Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica
ISSN: 2660-5554
Vol. 7 Núm. 1 (2026): Enero - Marzo
Equidad y justicia educativa: el papel de las políticas públicas frente a las desigualdades económicas en la educación superior
Ab. Elizabeth Mercedes Cevallos Gorozabel
elizabeth.cevallos@utelvt.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-0425-3497
Docente Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Esmeraldas
–- Ecuador
Ab. Karen Patricia Cañola Rodriguez
Karen.canoña.rodriguez@utelvt.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-9703-6531
Docente de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Esmeraldas – Ecuador
RESUMEN
Este artículo analiza el papel de las políticas públicas en la promoción de la equidad y justicia educativa frente a las desigualdades económicas en la educación superior en Ecuador. A pesar de avances normativos y programas de gratuidad, becas y acciones afirmativas, persisten brechas significativas en el acceso y permanencia de estudiantes de bajos ingresos y de zonas rurales. Se propone una política pública integral que incluya financiamiento progresivo, becas completas, expansión de infraestructura educativa, programas de acompañamiento socioeducativo e incentivos para inclusión cultural y étnica. Los indicadores de impacto contemplan aumento de matrícula de estudiantes vulnerables, reducción de deserción y cobertura territorial ampliada, contribuyendo a oportunidades equitativas y al desarrollo social y humano del país.
Palabras clave: Equidad educativa, Justicia educativa, Políticas públicas, Desigualdad económica, Educación superior, Inclusión social, Buen Vivir.
Educational equity and justice: the role of public policies in the face of economic inequalities in higher education
ABSTRACT
This article analyzes the role of public policies in promoting educational equity and justice in the face of economic inequalities in higher education in Ecuador. Despite regulatory advances and free tuition, scholarship, and affirmative action programs, significant gaps persist in access and retention for low-income and rural students. A comprehensive public policy is proposed that includes progressive financing, full scholarships, expansion of educational infrastructure, socio-educational support programs, and incentives for cultural and ethnic inclusion. Impact indicators include increased enrollment of vulnerable students, reduced dropout rates, and expanded territorial coverage, contributing to equitable opportunities and the country's social and human development.
Keywords: Educational equity, educational justice, public policies, Economic inequality, Higher education, social inclusion, Buen Vivir.
Equidade e Justiça Educacional: O Papel das Políticas Públicas no Combate às Desigualdades Econômicas no Ensino Superior
RESUMO
Este artigo analisa o papel das políticas públicas na promoção da equidade e da justiça educacional no combate às desigualdades econômicas no ensino superior no Equador. Apesar dos avanços regulatórios e de programas como o ensino gratuito, bolsas de estudo e ações afirmativas, persistem lacunas significativas no acesso e na permanência no ensino superior para estudantes de baixa renda e aqueles provenientes de áreas rurais. Propõe-se uma política pública abrangente que inclui financiamento progressivo, bolsas de estudo integrais, expansão da infraestrutura educacional, programas de apoio socioeducacional e incentivos à inclusão cultural e étnica. Os indicadores de impacto incluem o aumento da matrícula de estudantes vulneráveis, a redução das taxas de evasão e a expansão da cobertura territorial, contribuindo para a equidade de oportunidades e para o desenvolvimento social e humano do país.
Palavras-chave: Equidade educacional, Justiça educacional, Políticas públicas, Desigualdade econômica, Ensino superior, Inclusão social, Bem-estar (Buen Vivir).
INTRODUCCIÓN
La educación superior constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, económico y humano de una nación. No obstante, en los países de América Latina, y particularmente en Ecuador, el acceso equitativo a la educación superior continúa siendo un desafío estructural. Las desigualdades económicas, territoriales, étnicas y de género condicionan las posibilidades reales de los individuos para acceder, permanecer y culminar estudios universitarios. En este contexto, el principio de equidad y justicia educativa adquiere una relevancia crucial, ya que interpela a las políticas públicas y al papel del Estado como garante de derechos y promotor de igualdad de oportunidades.
La equidad educativa no puede entenderse únicamente como igualdad de acceso, sino como la capacidad de generar condiciones efectivas para que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o lugar de residencia, puedan alcanzar logros académicos equivalentes. En este sentido, la justicia educativa trasciende la dimensión meramente distributiva y se vincula con el reconocimiento, la inclusión y la participación social. Tal como sostiene Amartya el desarrollo humano implica ampliar las libertades reales de las personas, y la educación es una de las capacidades centrales que determinan dichas libertades. Por tanto, la desigualdad educativa refleja una forma profunda de injusticia social. (Amartya, 1999).
En Ecuador, los avances normativos de las últimas décadas, como la gratuidad de la educación superior pública y los programas de becas nacionales e internacionales, han significado pasos importantes hacia la democratización del conocimiento. Sin embargo, la persistencia de brechas económicas y territoriales continúa limitando el impacto de estas políticas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC., 2023), muestran que los jóvenes de los quintiles más altos de ingreso tienen hasta tres veces más probabilidades de ingresar a la universidad que los pertenecientes a los quintiles más bajos. A ello se suman las deficiencias en la formación secundaria, la escasa oferta de instituciones en zonas rurales y amazónicas, y la falta de políticas sostenibles de acompañamiento estudiantil.
El acceso desigual a la educación superior no solo reproduce las inequidades preexistentes, sino que también restringe el desarrollo productivo y la movilidad social del país. De ahí que la justicia educativa se configure como una dimensión estratégica para el desarrollo nacional. Según John Rawls, (Rawls., 1971) una sociedad justa debe estructurar sus instituciones de manera que las desigualdades solo sean aceptables si benefician a los más desfavorecidos. Bajo esta premisa, las políticas públicas en educación superior deben orientarse no solo a la eficiencia del sistema, sino a garantizar justicia social y oportunidades reales para todos.
El presente artículo tiene como propósito analizar el papel de las políticas públicas en la promoción de la equidad y la justicia educativa frente a las desigualdades económicas en la educación superior, identificando los avances, limitaciones y retos en el contexto ecuatoriano y latinoamericano. Además, se propone formular una propuesta de política pública orientada a fortalecer la equidad educativa, articulando estrategias de financiamiento, inclusión territorial, acompañamiento socioeducativo y participación ciudadana.
Desde el punto de vista metodológico, el artículo se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo analítico-documental y propositivo, sustentado en la revisión de literatura académica, informes de organismos internacionales (UNESCO., 2022), (CEPAL., 2022), Banco Mundial), y normativa nacional vigente. El enfoque propositivo busca trascender el diagnóstico para ofrecer alternativas concretas de acción estatal y social orientadas al cierre de brechas estructurales.
En suma, este estudio parte de la premisa de que la educación superior constituye un derecho humano y un bien público, cuyo acceso no debe depender del nivel de ingreso, del territorio o de la condición social. La equidad y la justicia educativa, más que ideales, son principios operativos que deben guiar la planificación, el financiamiento y la gestión de las políticas públicas educativas. Solo mediante un compromiso real con estos principios será posible construir un sistema educativo inclusivo, solidario y transformador, capaz de contribuir a la cohesión social y al desarrollo sostenible.
DESARROLLO
Fundamentos filosóficos de la equidad y la justicia educativa
El debate sobre la equidad y la justicia educativa tiene sus raíces en la filosofía moral y política. La educación, en tanto derecho humano fundamental, es también un espacio de realización de la justicia social. Desde la perspectiva de John Rawls (1971), la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y debe garantizar la distribución equitativa de bienes primarios, entre ellos, la educación. Rawls sostiene que una sociedad justa es aquella en la que las desigualdades solo son aceptables si benefician a los menos favorecidos. Este principio se traduce en el ámbito educativo en la necesidad de diseñar políticas que favorezcan el acceso, permanencia y éxito académico de los sectores históricamente excluidos.
De manera complementaria, Amartya Sen (1999) plantea que la justicia no puede medirse únicamente por la igualdad de recursos, sino por las capacidades reales de las personas para lograr sus metas. En este sentido, la equidad educativa implica dotar a cada estudiante de las condiciones necesarias para desarrollar sus potencialidades, superando las barreras sociales y económicas.
En América Latina, pensadores como Paulo Freire (1970) han reivindicado una visión emancipadora de la educación. Freire sostiene que la educación no debe ser un proceso de domesticación, sino de liberación, donde el conocimiento sirva para transformar las estructuras de dominación. Desde esta mirada, la justicia educativa no solo redistribuye recursos, sino que también reconoce las diversidades culturales y sociales, empoderando a los sujetos para ejercer ciudadanía crítica.
En el contexto ecuatoriano, autores como Fernando Cordero (Cueva, 2014) y Santiago Roldós (Roldos, 2027), han reflexionado sobre la educación como instrumento de justicia social. Cordero señala que la equidad en el acceso a la educación superior no se logra únicamente con gratuidad, sino con políticas integrales que aborden las desigualdades territoriales y socioeconómicas. Por su parte, Roldós enfatiza que la educación es un factor clave de movilidad social y cohesión, pero advierte que su eficacia depende de la voluntad política y de la articulación interinstitucional del Estado.
En suma, la justicia educativa puede definirse como el conjunto de acciones, principios y políticas destinadas a garantizar que todos los ciudadanos tengan oportunidades reales y equitativas de aprender, desarrollarse y participar en la vida social. No se trata de igualar resultados, sino de compensar las desventajas estructurales y ofrecer condiciones justas de partida.
2.2. Equidad educativa y desigualdad económica
La equidad educativa es un concepto que trasciende la igualdad formal para centrarse en la igualdad de condiciones y resultados. En sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas, las diferencias económicas determinan de manera directa el acceso y permanencia en la educación superior. La CEPAL, advierte que la pobreza, el desempleo y la desigual distribución de la riqueza se reflejan en brechas educativas persistentes entre zonas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, y entre grupos étnicos.
En Ecuador, la relación entre desigualdad económica y educación superior ha sido ampliamente estudiada por investigadores como Ramiro Ávila Santamaría (Santamaría, 2019), quien sostiene que las condiciones materiales de vida condicionan el ejercicio real del derecho a la educación. Según Ávila, la equidad educativa solo puede alcanzarse mediante políticas redistributivas que aborden las causas estructurales de la pobreza y la exclusión.
De igual manera, Ana María Larrea Maldonado (2016), plantea que la justicia educativa debe entenderse dentro del marco del Buen Vivir (Sumak Kawsay), principio que inspira la Constitución ecuatoriana de 2008. Desde esta visión, la educación no se reduce a una función económica, sino que es un proceso integral de construcción de ciudadanía, identidad y solidaridad. Por tanto, las políticas públicas deben orientarse a crear sistemas educativos interculturales, inclusivos y socialmente responsables.
Marco jurídico y normativo ecuatoriano
El Estado ecuatoriano reconoce la educación como un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado, tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 26 que, dispone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y una obligación inexcusable del Estado, cuyo fin es el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los individuos. Además, el artículo 27 establece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará la equidad, la inclusión y la justicia social. El artículo 350 de la misma Constitución es clave para la educación superior, al señalar que esta tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión crítica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas al desarrollo nacional y al Buen Vivir. (Ecuador, 2008)
Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES., 2018), ratifica estos principios y consagra la gratuidad en las instituciones públicas como mecanismo de democratización del acceso, a la vez que promueve políticas de acción afirmativa para grupos históricamente excluidos. No obstante, diversos estudios como el Consejo de Educación Superior, el Senescyt, evidencian que la gratuidad, aunque necesaria, no ha sido suficiente para garantizar la equidad, pues persisten brechas en el ingreso y la permanencia de estudiantes de sectores rurales y de bajos ingresos. (SENESCYT., 2021, 2022)
El Plan Nacional de Desarrollo (Desarrollo, 2021 ), (Gobierno del Ecuador, SENPLADES) refuerza esta visión al establecer como objetivo estratégico “garantizar el acceso equitativo, permanente y de calidad a todos los niveles educativos”, reconociendo que la educación superior constituye un instrumento para reducir desigualdades y promover inclusión social.
Asimismo, el Plan Decenal de Educación 2016–2025 (Educación, 2016), plantea el fortalecimiento de las políticas de equidad territorial, la mejora de la calidad docente, y el desarrollo de infraestructura educativa en zonas rurales y amazónicas, con el fin de cerrar brechas estructurales.
Estos marcos normativos consolidan el compromiso del Estado ecuatoriano con la justicia educativa, pero también evidencian la necesidad de implementar políticas sostenibles y coherentes con las realidades socioeconómicas de cada región. La equidad no puede limitarse al plano legal; requiere mecanismos efectivos de ejecución, evaluación y participación ciudadana.
Síntesis interpretativa
El análisis de los fundamentos filosóficos y normativos permite comprender que la equidad y la justicia educativa constituyen principios inseparables del derecho a la educación superior. Mientras la filosofía aporta las bases éticas, igualdad, libertad y reconocimiento, el marco normativo ecuatoriano traduce esos principios en obligaciones concretas del Estado.
Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad revela que la equidad educativa sigue siendo un ideal inacabado, condicionado por desigualdades económicas estructurales y por la limitada capacidad del Estado para garantizar condiciones homogéneas de acceso y calidad.
En consecuencia, el desafío central radica en transformar la justicia educativa en práctica efectiva, articulando las políticas públicas con los principios constitucionales del Buen Vivir y con una visión humanista y solidaria de la educación. Solo así será posible construir un sistema educativo que no reproduzca las desigualdades, sino que las combata desde sus raíces.
Diagnóstico o análisis de la situación actual de la equidad y desigualdad en la educación superior
Panorama de la educación superior en Ecuador
La educación superior en Ecuador ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, impulsadas por reformas normativas, ampliación de cobertura y políticas de gratuidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023), en el año 2022 la matrícula universitaria alcanzó aproximadamente 590.000 estudiantes, de los cuales un 62% se concentraba en instituciones públicas y el resto en universidades privadas.
A pesar de estos avances cuantitativos, persisten desigualdades estructurales que afectan el acceso y la permanencia de estudiantes provenientes de sectores socioeconómicamente vulnerables. Los datos muestran que los jóvenes de los quintiles de ingreso más alto tienen hasta tres veces más probabilidades de ingresar a la educación superior que los pertenecientes a los quintiles más bajos. Esta brecha no solo limita oportunidades individuales, sino que reproduce la inequidad social y la segregación académica, concentrando el talento en sectores privilegiados.
En el ámbito territorial, la concentración de universidades en zonas urbanas y la región Costa contrasta con la limitada oferta en zonas rurales y amazónicas, generando barreras adicionales para los estudiantes de estas regiones. Según el Plan Decenal de Educación 2016–2025, alrededor del 30% de los cantones rurales carecen de infraestructura educativa de nivel superior, lo que obliga a los estudiantes a desplazarse largas distancias, incrementar gastos y enfrentar riesgos de deserción.
Desigualdades económicas y acceso a la educación superior
La evidencia empírica indica que las desigualdades económicas son uno de los principales determinantes del acceso y permanencia en la educación superior. Según un estudio de la SENESCYT (2022), los estudiantes provenientes de familias con ingresos bajos enfrentan dificultades económicas que impactan directamente en su rendimiento académico y en su posibilidad de culminar estudios. Entre los factores críticos se identifican:
Estos factores generan un ciclo de desigualdad, donde los estudiantes más vulnerables tienen menos posibilidades de acceder a estudios de calidad y de obtener un título universitario, perpetuando la brecha social.
Evaluación de políticas públicas existentes
El Estado ecuatoriano ha implementado diversas políticas públicas para promover la equidad en la educación superior, entre las que destacan:
Si bien estas políticas han tenido resultados positivos en términos de acceso, persisten desafíos importantes:
Comparación con América Latina
A nivel regional, Ecuador enfrenta desafíos similares a los de otros países latinoamericanos:
Estas comparaciones evidencian que la desigualdad educativa no es exclusiva de Ecuador, sino un fenómeno estructural en América Latina. Sin embargo, Ecuador ha logrado avances normativos y de cobertura que lo colocan en una posición relativamente favorable para implementar políticas de equidad efectivas, siempre que se fortalezcan los mecanismos de acompañamiento y financiamiento.
Principales retos identificados
Del análisis anterior se derivan retos centrales para la política educativa:
Ecuador ha avanzado en términos de cobertura y normatividad, las desigualdades económicas y territoriales siguen siendo los principales obstáculos para lograr una educación superior verdaderamente equitativa y justa. Este diagnóstico permite sentar las bases para la propuesta de política pública que se desarrollará en los capítulos posteriores, orientada a cerrar brechas estructurales y garantizar oportunidades reales para todos los estudiantes.
Discusión: retos y tensiones en la Educación Superior
Contradicciones entre equidad y eficiencia
Uno de los principales retos en la educación superior es conciliar la equidad con la eficiencia del sistema educativo. Mientras la equidad busca garantizar oportunidades reales para todos, la eficiencia se centra en la optimización de recursos y resultados académicos. En Ecuador, la gratuidad universitaria y los programas de becas han ampliado el acceso, pero han generado tensiones financieras en las instituciones públicas y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema.
Según el Informe UNESCO (2022), los sistemas de educación superior que priorizan únicamente la eficiencia tienden a concentrar recursos en los estudiantes con mayor rendimiento previo o mejores condiciones socioeconómicas, mientras que aquellos con menos preparación quedan marginados. En cambio, un enfoque estrictamente equitativo puede implicar mayores costos y esfuerzos de acompañamiento, tutorías y financiamiento, lo que requiere un diseño estratégico de políticas públicas sostenibles.
Desigualdades territoriales y socioeconómicas persistentes
A pesar de las políticas implementadas, la desigualdad territorial sigue siendo un desafío crítico. La concentración de universidades y centros de formación en ciudades principales limita el acceso de estudiantes de zonas rurales, amazónicas y costeras periféricas. Esta situación genera migración estudiantil interna, costos adicionales y un riesgo elevado de deserción.
Asimismo, las desigualdades económicas condicionan la permanencia de los estudiantes. Las brechas de ingreso impactan en la capacidad de cubrir gastos de transporte, alimentación, material académico y tecnología, factores que afectan directamente el rendimiento y la continuidad de los estudios. Esta doble vulnerabilidad —territorial y económica— evidencia que las políticas de acceso no son suficientes si no se acompañan de estrategias integrales de permanencia y éxito académico.
Retos de inclusión y diversidad
La inclusión de grupos históricamente marginados, como pueblos indígenas, afroecuatorianos y personas con discapacidad, representa otro desafío central. Aunque la LOES y la Constitución ecuatoriana promueven acciones afirmativas, su implementación práctica enfrenta obstáculos:
Estos factores muestran que la justicia educativa no puede limitarse a la formalidad del acceso, sino que debe incluir condiciones de permanencia, acompañamiento y reconocimiento de la diversidad cultural y social.
Limitaciones institucionales y normativas
A nivel institucional, las universidades enfrentan retos de financiamiento, infraestructura y planificación estratégica. La gratuidad y los programas de becas dependen en gran medida del presupuesto estatal, lo que genera incertidumbre ante cambios de gobierno o crisis económicas.
Asimismo, la fragmentación de programas de apoyo académico, becas y tutorías dificulta la coordinación interinstitucional. Los estudiantes a menudo acceden a múltiples beneficios de manera aislada, sin una estrategia integral que vincule ingreso, permanencia y graduación, reduciendo la efectividad de las políticas públicas.
En cuanto a la normativa, aunque la Constitución de 2008, la LOES y el Plan Decenal de Educación establecen principios claros de equidad y justicia educativa, su aplicación práctica requiere seguimiento, evaluación y mecanismos de ajuste para responder a desigualdades emergentes y brechas persistentes.
Tensiones entre educación y mercado laboral
Otra tensión se da entre la educación superior como derecho social y la orientación del sistema hacia la demanda del mercado laboral. La presión por vincular la educación con empleabilidad puede priorizar carreras técnicas o profesionales con alta demanda laboral, dejando de lado la formación humanista, crítica y social. Esto genera un dilema: ¿cómo garantizar que la educación cumpla una función emancipadora y equitativa, sin subordinarla completamente a criterios de eficiencia económica?
Autores como Paulo Freire (1970) y Fernando Cordero (2014) advierten que un sistema educativo orientado solo al mercado puede reproducir desigualdades y limitar la formación ciudadana. Por tanto, las políticas públicas deben equilibrar igualdad de oportunidades, calidad académica y pertinencia social, evitando que la educación se convierta en un mecanismo de exclusión económica.
Síntesis de retos y tensiones
De la discusión anterior se pueden sintetizar los retos centrales que enfrentan las políticas públicas en Ecuador:
Estos desafíos configuran un panorama complejo, pero también ofrecen oportunidades para la innovación en políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia educativa, integrando principios filosóficos, normativos y prácticos.
Fundamentación de la propuesta
La propuesta se fundamenta en la necesidad de cerrar las brechas económicas, territoriales y culturales que limitan el acceso, permanencia y éxito de los estudiantes en la educación superior en Ecuador. Basada en los principios de equidad, justicia educativa, inclusión y desarrollo humano, la política busca transformar la educación superior en un instrumento efectivo de movilidad social y cohesión nacional.
Se retoman los aportes de Rawls (1971), que enfatiza que las desigualdades solo son justificables si benefician a los más desfavorecidos; Sen (1999), que promueve la expansión de capacidades reales; y Freire (1970), que concibe la educación como proceso liberador. Asimismo, se integra la normativa ecuatoriana (Constitución de 2008, LOES, Plan Decenal de Educación) y las experiencias de programas de equidad existentes.
Objetivo general
Garantizar el acceso, permanencia y éxito académico de estudiantes de sectores socioeconómicamente vulnerables y de zonas rurales, mediante políticas públicas integrales que promuevan la equidad y la justicia educativa en la educación superior ecuatoriana.
Objetivos específicos:
Estrategias y acciones concretas
Eje 1: Acceso y cobertura territorial
Eje 2: Apoyo financiero y socioeconómico
Eje 3: Permanencia y éxito académico
Eje 4: Coordinación institucional y gobernanza
Eje 5: Innovación y pertinencia académica
Indicadores de evaluación
Para medir la efectividad de la política, se proponen indicadores cualitativos y cuantitativos:
Impacto esperado
La implementación de esta política pública permitirá:
En síntesis, esta propuesta busca traducir los principios de equidad y justicia educativa en acciones concretas y sostenibles, vinculando la filosofía, la normativa y la práctica de manera integral.
CONCLUSIONES
· La educación superior es un derecho humano fundamental y un instrumento clave de desarrollo y movilidad social.
REFERENCIAS
Amartya, S. (. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
CEPAL. (2022). Panorama social de América Latina 2022. . Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Cueva, F. C. (2014). Educación, equidad y movilidad social. . Quito: Editorial Abya-Yala.
Desarrollo, P. N. (2021). Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025 SENPLADES, Ecuador. SENPLADES, Ecuador.
Ecuador, A. N. (2008). Constitución de la Republica del Ecuador Art. 26, 27. 350. Quito.
Educación, P. D. (2016). Plan Decenal de Educación 2016–2025. . En E. Ministerio de Educación.
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LOES. (2018). Ley Orgánica de Educación Superior. . Registro Oficial del Ecuador.
Rawls., J. (1971). A Theory of Justice. . Harvard University Press.
Roldos, S. (2027). Educación y Cohesión social en Ecuador. Quito: Del Bicentenario.
Santamaría, R. A. (2019). Desigualdad socioeconómica y educación superior en Ecuador. Quito: FLACSO Ecuador.
SENESCYT. (2021, 2022). Informes de educación superior y becas. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ecuador.
UNESCO. (2022). Informe de educación superior en América Latina y el Caribe. París: UNESCO.