Desarrollo sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación
ISSN: 2695-6098
Año 7 N.º 71 - Septiembre 2025
Instituciones sólidas, derechos humanos y desarrollo sostenible: desafíos y soluciones
Dr. Mario González Arencibia
Universidad de las Ciencias Informáticas,
Centro de Estudios de Gestión de Proyectos y Toma de Decisiones, Habana, Cuba.
https://orcid.org/0000-0001-9947-7762
mgarencibia@uci.cu
Dra. María de los Ángeles Cervantes Rosas
Universidad Autónoma de Occidente
UR Guasave, Sinaloa, México
https://orcid.org/0000-0003-3338-4816
maria.cervantes@uadeo.mx
Dr. Emilio Horacio Valencia Corozo
Instituto de Altos Estudios (IAEN)
https://orcid.org/009-0007-5886-1267
emiliohoracioa62@iae.ec
RESUMEN
En la actualidad, el fortalecimiento institucional orientado a la defensa y respeto de los derechos de las personas se considera prioritario para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel global. Sin embargo, diversos desafíos obstaculizan el progreso en estas áreas, afectando gravemente el bienestar de las sociedades. Las preguntas que detonantes de esta investigación son: ¿Cuáles son los factores que impiden el fortalecimiento de las instituciones, el estado de derecho y que se garanticen los derechos humanos, y, ¿qué soluciones innovadoras y adaptadas al contexto local se pueden proponer desde la perspectiva del desarrollo sostenible?. La investigación se desarrolla con el enfoque cualitativo ya que se hace una revisión de literatura para obtener respuestas a las preguntas planteadas. Se identificó que los principales desafíos son, entre otros, la corrupción, la falta de independencia de las organizaciones públicas y la débil en la rendición de cuentas. Estos problemas institucionales generan impunidad, inseguridad jurídica, desconfianza ciudadana y vulneración a los derechos fundamentales. Para abordarlos, se propone fortalecer la independencia de las instituciones, implementar mecanismos efectivos de transparencia, erradicar prácticas corruptas, involucrar a la ciudadanía y descentralizar el poder hacia los gobiernos locales. La integridad de la gestión en las instituciones públicas, el reforzamiento de la legalidad y garantía de los derechos fundamentales son elementos clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Abordar los desafíos institucionales, promover una gobernanza democrática y proteger y garantizar los derechos y la dignidad de las personas son estrategias fundamentales para construir sociedades con mayor justicia y resilientes, en línea con los objetivos globales de la Agenda 2030.
Palabras clave: Agenda 2030, desafíos globales, grupos de interés.
Strong institutions, human rights and sustainable development: challenges and solutions
ABSTRACT
Currently, institutional strengthening aimed at defending and respecting people's rights is considered a priority to move towards sustainable and inclusive development at the global level. However, various challenges hinder progress in these areas, severely affecting the well-being of societies. The questions that trigger this research are: What are the factors that prevent the strengthening of institutions, the rule of law and the guarantee of human rights, and what innovative solutions adapted to the local context can be proposed from the perspective of sustainable development? The research is approached with a qualitative approach since a literature review is made in order to answer the research questions. The main challenges were identified as corruption, the lack of independence of public institutions and weak accountability. These institutional problems generate impunity, legal insecurity, citizen distrust and violation of fundamental rights. To address them, it proposes to strengthen the independence of institutions, implement effective transparency mechanisms, eradicate corrupt practices, involve citizens and decentralize power to local governments. The integral management of public institutions, the strengthening of legality and the guarantee of fundamental rights are key elements to advance towards sustainable and inclusive development. Addressing institutional challenges, promoting democratic governance, and protecting and guaranteeing people's rights and dignity are fundamental strategies for building societies with greater justice and resilience, in line with the global goals of the 2030 Agenda.
Keywords: Agenda 2030, global challenges, stakeholders.
INTRODUCCIÓN
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales el ODS 16 se centra en la promoción en las sociedades buscando la paz y la sostenibilidad" (Naciones Unidas, 2015). Este objetivo está estrechamente ligado a la protección y promoción de los derechos humanos.
La solidez y eficacia de los organismos del estado, así como la garantía a los derechos de las personas son de vital importancia para cerrar las puertas a la impunidad, eliminar prácticas corruptas, lograr la igualdad, el respeto a la dignidad y el desarrollo sostenible en las sociedades (Acemoglu & Robinson, 2012). A pesar de ello, en diversas partes del mundo, los órganos encargados de impartir justicia, las instituciones gubernamentales y los mecanismos de rendición de cuentas siguen enfrentando desafíos como la corrupción, la falta de independencia y la baja confianza pública (Transparency International, 2021), lo que obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Cuando los funcionarios aceptan sobornos o favores a cambio de decisiones sesgadas, se socava el estado de derecho y se niega a los ciudadanos el acceso justo a la justicia. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones estatales no son confiables o responsables, se debilita su legitimidad y se desalienta la participación cívica, lo cual dificulta abordar efectivamente los problemas relacionados con los derechos humanos.
Para superar estos desafíos, se requieren reformas legales e institucionales que garanticen la independencia del poder judicial, fortalecimiento de los sistemas de control institucional y acceso a la información, y el fortalecimiento de la ciudadanía que monitorea y exige responsabilidad a las autoridades. La cooperación internacional también es crucial para compartir mejores prácticas y presionar por reformas. En este ámbito subyacen variados campos por investigar, ente ellos, la necesidad de análisis de los desafíos institucionales y de gobernanza que afectan el respeto y la protección de los derechos humanos, incluyendo las prácticas corruptas, la secrecía de la información pública y la ausencia de informes de actividades (Rothstein & Teorell, 2008). También sobresale, como foco a examinar y buscar soluciones, avanzar en el mejoramiento de la eficacia de los órganos judiciales y su capacidad de garantizar una sociedad justa y la reparación de daños por vulneración a los derechos humanos para todos los ciudadanos (Hammergren, 2007).
Por otro lado, un campo a explorar es el referido al estudio de las propuestas legislativas y modificaciones institucionales implementadas por los gobiernos y actores sociales independientes del estado para fortalecer las instituciones y promover la buena gobernanza, en alineación con los tratados internacionales que estableces los derechos universales de las personas (PNUD, 2014). Este hecho, requiere de la investigación sobre la relación entre la calidad de los órganos de gobierno y el enfoque en los objetivos globales plasmados en la Agenda 2030, incluyendo la garantía de dichos derechos (Kaufmann et al., 2010).
De lo anterior, resaltan contradicciones y desafíos a abordar, que incluyen la distancia entre los marcos jurídicos y su aplicación efectiva, el escaso compromiso de la clase política y de recursos para llevar a cabo reformas institucionales que garanticen los derechos humanos, y las tensiones entre la necesidad de independencia de las instituciones y la rendición de cuentas a los ciudadanos (Fukuyama, 2014). En este sentido, el objetivo general de la investigación sería analizar y comprender los factores que obstaculizan el fortalecimiento de las instituciones, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, y proponer soluciones innovadoras y adaptadas al contexto local desde la visión del desarrollo sostenible.
La construcción de instituciones sólidas, la consolidación del marco legal y democrático y la salvaguarda de las libertades individuales son temas de gran relevancia, especialmente por las afectaciones de la reciente pandemia de COVID-19 y de los crecientes desafíos globales (OCDE, 2020). Contar con instituciones eficaces, confiables y respetuosas de la preservación de los principios universales de justicia es básico para abordar problemas complejos, garantizar la equidad y la inclusión, y construir sociedades más resilientes y sostenibles (Acemoglu & Robinson, 2012). Por lo tanto, la investigación en este ámbito tiene el potencial de generar hallazgos y recomendaciones valiosas para avanzar hacia el logro de los objetivos globales y mejorar la calidad de vida de las personas, en pleno respeto a sus derechos humanos.
Instituciones sólidas, derechos humanos y desarrollo sostenible
Las instituciones sólidas se refieren a estructuras y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen la capacidad de garantizar el reforzamiento de la legalidad institucional, la ampliación de las herramientas para supervisar la gestión pública y la efectiva implementación de políticas públicas (Acemoglu y Robinson, 2012; North, 1990). Entre los atributos clave de las instituciones sólidas se incluyen la estabilidad, legitimidad y la gestión eficaz del sector público, la capacidad de formular, implementar y hacer cumplir leyes y regulaciones de manera imparcial, mecanismos efectivos de participación ciudadana y control democrático, la independencia del poder judicial y de otras entidades de supervisión y rendición de cuentas, y la transparencia en el uso de los recursos públicos y el combate a la corrupción.
Los derechos humanos se refieren al conjunto de prerrogativas inherentes a la dignidad de la persona, que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar (Naciones Unidas, 1948). Los elementos esenciales que involucran los derechos humanos son los derechos civiles y políticos (como la vida, la libertad, la integridad física y la participación política), los derechos económicos, sociales y culturales (como el trabajo, la salud, la educación y la vivienda), los derechos de grupos vulnerables (como mujeres, niños, minorías y personas con discapacidad), y los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos.
La investigación se sustenta en el concepto de desarrollo sosteniblemanifestado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). Los rasgos clave del desarrollo sostenible abarcan la sostenibilidad económica (como el crecimiento, el empleo y la innovación), la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental (como la protección de ecosistemas, la optimización en el uso de recursos y la mitigación de los efectos del cambio en el clima).
La presencia de instituciones sólidas, caracterizadas por su eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, desempeña un papel fundamental en garantizar el respeto las libertades fundamentales (Banco Mundial, 2017; PNUD, 2016). A su vez, el respeto y observancia de los derechos humanos son elementos esenciales para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Esta estrecha interconexión entre instituciones sólidas, derechos humanos y desarrollo sostenible se manifiesta en diversas áreas. En primer lugar, en el diseño e implementación de políticas públicas, las instituciones sólidas facilitan la creación de políticas efectivas basadas en los derechos humanos, asegurando que el respeto a la dignidad de las personas sea el eje central de las decisiones tomadas (Banco Mundial, 2017). La participación de la ciudadanía en este proceso, a través de mecanismos democráticos transparentes, garantiza la consideración del bien común sobre las necesidades particulares (PNUD, 2016).
En cuanto a la asignación eficaz de recursos, las instituciones eficientes y transparentes son esenciales para el reparto balanceado de los beneficios generados de los recursos públicos, evitando la corrupción y el mal uso de estos (Banco Mundial, 2017). Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la educación, la salud y la vivienda, requiere una asignación adecuada de recursos para asegurar su cumplimiento (PNUD, 2016). Otro punto importante es la gestión eficiente de los recursos y su comunicación por parte de las autoridades a la ciudadanía es crucial para garantizar la transparencia y la buena gobernanza (Banco Mundial, 2017). Las instituciones sólidas establecen mecanismos claros y accesibles para que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades a sus gobernantes, asegurando un ejercicio responsable y ético del poder (PNUD, 2016).
Por otro lado, involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones estratégicas y seguimiento de políticas públicas es esencial para un desarrollo sostenible e inclusivo (PNUD, 2016). Las instituciones sólidas fomentan esta participación a través de cabildos abiertos y plataformas digitales, empoderando a la población para ejercer sus derechos y contribuir al bien común (Banco Mundial, 2017).
METODOLOGÍA
Se hizo un análisis estructurado de fuentes bibliográficas por lo que se ubica en el enfoque cualitativo, es documental, crítico e interpretativo, buscando en diversas bases de datos, utilizando palabras clave para identificar los factores que obstaculizan el fortalecimiento del estado de derechos y buscar soluciones innovadoras a la problemática. Del total de artículos, informes de investigación, capítulos de libro, libros y otros documentos, sólo se tomaron los más relevantes que fueron un poco más de 50. Con ellos se plasman los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSION
Desafíos a las instituciones y el estado de derecho
El progreso hacia un desarrollo sostenible según la ONU (2015) depende de la calidad de las instituciones democráticas y de la promoción y respeto de los derechos inherentes a las personas. Se reconoce que estas instituciones sólidas son fundamentales para crear condiciones que fomenten la inversión, la innovación y el incremento sostenido del Producto Interno Bruto de manera sostenible, al mismo tiempo que se promueve la sensibilidad por el planeta y sus recursos y las libertades individuales de las personas (Banco Mundial, 2017; PNUD, 2016).
A pesar de los beneficios que aportan las instituciones sólidas, también se identifican desafíos significativos que obstaculizan su eficacia y confiabilidad. Estos desafíos afectan directamente la capacidad de las instituciones públicas para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Es importante abordar estos obstáculos para lograr un funcionamiento óptimo de las instituciones y asegurar que cumplan su rol en la promoción de un modelo de desarrollo equilibrado entre loe económico, social y ambiental, y al mismo tiempo, incluyente.
Los principales desafíos que obstaculizan la eficacia y confiabilidad de las instituciones públicas, afectando directamente a la protección de los derechos y que las personas sean tratadas con justicia, son:
Corrupción: definida como el abuso de poder para obtener beneficios privados (Bardhan, 1997), es un fenómeno que debilita la confianza en las organizaciones pública y erosiona la confianza en las autoridades. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2022), un porcentaje significativo de países aún enfrentan niveles alarmantes de corrupción, lo que obstaculiza el uso de recursos públicos, la implementación efectiva de políticas públicas y la garantía sobre los derechos de las personas (Gupta et al., 2002). La corrupción conduce a la violación de derechos fundamentales como la educación de calidad, la protección de la salud y el contar con un lugar digno donde vivir (Gupta et al., 2012).
Falta de Independencia: de las instituciones públicas, particularmente los órganos encargados de impartir justicia y los organismos de control, debilita el sistema y permite la impunidad de actos arbitrarios o ilegales (Méndez, 2018, CIDH, 2019; Ginsburg y Huq, 2018). Esta situación genera un clima de inseguridad jurídica y dificulta garantizar mecanismos judiciales para grupos en contextos de exclusión, vulnerando sus derechos fundamentales (Rodríguez-Garavito, 2017). La falta de independencia judicial puede generar impunidad para atender caso de vulneración de derechos, como la tortura, la detención arbitraria y la discriminación (Ballesteros & Martínez, 2016).
Débil Rendición de Cuentas: La ausencia de mecanismos sólidos que permitan desarrollar estructuras más robustas que garanticen la integridad gubernamental obstaculiza la capacidad de la ciudadanía para supervisar y demandar responsabilidades a las autoridades (Naciones Unidas, 2015; Buscaglia, 2018). La falta de sistemas claros y eficaces por parte de las autoridades limita el escrutinio ciudadano sobre la gestión gubernamental y fomenta la arbitrariedad en el ejercicio del poder (Samper, 2016). Este escenario alimenta la desconfianza y deslegitimación de las instituciones, dificultando la erradicación de prácticas corruptas y excesos de las autoridades, lo que impacta negativamente en la garantía de los derechos fundamentales y aleja a las autoridades de su responsabilidad fundamental de servir al interés público (Zamora, 2013). La escasa rendición de cuentas complica poder garantizar una sociedad más justa a las víctimas de violaciones a sus derechos y perpetúa ciclos de impunidad (Tuesta & Valverde, 2010).
Estas deficiencias institucionales tienen un impacto negativo directo en la protección de las libertades individuales, ya que, sin instituciones sólidas y confiables, es difícil garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones equitativas, accediendo a mecanismos judiciales efectivos y asegurando que los estados cumplan con sus obligaciones (CIDH, 2021; Naciones Unidas, 2021).
En un contexto global marcado por crecientes desafíos a las instituciones y al estado de derecho, el papel de los sistemas judiciales como garantes de la implementación de mecanismos de justicia y la reparación del daño en caso de vulneración de los derechos de las personas, lo cual se vuelve fundamental (Rodríguez-Garavito, 2017). Sin embargo, diversos obstáculos y limitaciones dificultan la plena efectividad de estos sistemas en esta tarea fundamental.
En teoría, los sistemas judiciales deberían garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos mediante mecanismos legales, eficaces e imparciales, independientemente de su condición socioeconómica, origen étnico, género o cualquier otra condición discriminatoria. No obstante, en la práctica, existen numerosas barreras que impiden que este principio se cumpla a cabalidad (Rodríguez-Garavito, 2017). Uno de los graves problemas es la falta de recursos y acceso a la representación legal. La escasez de recursos financieros y humanos en los sistemas judiciales, especialmente en países en vías de desarrollo, impide la gestión eficiente y oportuna de las demandas de la población (Inter-American Development Bank, 2012). Esta situación se agudiza cuando las personas que han visto vulnerados sus derechos tienen carencias y escaso apoyo para reclamar lo que por ley les corresponde.
De igual manera, la complejidad y lentitud de los procesos judiciales desalienta a las personas de iniciar procesos legales, especialmente cuando se enfrentan a poderosos actores o a sistemas judiciales corruptos. Por consiguiente, las personas que han visto vulnerados sus derechos, particularmente grupos minoritarios o marginalizados, enfrentan discriminación y falta de protección dentro del sistema judicial (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2022). Esto incluye intimidación, amenazas, revictimización o incluso ataques físicos.
Por otra parte, la falta de objetividad y compromisos asumidos por los órganos encargados de impartir justicia puede generar desconfianza en la población y dificultar el acceso a mecanismos legales. Esto es consecuencia de la influencia indebida de actores gubernamentales, la corrupción o la falta de capacitación de los jueces. Incluso cuando se obtienen sentencias favorables en los tribunales, la falta de mecanismos efectivos para ejecutarlas puede dejar a las víctimas sin reparación y perpetuar la impunidad.
Áreas de mejora
Primero, se requiere un aumento de recursos financieros y humanos destinados a los sistemas judiciales, así como el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los órganos judiciales, al margen de las autoridades políticas y de la presión ejercida por los mismos (Inter-American Development Bank, 2012). En segundo lugar, se deben implementar reformas procesales que sean claras y sencillas que eficienticen los procesos judiciales, haciéndolos más accesibles y menos costosos para las personas.
También, es fundamental implementar medidas efectivas para proteger a las personas afectadas en sus libertades personales, incluyendo mecanismos de prevención de la revictimización, apoyo psicológico y asistencia legal especializada (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2022). En este sentido, se deben fortalecer la actualización para los jueces y personal judicial, con énfasis en la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y la ética judicial.
Iniciativas y reformas para una mejor gobernanza y alineación con los derechos humanos
Las estrategias y políticas implementadas tanto por los gobiernos como por la sociedad civil para fortalecer las instituciones abarcan un amplio espectro de acciones (Kaufmann y Kraay, 2008; PNUD, 2019). Entre las iniciativas más destacadas incluyen reformas constitucionales y legales, procesos de descentralización y fortalecimiento del gobierno local, programas de profesionalización del servicio público, así como mejoras en la gestión de la información, su comunicación y la erradicación de prácticas corruptas.
Las reformas constitucionales y legales son mecanismos de funcionamiento para fortalecer la independencia del poder judicial, proteger los derechos fundamentales y establecer mecanismos efectivos para combatir la corrupción (Bermeo, 2016). Por otro lado, la independencia y el desarrollo de capacidades en el ámbito es un factor para la mejora de la eficiencia y la capacidad de respuesta de las instituciones, al acercarlas más a la ciudadanía (Fox & Rivera, 2019). Por otra parte, la capacitación y mejora continua de los servidores públicos, a través de criterios de inclusión y capacitación rigurosos, contribuye a un desempeño más efectivo y ético de los servidores públicos (Inter-American Development Bank, 2016). En cuanto a la gestión transparente y clara, la implementación de mecanismos de acceso a la información pública, la inclusión de organismos de control independientes y la consideración de las opiniones de la ciudadanía como elemento decisor son estrategias determinantes para fortalecer la integridad de las instituciones (Organization for Economic Co-operation and Development, 2017). Complementariamente, el combate a la corrupción, a través de la adopción de leyes anticorrupción, el fortalecimiento de los órganos encargados de la impartición de justicia y la promoción de una cultura de integridad en el sector público, constituyen la base para el establecimiento de instituciones sólidas y confiables (United Nations Development Programme, 2021).
Si bien estas iniciativas han logrado avances importantes, también enfrentan diversos desafíos que limitan su efectividad. La ausencia de compromiso instituciones, las falencias del gobierno, la baja participación ciudadana y los desafíos culturales son algunos de las limitantes que se deben vencer para lograr una reforma institucional contundente y sostenible (Bermeo, 2016; Fox & Rivera, 2019; Inter-American Development Bank, 2016; Organization for Economic Co-operation and Development, 2017).
Es necesario fortalecer la gobernanza y alinearla con los principios de derechos humanos se vuelve cada vez más imperiosa. Las instituciones sólidas y transparentes, junto con la participación de la ciudadanía, son pilares fundamentales para construir sociedades justas, equitativas y resilientes. En este contexto, diversas reformas pueden ser implementadas para avanzar en este camino.
Una de las reformas clave es el reforzamiento de la capacidad del poder judicial de ejercer sus funciones sin inferencia del poder ejecutivo, legislativo o de otros actores asegurando la imparcialidad en la aplicación de la ley. Un poder judicial independiente, libre de interferencias políticas o económicas, es esencial para garantizar el acceder a mecanismos legales, proteger las libertades individuales y erradicar las prácticas sin base ética (Bermeo, 2016; Fox & Rivera, 2019). Esto implica implementar procesos claros y enfocados en los conocimientos y las capacidades para la selección de jueces, asegurar la estabilidad en el cargo y dotar al sistema judicial de presupuestos que les permitan ejercer sus actividades y contratar a las personas idóneas para el adecuado y eficiente funcionamiento. Otra área crucial es la eliminación de prácticas corruptas y la promoción de la difusión de información. La corrupción corroe a las instituciones, afecta la credibilidad institucional y limita el crecimiento, por lo que fortalecer las instituciones anticorrupción, facilitar el acceso a los informes gubernamentales y establecer mecanismos de protección para denunciantes de corrupción son medidas fundamentales (Organization for Economic Co-operation and Development, 2017; United Nations Development Programme, 2021; Transparency International, 2023). Es esencial ampliar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Involucrar a la población en los procesos decisorios es fundamental para una gobernanza efectiva (Bermeo, 2016; Fox & Rivera, 2019). Esto implica promover mecanismos de participación ciudadana, fortalecer los procesos de mejora de la población de la sociedad civil, fomentar la educación cívica y la cultura de la participación.
También, la independencia del gobierno local y la consolidación de capacidad pueden mejorar los resultados de operación de la gestión pública (Organization for Economic Co-operation and Development, 2017; United Nations Development Programme, 2021; Transparency International, 2023). Algunas medidas en este sentido incluyen la delegación de atribuciones administrativas y asignación de recursos a los gobiernos locales, el fortalecimiento de su capacidad institucional y la implementación de mecanismos de participación ciudadana a nivel local.
El camino hacia una mejor gobernanza requiere un compromiso sostenido de gobiernos, ciudadanos y actores internacionales, trabajando juntos para construir instituciones sólidas, transparentes y participativas. En este contexto, es fundamental fortalecer aún más la colaboración entre los diferentes individuos y grupos de interés en el proceso de reforma institucional, así como el seguimiento y retroalimentación de las estrategias implementadas para ajustar y mejorar en función de los resultados obtenidos (PNUD, 2016; Naciones Unidas, 2015). Solo a través de un esfuerzo sostenido y coordinado, se podrá lograr instituciones públicas sólidas, independientes y alineadas con los principios de los derechos universales plasmados en tratados internacionales, como base para un desarrollo sostenible e incluyente.
Vínculos entre instituciones, derechos humanos y desarrollo sostenible
En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la búsqueda de un desarrollo sostenible que integre la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional se convierte en una tarea fundamental. La Agenda 2030 plasma 17 Objetivos que buscan transformar nuestro mundo hacia uno más justo, equitativo y sostenible. Entre estos objetivos, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional juegan un papel crucial.
En consecuencia, existe una conexión sólida y recíproca entre el fortalecimiento institucional, la garantía de los derechos humanos y el avance hacia el desarrollo sostenible. Diversos estudios y reportes internacionales coinciden en que mejorar la capacidad y legitimidad de las instituciones públicas es clave para construir sociedades más equitativas, inclusivas y respetuosas de los derechos fundamentales, lo que a su vez consolida las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible en el largo plazo (Acemoglu y Robinson, 2012; PNUD, 2019).
De acuerdo a Fukuda-Parr y McNeill (2019) los hallazgos muestran que los países con instituciones más sólidas, transparentes y respetuosas del Estado de derecho tienden a tener mejores resultados en áreas clave como la mejora de las condiciones de vida de personas y familias vulnerables, la garantía de la salud y la educación, y el cuidado del planeta. Esto se debe a que las instituciones fuertes son capaces de formular, implementar y hacer cumplir políticas públicas efectivas, lo cual se traduce en un mayor disfrute de los derechos humanos y un desarrollo más equitativo y sostenible. Por el contrario, la debilidad institucional, las prácticas carentes de ética y la debilidad en cuanto a la información pública, obstaculizan gravemente el avance hacia el desarrollo sostenible. Cuando los recursos públicos se desvían por la corrupción o cuando las instituciones no garantizan mecanismos de justicia pronta y expedita, ni la garantía de los derechos individuales de las personas más vulnerables son las más afectadas, profundizando las desigualdades y la marginación social (Banco Mundial, 2017; OCDE, 2018).
En este contexto, la confianza en las instituciones, a través de la garantía de la imparcialidad de los órganos encargados de impartir justicia, la transparencia en la gestión de recursos, la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción genera sinergias positivas con la garantía de las libertades individuales (Naciones Unidas, 2015; Kaufmann y Kraay, 2019). A su vez, el disfrute efectivo de los derechos humanos, como la educación, la salud y la igualdad de oportunidades, contribuye a un desarrollo más inclusivo y sostenible a largo plazo.
Por lo tanto, las inversiones y los esfuerzos orientados a robustecer las instituciones, en línea con los estándares universales de derechos humanos, deben ser una prioridad en la agenda de los países y la comunidad internacional. Ello permitirá avanzar de manera sinérgica hacia sociedades más respetuosas de las garantías individuales, en las que el bienestar de las personas y el respeto de la dignidad humana sean el eje central del desarrollo.
CONCLUSIONES
Las debilidades institucionales, como la corrupción, la falta de independencia de las instituciones públicas y la débil rendición de cuentas, son los principales desafíos que obstaculizan la eficacia y confiabilidad de las instituciones, dejando libertad para la vulneración de las garantías individuales. Estos problemas institucionales generan impunidad, inseguridad jurídica, desconfianza ciudadana y omisión en el respeto de los derechos universales.
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