La relación Estado-Cooperativas: un debate contemporáneo desde la regulación, el financiamiento y la capacitación técnica
Elizabeth Guilarte Barinaga
Master en Dirección. Universidad de Holguín. CUBA
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5367-1233
E-mail: baguie@gmail.com.
Carlos Rafael Batista Matamoros
Doctor en Ciencias Técnicas. Centro de Información y Gestión Tecnológica Holguín. CUBA
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6459-8481
E-mail: academicus2100@gmail.com
Yuri Freddy Pena Rueda
Doctor en Ciencias Veterinarias. Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov. CUBA
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6945-5316
E-mail: yfpr2003@gmail.com
RESUMEN
Palabras claves: relación Estado-cooperativa, regulación cooperativa, financiamiento cooperativo, formación cooperativa, impacto económico-social.
ABSTRACT
This research examined the dynamics between the State and cooperatives through three fundamental dimensions: regulation, financing, and technical training. An exhaustive analysis was carried out around each of the dimensions mentioned. On the regulatory side, the policies and legal frameworks that States implement to facilitate or restrict the development of cooperatives were explored. This analysis included an examination of the advantages and limitations of these regulations in various contexts. Regarding financing, the mechanisms and sources of financing available to cooperatives were evaluated, highlighting both internal initiatives and opportunities for external investors. It was discussed how access to adequate financing is crucial for the sustainability and expansion of cooperatives. Finally, technical training was addressed, highlighting the importance of training and skills development to strengthen the operational capacity of cooperatives. The training programs offered by state devices were analyzed, and their impact on the efficiency and competitiveness of cooperatives was discussed. It was concluded that effective coordination between regulation, financing, and technical training is essential for the development and success of cooperatives. Furthermore, the need for an integrated approach by the State to maximize the economic potential of cooperatives in the contemporary landscape was highlighted.
Keywords: State-cooperative relationship, cooperative regulation, cooperative financing, cooperative formation, economic-social impact.
INTRODUCCIÓN.El desempeño de la cooperativa, en el entorno socio económico que sea, debe ser autónoma e independiente, al margen de establecer acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos e inversionistas; por lo que debe garantizar el control democrático por parte de sus miembros y su autogestión. Este principio presupone una doble faceta, por un lado, lograr un gobierno democrático y autónomo hacia el interior de la organización (Colón Morales, 2014) y, por otro lado, lograr una independencia hacia el exterior, sin distinción de quienes sean esos terceros, con los cuales realicen acuerdos (Cracogna, 2020).
Tal dualidad aparece desde la génesis de la cooperativa y es recogida por la Alianza Cooperativa Internacional en el principio cuatro de autonomía e independencia, uno de los de mayor crédito y que aunque no se cumple estrictamente en la práctica cotidiana, si se aplica contextualmente de varias formas (Tjahjono, Mashud, & Suaedi, 2022). Por lo que esos principios cooperativos requieren una revisión y actualización ya que su evolución no discurre a la par de los cambios sociales, tecnológicos y económicos y fallan ante los requerimientos de la investigación académica sobre las economías multisectoriales (Sambuo, 2023).
Por su condición de asociación voluntaria no parece que se requiera análisis en su funcionamiento en alguna latitud, sin embargo, en la relación con el Estado aparecen aspectos que demandan ser observados. La tutela del Estado se muestra de manera diferente en los países, en especial en los países en desarrollo, con casos concretos como en Puerto Rico (Colón Morales, 2014) y particularidades que distinguen esa relación en los países industrializados, los países en desarrollo y los socialistas (Cracogna, 2023).
De igual modo es necesario atemperar esta relación, puesto que lo que fuese regulación en el pasado hoy tiene otro matiz. La transparencia implícita en el funcionamiento cooperativo podría contribuir a elevar la responsabilidad social y la participación popular en una gestión sostenible de los servicios públicos, como aprecia Arnáez (2020) en el nuevo régimen jurídico de la contratación pública europea.
La capacitación técnica se ve como un proceso complejo porque abarca distintos universos de destinatarios calificados por circunstancias diversas (socios, directivos, funcionarios, empleados, jóvenes, líderes de opinión) y público en general. Las cooperativas deben destinar recursos a ella y se sugiere que sea rectorada por las entidades cooperativas de grados superiores, aunque esto sería limitante para aquellas que no están asociada (Cracogna, 2020). Todo esto puede aparecer en ley, pero no se refleja ahí el papel del Estado para impulsarla.
En 2012 la declaración del Año internacional de las cooperativas por parte de la Organización de las Naciones Unidas, supuso un avance significativo en cuanto a la consolidación de la relación entre el Estado y el movimiento cooperativo. La no uniformidad de la posición del Estado, oscilante entre un excesivo paternalismo y la total indiferencia hacia el cooperativismo, permite plantear la diversidad de perspectivas en este sentido. El objetivo de este estudio se enmarca en examinar las dinámicas entre el Estado y las cooperativas a través de tres dimensiones fundamentales: regulación, financiamiento y capacitación técnica. Esta investigación busca proporcionar un análisis exhaustivo de cómo estas dimensiones se entrelazan y afectan el desarrollo y funcionamiento de las cooperativas en distintos contextos nacionales.El análisis de la regulación se centra en las políticas y marcos legales que los Estados implementan para facilitar o restringir el desarrollo de cooperativas. Este aspecto es crucial para entender las ventajas y limitaciones que enfrentan las cooperativas en diferentes jurisdicciones. Además, se evaluarán los mecanismos y fuentes de financiación disponibles, destacando tanto las iniciativas estatales como las oportunidades de financiamiento externo, y discutiendo cómo el acceso a financiamiento adecuado es esencial para la sostenibilidad y expansión de las cooperativas. Por último, se abordará la capacitación técnica, enfatizando la importancia de la formación y el desarrollo de habilidades para fortalecer la capacidad operativa de las cooperativas. Este enfoque integral permite una comprensión profunda de las relaciones Estado-cooperativa y sus implicaciones para la eficacia y competitividad de estas entidades. MATERIALES Y MÉTODOS.Se emplean métodos teóricos para analizar la relación entre el Estado y las cooperativas desde tres dimensiones fundamentales: regulación, financiamiento y capacitación técnica. El método histórico-lógico se aplica para determinar la evolución cronológica y los aportes teóricos asociados a estas relaciones en diferentes Estados, así como las manifestaciones específicas de las tres dimensiones en cada contexto y también para identificar las políticas y marcos legales que han facilitado o restringido el desarrollo de cooperativas a lo largo del tiempo. Además, se examinaron los cambios en las fuentes de financiamiento y los programas de capacitación técnica proporcionados por los Estados en distintos períodos históricos.
El método de análisis y síntesis se aplica para descomponer cada una de las tres dimensiones en sus componentes básicos y estudiar su comportamiento en diferentes Estados. Esta técnica permite una comprensión detallada de cómo la regulación, el financiamiento y la capacitación técnica interactúan y afectan el funcionamiento de las cooperativas.
Finalmente, los datos recopilados se sintetizan para elaborar conclusiones sobre la efectividad de las políticas estatales en la promoción y sostenibilidad de las cooperativas. Se realizan comparaciones entre diferentes contextos nacionales para identificar patrones comunes y diferencias significativas en la relación Estado-cooperativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Posición del Estado en relación con la Cooperativa.
La actitud que el Estado adopta en relación con la cooperativa, de promover o no su desarrollo, va a depender de su régimen político, de la voluntad pro-cooperativa o no, así como del desarrollo que tengan sus instituciones para operacionalizar o no, esas voluntades. Las actitudes que tiene el Estado hacia la cooperativa van a influir mutuamente.
El tema fue tratado por Merino-Merchán (1978), quien realiza una descripción de la relación Estado-cooperativa en varios sistemas políticos. Otros autores como Chaves-Ávila & Monzón-Campos (2018); Irezabal-Vilaclara (2022) y Rodríguez-Musa (2012), aportan otros elementos más actuales a esa relación, en sistemas políticos e ideologías y con sus particularidades en la práctica.
De este análisis se deriva que existen tres tipos de Estados en relación con la atención que brindan a la cooperativa. El Estado liberal[1] se inmiscuye lo menos posible en la vida económica del país, su acción se limita apenas a la mediación en conflictos y, por ende, la cooperativa coexiste en igualdad de condiciones que las empresas capitalistas, en ese mercado. En este sentido adopta una actitud indiferente hacia la cooperativa, ya que no impide su desarrollo, pero tampoco lo promueve, o sea, no la reconoce como un actor económico distinto, no desarrolla legislaciones específicas para ellas, ni estructuras de gobierno que las atiendan. Asume la actitud adoptada por el Estado en los inicios fundacionales de las cooperativas.
Por su parte, el Estado socialdemócrata[2] manifiesta compromiso por sostener un sistema de seguridad social con garantías y con una intervención positiva y activa en la vida económica del país. En este sentido adopta una actitud favorable hacia la cooperativa, ya que la reconoce como un actor económico-social importante y equilibrador, por lo que desarrolla legislaciones y estructuras de gobierno que las atiendan, políticas para la enseñanza del cooperativismo, entre otras.
Por último, en el Estado socialista[3], donde la economía está regulada por el Estado a través de una planificación centralizada, un sistema de control e intervención muy amplio en todas las instituciones de la sociedad. En este sentido se ejerce una actitud de control sobre los actores económicos, incluida la cooperativa, aunque reconoce y respeta, parcialmente, la iniciativa individual y la libre asociación.
De acuerdo con la mayoría de las concepciones sobre el cooperativismo, se alude a una independencia del Estado. La cooperativa se basa en la acción autónoma de los integrantes, según exponen Colón-Morales (2021); Giráldez-Reyes, & Díaz-Pérez (2020) y Fici (2021), con énfasis dentro de los límites de una identidad cooperativa, pero ajena totalmente al Estado. Coexisten criterios divergentes, por ejemplo, Chaves-Ávila & Monzón-Campos (2018) y Lara-Gómez (2020) defienden la implicación del Estado, sobre todo para el apoyo financiero. Bajo este enfoque se promueven las ideas de que las subvenciones estatales son necesarias, pero solo para contrarrestar las dificultades en los comienzos. Se coincide en que la autonomía del movimiento cooperativo, de todos modos, no debe ser limitada en medida alguna, aunque la práctica cotidiana sea otra.
Resultan más categóricos Arnáez-Arce (2020) y Bellato-Kaluf (2021) al considerar el desarrollo de la actividad cooperativa vinculada al Estado como ente regulador, que facilita o limita su desarrollo y difusión a través de sus mecanismos de regulación. Acorde a Rabaza, Remón & Rivero (2021), la mejor ayuda que ofrece el Estado a las cooperativas consiste en propiciar un ambiente adecuado para su desarrollo, tanto en el plano material como en el social, pues las cooperativas son pilares para consolidar el desarrollo local.
De acuerdo con lo anterior, se infiere que el Estado debe garantizar instituciones que establezcan una adecuada política y estructuras que logren operacionalizar esas políticas, que de manera armónica contemple los intereses de las cooperativas y sus integrantes, con los intereses de la economía nacional en su conjunto. Merece particular señalamiento que el Estado debe promover una política fiscal que facilite y apoye la gestión de la cooperativa, creando relaciones positivas para el fomento y crecimiento de estas. Igualmente, se considera válido establecer un marco legal que permita el control estatal necesario, sin invadir la autonomía de las cooperativas y que se oriente hacia la satisfacción de sus necesidades. Un Estado promotor de las cooperativas se acompaña de una ley marco para el sector cooperativo, que contemple sus especificidades y les oriente a desempeñarse bajo los principios de autogestión (Irezabal-Vilaclara, 2022).
A pesar de que las cooperativas constituyen organizaciones con aportaciones económico-sociales significativas para las comunidades, en opinión de Giráldez-Reyes & Díaz-Pérez (2020), se evidencian carencias en las normas jurídicas, sobre todo en el otorgamiento de créditos y la formulación de estrategias para la asignación de financiamiento. En ese mismo orden de ideas, Colón-Morales (2021) alerta que la influencia del Estado sobre el desarrollo cooperativo puede desviarse hacia un intervencionismo indebido, que perjudique la autogestión de este tipo de organizaciones, por lo que es preciso establecer canales de retroalimentación constante.
La relación Estado-cooperativa debe sustentarse en un apoyo mutuo que involucre a las instituciones públicas en el desarrollo del movimiento cooperativo. En ese orden de pensamiento, Buendía-Martínez, & Carrasco-Monteagudo, (2015) plantean que el desinterés por discutir la regulación del movimiento cooperativo revela brechas en esa relación y que influye en el debilitamiento de la promoción y apoyo a este tipo de organizaciones. Se aboga por un reforzamiento de dicha relación dada la flexibilidad de las cooperativas ante las crisis económicas y su rol protagónico en el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Sostienen además que las barreras burocráticas ejercen un efecto negativo en la actividad cooperativa y que, por otro lado, la política fiscal constituye un instrumento de fomento de estas.
La legislación sobre Cooperativas en cada país debe reconocer los principios cooperativos como elementos distintivos de estas, en criterio de Colón-Morales (2021) y Cracogna (2023), quienes además hacen hincapié en que se destierre la condición de trabajadores asalariados y cualquier otro elemento inherente al sistema de explotación laboral. Por el contrario, debe fomentarse la asociación libre y democrática de trabajadores, en empresas productivas gestionadas por estos.
Luego de analizados los diferentes criterios sobre las relaciones Estado-cooperativa y sus manifestaciones, a continuación, se proponen las acciones que el Estado debe implantar para el fomento de la cooperativa. Las mismas deben estar en el orden legislativo, instituciones de gobierno, financiero-fiscal, técnico-asistencial y educativo-formación.
1) Legislación cooperativa: definir con precisión lo que es una cooperativa, su identidad cooperativa —valores y principios—, en el contexto de cada país y diferenciarla de otras sociedades; civiles, mercantiles u otras similares.
2)Instituciones de gobierno: conformar instituciones y estructuras en los distintos niveles de gobierno para la atención a las cooperativas, así como la coordinación entre todos los actores relacionados con estas. Estas estructuras difieren en los países, según sea el tipo de relación. La máxima estructura son los ministerios o secretarías, luego otras de mediano alcance como, instituciones o departamentos, dentro de los ministerios de Economías y en el menor de los casos, estructuras más simples.
3)Financiero-fiscal: legislar en materia financiera y fiscal, que sea coherente con la naturaleza de la cooperativa y su rol en la economía de cada país. Este tipo de ayuda debe estar relacionada con el otorgamiento de subvenciones y créditos suficientes a intereses razonables, algunas ventajas tributarias y arancelarias y concesión de asistencias técnicas en estos temas.
4)Técnico-asistencial: articular los apoyos en el proceso de institucionalización[4], los cuales pueden ir desde una información básica, pasando por asesoramiento sobre organización, planificación, administración y control empresarial, con instructores y monitores preparados especialmente para esta tarea, hasta la figura de Incubadoras de cooperativas que abarcaría el servicio completo.
5)Educación y formación cooperativa: realizar trabajos de educación, sobre todo en la etapa inicial y expansión del movimiento cooperativo a nivel de país. De igual manera, acometer labores de formación a través de centros de enseñanza formal, incluida la Universidad y otros centros de enseñanza no formales, como pueden ser ONG. Estas acciones deben estar alineadas a la instrucción en materia legislativa, económica, financiera, tributaria y técnico-asistencial.
Financiamiento y capacitación técnica para las cooperativas.
El financiamiento y la capacitación técnica que están estrechamente vinculadas con el grado de institucionalización de las cooperativas. En el caso del financiamiento, las acciones de apoyos están relacionadas en dos vertientes: una en materia financiera, hacia el otorgamiento de subvenciones y créditos, y la otra en materia fiscal, hacia las ventajas tributarias y arancelarias. Se sostiene por parte de Lara-Gómez (2020) que una limitación inherente a las cooperativas por su naturaleza es precisamente la captación de recursos financieros. De ahí que los marcos regulatorios nacionales deban enfocarse en minimizar estas limitaciones.
En el caso de la Capacitación técnica, como se señaló anteriormente, las acciones de apoyos están relacionadas con el asesoramiento sobre gestión—organización, planificación, administración y control empresarial— hasta la figura de Incubadoras de cooperativas que abarcaría el servicio de instrucción y acompañamiento, en un período razonable.
La capacitación es un elemento clave en el desarrollo y supervivencia de las cooperativas, en criterio de Cracogna (2020) y Jorge-Coto & Rivera (2021), ya que afectan su nivel de competencia respecto al mercado donde se sitúan. No por gusto constituye un principio cooperativo desde sus mismos orígenes y a lo largo de su historia, pero por otro lado existe controversia o no resulta lo suficientemente esclarecedor desde las legislaciones, la operacionalización de este y que se materialicen acciones concretas en su práctica cotidiana.
Ambas dimensiones de análisis, —financiamiento y capacitación técnica—, contienen una relación directa entre ellas según Jorge-Coto & Rivera (2021), quienes expresan que la capacitación técnica de las cooperativas no puede observarse desligada del acceso al financiamiento, porque la primera constituye la base para gestionar asertivamente los recursos financieros. No obstante, Guzmán-Alfonso, Barroso-González, & Santos-Cumplido (2016) sostienen en un modelo teórico de enlace, que el desarrollo económico de las cooperativas depende en gran medida del grado de institucionalización que posean estas. Así, el acceso al financiamiento y la capacitación técnica constituyen variables endógenas del proceso de institucionalización.
Por su parte, Arnáez-Arce (2020); Colón-Morales (2021); Lara-Gómez (2020); Mero-Villamar, Herrera-Valdivieso & Vera-Banegas (2019) coinciden en que la institucionalización gradual y progresiva de las cooperativas es la que modula el acceso al financiamiento y la capacitación técnica de estas. Se precisa señalar que la capacitación técnica influye en la proyección de la cooperativa hacia el ecosistema empresarial y en su interacción con este (Buendía-Martínez, & Carrasco-Monteagudo, 2015; Giráldez-Reyes & Díaz-Pérez, 2020).
De lo anterior se desprende que se hace necesaria la búsqueda más eficaz de fuentes de financiamiento. Se considera que el enlace efectivo de la capacitación técnica y el acceso al financiamiento, influyen en el grado de institucionalización de las cooperativas, aunque coexisten los criterios de Trejos-Salazar et al. (2020) y Marín-de León et al. (2021), quienes omiten su vínculo con el marco legal y regulatorio asociado al cooperativismo y su impacto en la institucionalización de estas.
Estas dimensiones de análisis —financiamiento y capacitación técnica— se relacionan con las posturas ideológicas que rigen los Estados y se puede sintetizar entonces que, en el Estado liberal, el cual adopta una actitud indiferente hacia la cooperativa, se presume que no desarrollen legislaciones que beneficien de manera particular a las cooperativas, en materia financiera y fiscal, por lo que debe competir en el mercado en igual condiciones que las empresas y actores económicos. Con esa actitud, se preserva el principio de autonomía e independencia de la cooperativa.
En este caso, los actores para el financiamiento de las cooperativas serán la banca privada, por lo que las subvenciones y créditos, estarán sujetos al mercado. Asimismo, lo relacionado con los tributos y aranceles. Cuestión que demanda estrategias alternas para buscar financiamiento en otras fuentes y modalidades, no siempre en las cantidades que se necesitan. Esta situación condiciona el cumplimiento de los principios cooperativos como, la participación económica de los miembros y la autonomía e independencia.
De igual manera, sucede con la capacitación técnica, donde el Estado no favorece apoyos en el proceso de institucionalización. Los actores que intervienen en la capacitación están relacionados con el mercado y el capital privado, como son los casos de empresas consultoras, instituciones educacionales —incluidas las universidades—, incubadoras, entre otros. Esta situación obliga a las cooperativas a potenciar el principio educación, formación e información; son ellas mismas las que deben empoderarse, aunque no siempre lo logran.
En el Estado socialdemócrata, con actitud favorable hacia la cooperativa, se presume que desarrollen legislaciones en materia financiera y fiscal. Se fomenta el otorgamiento de subvenciones y créditos de manera particular a estas, así como algunas ventajas tributarias y arancelarias, para favorecer su introducción al mercado y garantizar cierta sostenibilidad en el tiempo.
Con esa actitud, se compromete a medias la autonomía e independencia de la cooperativa. En este caso, los actores para el financiamiento de las cooperativas serán diversos, donde confluyen los inversores de capital público y privado, con diversidad de fuentes y modalidades. El Estado es un importante inversor a la par de la Banca privada, y lo cual genera un equilibrio que redunda en el respeto a los principios cooperativos, dentro de cierta flexibilidad. De igual manera sucede con la capacitación técnica, donde el Estado favorece el proceso de institucionalización, mediante la generación de políticas y estructuras para la enseñanza del cooperativismo, desde los sistemas de educación formal, en alianzas con otros actores como ONG, sociedad civil, entre otros.
En el Estado socialista, se adopta una actitud de control sobre la cooperativa, aunque reconoce y respeta parcialmente el principio de adhesión voluntaria y abierta. Se presume que legisla, de manera puntual, los tipos de cooperativas, sectores a desarrollar, relaciones a tener con el Estado y sus instituciones. Con esa actitud, se compromete el principio de autonomía e independencia de la cooperativa.
En este caso, los actores para el financiamiento de las cooperativas serán mayoritarios, por la banca estatal y en menor medida de otros actores, como la iniciativa privada, entre otros. En el caso del Estado como inversor, otorga financiamiento bajo sus condiciones y donde indique desarrollar el sector cooperativo. Se arroja el derecho de facilitar o no, subvenciones y créditos, así como algunas ventajas tributarias y arancelarias. Y también ejerce control sobre los demás inversores en esos mismos términos. Esta situación obliga a las cooperativas a aprovechar el entorno político para su institucionalización y estar sujetas a los designios del Estado, en cuanto a su desarrollo futuro. También se ponen en riesgo varios principios como el control democrático y la participación económica de los miembros. De igual manera sucede con la capacitación técnica, donde el Estado mantiene el mismo control y facilita el proceso a través de sus instituciones públicas, sociedad civil pro-estado y a discreción, permite a otros actores participar en el proceso de capacitación, bajo su supervisión. Esta situación obliga a las cooperativas a aprovechar esos espacios y potenciar el principio de la educación y formación cooperativa.
Para sintetizar esta investigación, los resultados del World Cooperative Monitor 2023 en el ranking de las primeras 300 cooperativas mejor clasificadas, validan la propuesta de los autores, donde los Estados liberales y socialdemócratas muestran un notable desarrollo en el ámbito cooperativo, países como Estados Unidos de América, Francia, Alemania, Países bajos, Italia, Dinamarca, Finlandia, tienen varias cooperativas que destacan tanto por su impacto económico como social.
Contrario a la carencia que revelan países con ecosistema socialista, que no presentan ninguna cooperativa dentro de ese ranking. Países como China y Vietnam, socialista y con apertura al mercado y a pesar de su gran población y potencial económico, no están presentes en esta lista de excelencia cooperativa. Así mismo Rusia y los países exsocialistas de Europa del este, no están presentes en la lista, excepto Polonia, lo que corrobora el rezago en la dinámica cooperativa derivado del control excesivo por parte del Estado. Tema para análisis más profundos en el futuro.
Es lamentable que África no aporte significativamente al ranking de las 300 mejores cooperativas, con excepciones mínimas en general y ni siquiera Sudáfrica, una de las economías más desarrolladas del continente y miembro activo de los BRICS [5]. Que llamado a colación, este grupo de países emergentes, es integrado por países desarrollados como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sumados en 2023, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. De los 10 países, solo Brasil e India, están presentes en el ranking de las primeras 300 cooperativas mejor clasificadas. Esta realidad nos pone a reflexionar en cuales serían las formas de organizaciones económicas que esos países fomentan, para hacerle frente a la propuesta del G7 [6], tema para investigaciones futuras y que resalta las disparidades regionales en el desarrollo del sector cooperativo a nivel global.
Tabla 1.1.
Diez de las cooperativas con mayor ranking en el World Cooperative Monitor 2023, Top 300 ranking según países y zonas geográficas por su impacto económico y social.
|
Zona Geográfica |
País |
Cooperativa |
Impacto |
|
|
Económico |
Social |
|||
|
Europa |
Francia |
Groupe Crédit Agricole |
5 |
5 |
|
Europa |
Francia |
Groupe BPCE |
5 |
5 |
|
Europa |
Alemania |
REWE |
5 |
5 |
|
Europa |
Italia |
Coop Italia |
5 |
5 |
|
Europa |
Italia |
Conad |
4 |
4 |
|
América del Norte |
EE. UU. |
National Co+op Grocers |
4 |
4 |
|
América del Norte |
Canadá |
Desjardins Group |
4 |
4 |
|
Asia |
India |
Indian Farmers Fertiliser Cooperative |
4 |
4 |
|
América Latina |
Brasil |
Cooperativa Central Aurora Alimentos |
3 |
4 |
|
América Latina |
Argentina |
Sancor Seguros |
3 |
4 |
Fuente: a4_executive_summary_3_1.pdf (ica.coop)
Estos hallazgos subrayan la importancia del ecosistema económico, político y social que rodea el emprendimiento, en este caso, en modo cooperativo (Guilarte-Barinaga et al., 2023). La existencia de un entorno favorable, especialmente en las dimensiones analizadas, que involucran al Estado y sus voluntades, así como el desarrollo de instituciones y mecanismos que apoyen la financiación y la capacitación técnica, parecen ser cruciales para el éxito de las cooperativas.
Finalmente, esta lista ampliada de cooperativas mejor clasificadas por zona geográfica (tabla 1.1.), aunque no exhaustiva, ofrece una visión detallada de la diversidad y el impacto de las cooperativas en diferentes regiones del mundo. Refleja cómo ciertos entornos socioeconómicos permiten prosperar a las cooperativas, enfatizando la necesidad de políticas integrales que fomenten su desarrollo.
En América Latina, aunque existen ejemplos destacados como la Cooperativa Central Aurora Alimentos en Brasil y Sancor Seguros en Argentina, la representación en el ranking de las 300 mejores cooperativas es limitada. Estas cooperativas muestran un impacto económico y social significativo, pero el desarrollo del sector cooperativo en la región enfrenta desafíos debido a las variaciones en el apoyo estatal, la infraestructura educativa y las condiciones socioeconómicas en general. A pesar de estos obstáculos, el potencial de las cooperativas en América Latina es considerable, y con el apoyo adecuado, pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo económico y social de sus localidades.
Algunos de los aspectos que determinan la relación Estado-cooperativa se sustentan en el crecimiento económico, la sostenibilidad financiera, la autonomía operativa, la calidad de la capacitación, diversificación de actividades, enfoque educativo y participación de sus miembros. Un resumen se puede apreciar en la tabla 1.2.
Tabla 1.2.
Comparación de parámetros de la relación Estado-cooperativa en los diferentes tipos de Estados.
|
Parámetro |
Enfoque Liberal |
Enfoque Regulado |
|
Crecimiento Económico |
Las cooperativas prosperan con mayor libertad económica y acceso a financiamiento |
La intervención excesiva limita el crecimiento económico de las cooperativas |
|
Innovación |
Las cooperativas pueden innovar más fácilmente y adaptarse a nuevas tecnologías |
La burocracia y la regulación estricta dificultan la innovación dentro de las cooperativas |
|
Sostenibilidad Financiera |
Mayor acceso a mercados y financiación privada |
Dependencia de subsidios y financiamiento estatal insuficientes |
|
Autonomía operativa |
Las cooperativas tienen mayor autonomía en la toma de decisiones |
La intervención estatal reduce la capacidad de autogestión |
|
Participación de Miembros |
Mayor involucramiento y participación de los miembros debido a un entorno favorable |
La intervención estatal puede desalentar la participación activa |
|
Calidad de capacitación |
Acceso a programas de capacitación diversificados y adaptados a las necesidades del mercado |
La capacitación suele ser homogénea y menos adaptada a las necesidades específicas |
|
Impacto Social |
Las cooperativas contribuyen significativamente al bienestar comunitario |
La intervención excesiva limita el impacto social positivo |
|
Diversificación de Actividades |
Las cooperativas pueden explorar y expandirse en múltiples sectores |
Las restricciones y regulaciones limitan la diversificación económica |
|
Enfoque Educativo |
Sistemas educativos que fomentan el emprendimiento y la formación cooperativa |
Sistemas educativos centralizados que no promueven la formación en cooperativismo |
CONCLUSIONES.
La relación Estado-Cooperativa fue y es objeto de debate desde el nacimiento de la sociedad cooperativa y hasta nuestros días. En esta se involucran directamente los asociados y los actores políticos, y más contemporáneo, se incorporaron académicos y otras partes interesadas. El dilema fundamental en este debate es si se tiene que preservar la autonomía e independencia de las cooperativas, o no y con ellos la defensa a ultranza, como en los inicios fundacionales en el siglo XIX, que no se permita influencia de ningún tipo, ni por ningún ente externo a la cooperativa. Pero en el siglo XXI las condiciones y el entorno que dieron origen a la cooperativa han cambiado y con ello se han diversificado la manera de manifestarse.
En el desarrollo de la presente investigación se concuerda con la corriente que defiende el nivel medio de interferencia del Estado hacia las cooperativas porque permite lograr un desarrollo concatenado de la cooperativa que basa sus interrelaciones sinérgicas con el Estado. No obstante, el debate acerca de la relación entre el Estado y las cooperativas es una constante, tanto en la teoría como en la práctica.
Se coincide en que tanto el financiamiento como la capacitación técnica constituyen pilares fundamentales, para que las cooperativas satisfagan las necesidades elementales que les dieron origen. Por un lado, en el liberalismo las cooperativas nacen como respuesta de los desposeídos a las aberrantes formas de explotación, en el socialismo emergen como una parte más de la economía centralizada, en su ideario de igualdad y solidaridad. En ambos extremos se desarrollan formas cooperativas similares a esos preceptos ideológicos, que las hacen heterogéneas y multidimensional, donde la identidad cooperativa se adapta al entorno que la rodea, para cumplir su cometido económico y social.
La intervención estatal no puede limitarse a neutralizar fallas del mercado, sino que, por el contrario, por orden constitucional, se le da al Estado el deber de apoyar e incentivar la forma económica cooperativa para brindar a los ciudadanos una herramienta más para participar en la libre competencia. De esta manera, se garantiza, como derecho significativo, que el ciudadano tenga la posibilidad de salir de la hipo-suficiencia y convertirse en agente en el ámbito de la libre competencia, actuando así también para obtener el bienestar social común.
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