓRICO
El presente estudio se inscribe dentro de la tradición del constitucionalismo social, corriente jurídica que postula que la democracia no puede comprenderse cabalmente sin la incorporación activa de los derechos sociales como parte sustancial del pacto constitucional. En esta perspectiva, el trabajo además de ser concebido como una mercancía u obligación individual, también se concibe como una función social portadora de dignidad, cuyo ejercicio implica efectos colectivos en la cohesión, estabilidad y justicia del tejido social. El artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana (2010) lo consagra como derecho, deber y función social, lo que evidencia su centralidad en el proyecto de Estado social y democrático de derecho.
Desde esta óptica, el Derecho al Trabajo se ubica en el corazón mismo de las tensiones contemporáneas entre economía y equidad. Su justificación, esto es, su transformación de principio político a derecho positivo exigible ante los tribunales, responde a una lógica de fortalecimiento institucional que busca traducir los ideales de justicia en garantías materiales. Como bien señala Monereo Pérez (2021), los derechos sociales deben dejar de ser promesas programáticas y convertirse en instrumentos operativos de transformación, dotados de eficacia directa y vinculante. Esta transición es normativa, pero también cultural: implica reconocer que sin derechos laborales justiciables no puede hablarse de democracia plena ni de desarrollo sostenible.
El segundo eje conceptual es el de la justicia social, entendida como un principio operativo del derecho laboral y del diseño económico. La justicia social orienta la organización del trabajo hacia la equidad distributiva, la reducción de desigualdades estructurales y la promoción de oportunidades reales para todos los ciudadanos. Lasa López (2023) argumenta que las decisiones judiciales deben ser analizadas tanto por su corrección técnica como por su capacidad para garantizar un equilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales. En ese sentido, la jurisprudencia puede funcionar como correctora de los excesos del mercado y promotora de un modelo económico con rostro humano.
Por su parte, el enfoque nacional desarrollado por Familia (2017) aporta una perspectiva clave vinculando el Derecho al Trabajo con otros derechos fundamentales, como la igualdad, la seguridad social, la salud, la educación y la libertad sindical, en un sistema de interdependencia normativa. Esta interconexión evidencia que la violación del Derecho al Trabajo no es un hecho aislado, puesto que es un fenómeno que afecta la integridad del proyecto constitucional dominicano, debilitando los pilares mismos de la ciudadanía plena.
Estudios internacionales (Adam, 2016; Maurizio et al., 2022) han evidenciado que las decisiones judiciales pueden tener un efecto directo en la formalización laboral o la reducción de desigualdades. Sin embargo, la literatura empírica dominicana sobre este tema es escasa, lo que refuerza la pertinencia de este estudio.
Además, la tradición del neoconstitucionalismo latinoamericano, representada en las reformas constitucionales del siglo XXI, refuerza esta visión reconociendo que el acceso a un empleo digno y a condiciones laborales justas es, además de un mandato moral, una exigencia estructural para la gobernabilidad democrática y la paz social. Así, la justicia constitucional adquiere una dimensión económica: el juez interpreta la ley, reconfigura realidades materiales, obliga a los Estados a actuar, y redefine las reglas del juego del sistema económico cuando éstas entran en conflicto con la dignidad humana.
METODOLOGÍA
Diseño de investigación
La presente investigación se inscribe dentro de un enfoque cualitativo de corte interpretativo, orientado a comprender las dinámicas subyacentes en la producción judicial del Derecho al Trabajo y su impacto económico y social. Lejos de limitarse a una mirada descriptiva, el estudio propone una lectura crítica de la jurisprudencia dominicana desde la lente de la justicia social y los derechos fundamentales.
El enfoque cualitativo se seleccionó debido a la necesidad de comprender significados, motivaciones y lógicas argumentativas presentes en los actores judiciales y sus decisiones, que difícilmente podrían captarse mediante técnicas cuantitativas. Para ello, se llevó a cabo una revisión sistemática de 25 sentencias laborales dictadas por tribunales de primera instancia, cortes de apelación y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, emitidas entre los años 2013 y 2023. Los criterios de selección se centraron en la relevancia temática (vínculo con garantías laborales constitucionales y justicia social), su impacto económico directo (en materia de despidos, indemnizaciones, conflictividad colectiva o discriminación laboral), y su potencial para evidenciar tensiones entre libertad económica y protección de derechos fundamentales.
Complementariamente, se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas a actores estratégicos del sistema jurídico-laboral: magistrados, abogados especializados en derecho del trabajo, dirigentes sindicales y representantes empresariales. Esta selección obedeció al criterio de representatividad de los diferentes sectores involucrados en la disputa y aplicación del derecho al trabajo, privilegiando informantes clave con experiencia directa en litigios, negociaciones colectivas o elaboración de políticas públicas laborales. Todas las entrevistas se realizaron bajo consentimiento informado, garantizando anonimato y confidencialidad según principios éticos de investigación cualitativa.
El análisis de la información se abordó desde un enfoque temático, siguiendo la técnica de codificación abierta y axial propuesta por Strauss y Corbin (1990), lo que permitió identificar núcleos semánticos recurrentes y configuraciones narrativas en torno a conceptos clave como dignidad, estabilidad, equidad, conflicto, mercado y Estado. De este modo, se interpretaron los contenidos explícitos de las decisiones judiciales, y los discursos jurídicos, económicos y sociales que las atraviesan, así como las representaciones y tensiones emergentes en las percepciones de los entrevistados.
Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados, se aplicó un proceso de triangulación metodológica, que consistió en la confrontación cruzada entre los datos jurisprudenciales, las entrevistas y la literatura doctrinal pertinente. Asimismo, se utilizó una prueba piloto para la validación de los instrumentos de recolección de datos (guía de entrevista y matriz de análisis jurisprudencial), ajustando su estructura y lenguaje conforme a los hallazgos preliminares.
Esta estrategia metodológica permitió describir el estado actual de la justicia laboral en el país, y captar las dinámicas de poder, resistencia e interpretación que configuran su devenir en un contexto de transformaciones socioeconómicas profundas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis jurisprudencial reveló una tendencia progresiva hacia la protección sustantiva del derecho al trabajo, observada con especial énfasis en casos de despido arbitrario, acoso laboral, discriminación por género o discapacidad, y violaciones al principio de estabilidad en el empleo. Lejos de limitarse a una aplicación formal de la norma, muchos tribunales han adoptado una postura activa en la interpretación pro homine del marco constitucional, reforzando el carácter garantista del artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana (2010) y alineándose con los principios del bloque de constitucionalidad laboral.
A partir de los fallos estudiados y de las entrevistas realizadas, emergen tres grandes efectos estructurales de estas decisiones judiciales en el ecosistema laboral y económico del país:
· Reconfiguración contractual: En respuesta a la creciente judicialización de las relaciones laborales, múltiples empresas —especialmente en sectores altamente litigiosos como el comercio, el turismo y los servicios— han optado por formalizar vínculos previamente informales, revisando contratos, políticas internas y registros de personal. Esta tendencia busca mitigar el riesgo de condenas judiciales onerosas, y refleja un cambio cultural en la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, en la sentencia TC/0456/19, el Tribunal Constitucional estableció que la omisión de formalización laboral vulnera principios fundamentales, lo que obligó a la empresa demandada a regularizar a más de 40 trabajadores.
· Revisión de prácticas empresariales: Las decisiones que sancionan el acoso moral, la discriminación estructural y la evasión de prestaciones sociales han impulsado una renovación en los protocolos empresariales, particularmente en los sectores más dependientes de mano de obra intensiva. Se ha detectado un auge en la contratación de asesoría legal preventiva y en la adopción de políticas de cumplimiento normativo laboral (compliance).
· Incidencia normativa indirecta: Aunque el Poder Judicial no legisla, sus fallos han generado presión institucional sobre los órganos normativos y administrativos, acelerando reformas en áreas sensibles como la seguridad social, el salario mínimo y la protección contra el despido arbitrario. En algunos casos, las decisiones han servido como insumo o justificación técnica para la emisión de nuevas resoluciones ministeriales o proyectos de ley.
Desde una perspectiva económica, estos fallos han contribuido a consolidar un marco más previsible, seguro y confiable para los actores del mercado laboral, estableciendo estándares interpretativos estables y coherentes. La previsibilidad judicial, como sugieren múltiples entrevistados del ámbito empresarial, permite planificar mejor los costos laborales y reduce la incertidumbre jurídica, lo que puede redundar en un clima más favorable a la inversión.
No obstante, este proceso también ha generado tensiones significativas con el sector empleador, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que perciben las sentencias como una “judicialización de la gestión laboral” y una carga regulatoria creciente. Algunos gremios han advertido sobre el riesgo de un efecto contrario al deseado: mayor rigidez en la contratación y eventuales retrocesos en la generación de empleo. Esta paradoja, el intento de proteger derechos que puede, a corto plazo, afectar oportunidades, muestra las tensiones inherentes entre justicia social y lógica de mercado, propias del constitucionalismo social en su fase de implementación real.
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación revelan que las decisiones judiciales en materia laboral han adquirido una relevancia transformadora en la República Dominicana, convirtiéndose en mecanismos efectivos para la promoción de la justicia social. Más allá de la resolución de conflictos individuales, estas sentencias están redefiniendo las relaciones laborales, generando impactos tangibles en la estructura económica del trabajo. Entre los efectos observados se encuentran la formalización de vínculos laborales, la elevación de los estándares de cumplimiento normativo y la presión sobre el Estado y las empresas para revisar prácticas y políticas internas. Este proceso, evidenciado a través del análisis de sentencias y entrevistas a actores clave, confirma que el Poder Judicial ha incidido de manera significativa en la reducción de asimetrías históricas entre empleadores y trabajadores, ampliando los márgenes de garantía para sectores tradicionalmente vulnerables.
Desde una perspectiva teórica, este estudio refuerza el enfoque del constitucionalismo social, al demostrar que el Derecho al Trabajo, en su dimensión justiciable, puede operar como herramienta estructurante de la cohesión social y del desarrollo sostenible. Las decisiones judiciales analizadas dejan de ser simples actos administrativos para asumir una función institucional que vincula norma, ética y economía, y que transforma al juez laboral en un actor fundamental de la gobernanza democrática. En este sentido, se propone una lectura del derecho laboral como un dispositivo dinámico de transformación que debe ser comprendido desde una lógica multidimensional que articule la dignidad humana, la racionalidad jurídica y el equilibrio económico.
No obstante, el camino hacia una justicia social plena a través del Derecho al Trabajo aún presenta desafíos estructurales. En primer lugar, es imprescindible consolidar un sistema judicial laboral que, además de ser técnicamente competente, sea ágil, accesible y empático con las realidades socioeconómicas de los trabajadores. En segundo lugar, se requiere que el impacto de la función judicial esté acompañado por una voluntad política firme que permita traducir los principios establecidos en las sentencias en reformas normativas, políticas públicas inclusivas y estrategias de formación jurídica adaptadas a los nuevos retos del mundo del trabajo. Solo mediante esta articulación entre el lenguaje del derecho, la ética de la justicia y la racionalidad económica será posible que el trabajo en la República Dominicana se configure como una vía legítima de autorrealización, cohesión social y ciudadanía plena.
Una limitación del estudio radica en la focalización en sentencias de acceso público, lo que puede excluir decisiones relevantes no publicadas. Además, la muestra de entrevistas, aunque representativa, no permite generalizaciones estadísticas. Así, futuras investigaciones podrían profundizar en estas dinámicas mediante enfoques comparativos regionales o metodologías mixtas que integren el análisis estadístico de impactos económicos con la percepción ciudadana sobre la importancia de los jueces laborales. Asimismo, sería relevante explorar el efecto de las decisiones judiciales en sectores específicos del aparato productivo o en poblaciones especialmente vulnerables, con el fin de proponer marcos regulatorios y judiciales más eficaces y equitativos.
REFERENCIAS
Adam Cobb, J. (2016). How firms shape income inequality: Stakeholder power, executive decision making, and the structuring of employment relationships. Academy of Management Review, 41(2), 324-348. https://doi.org/10.5465/amr.2013.0451
Constitución de la República Dominicana (2010). Gaceta Oficial No. 10561. Santo Domingo: Asamblea Nacional.
Familia, J. (2017). El derecho al trabajo como derecho fundamental en la Constitución Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: Editora Jurídica Nacional.
Lasa López, M. (2023). Justicia social y decisiones del TJUE: tensiones entre libertades económicas y derechos sociales. Revista Europea de Derecho Social.
Maurizio, R., Beccaria, L., & Monsalvo, A. (2022). Labour formalization and inequality: The distributive impact of labour formalization in Latin America since 2000. Development and Change, 53(1), 117-165. https://doi.org/10.1111/dech.12653
Monereo Pérez, J. L. (2021). Derecho del trabajo, justicia social y economía. Madrid, España: Editorial Jurídica Laboral.
Strauss, A. & Corbin, J. M., (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3–21. https://doi.org/10.1007/bf00988593